La petición de Estados Unidos para detener con fines de extradición a Rubén Rocha Moya y a otras personas ha mantenido la polarización en la discusión pública. Desde el gobierno y Morena se habla de soberanía, intromisión extranjera, falta de pruebas y persecución política. Desde la oposición se celebra que Estados Unidos investigue lo que México no quiso o no pudo investigar.
En medio de esa disputa se pierde lo más importante: las fiscalías son el corazón de la impunidad porque no se construyeron como instituciones autónomas, profesionales y capaces de investigar. Lo que es peor, las víctimas quedan atrapadas en ese fracaso institucional.
En Sinaloa no sólo hay una controversia política. Hay asesinatos, desapariciones, amenazas, extorsiones, miedo cotidiano y testimonios sobre la participación del crimen organizado en la vida pública y electoral del estado. Hay investigaciones periodísticas y relatos ciudadanos que apuntan a una convivencia cada vez más evidente entre criminales y políticos. Lo que no se llevó a cabo fue una investigación mexicana seria, oportuna y creíble.
Estados Unidos investigará lo que convenga a sus intereses: drogas que cruzan su frontera, dinero que circula en su sistema financiero, redes criminales que amenazan su seguridad. Lo que no hará es reconstruir fiscalías mexicanas; no va a profesionalizar ministerios públicos; ni va a fortalecer servicios periciales, ni a crear policías de investigación confiables. Tampoco va a garantizar justicia para las víctimas de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz o cualquier otra entidad capturada por el miedo.
Eso también le corresponde a nuestro gobierno y ha fallado. El problema no es sólo que otros países investiguen, el problema es que las fiscalías son incapaces, están rebasadas y muchas veces subordinadas al poder político.
El estudio de Causa en Común sobre fiscalías muestra el tamaño del desastre. Al cierre de 2024, acumulaban más de 2.1 millones de carpetas pendientes de concluir (si se suman las iniciadas durante 2025, el total asciende a 4.7 millones). Cada ministerio público atendió en promedio 258 carpetas simultáneamente y algunos hasta 896 (Jalisco), lo cual es humanamente imposible.
Detrás de esos datos hay personas. Una madre que denuncia la desaparición de su hijo y nunca obtiene respuesta. Una familia que sabe quién extorsiona su negocio, pero teme denunciar. Una víctima atrapada entre trámites e indiferencia. Un ciudadano asesinado cuya carpeta se acumula en un escritorio. Una comunidad desplazada que sabe quién la amenaza, pero también sabe que las autoridades no harán nada.
La impunidad no empieza necesariamente cuando un juez libera a alguien. Muchas veces empieza antes: cuando una fiscalía no recibe bien una denuncia, cuando no investiga, cuando archiva una carpeta, cuando no procesa evidencia o cuando no persigue redes criminales porque esas redes ya tocaron al poder.
Por eso la discusión sobre soberanía es incompleta si no se habla de justicia. Sí, ningún país debería sustituir a las instituciones mexicanas, pero tampoco podemos usar la soberanía como refugio de la impunidad. La soberanía no se defiende con discursos contra Estados Unidos; se defiende con fiscalías capaces de investigar a criminales, empresarios, funcionarios y políticos, cuando existen indicios de complicidad.
El caso de Sinaloa tendría que obligarnos a mirar más allá de Rocha Moya y de la diferencia de visión entre ambos gobiernos. Obligarnos a preguntar ¿por qué México no investigó antes lo que tantas víctimas ya sabían, padecían o denunciaban? ¿Por qué nuestras fiscalías siguen siendo tan débiles frente al poder criminal y tan útiles frente al poder político?
Mientras eso no cambie, cada caso que avance fuera del país será también una confesión de nuestro fracaso institucional. Sí, Estados Unidos podrá investigar lo que le convenga, pero sólo México puede hacerse cargo de sus víctimas. Y hoy, para millones de ellas, la justicia mexicana es una promesa vacía.