Desde hace un tiempo, México discute si Estados Unidos violó nuestra soberanía al detener a Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, habría que analizarse si se está discutiendo o no un concepto de soberanía equivocado. La conversación pública se ha concentrado en el operativo, en el papel del FBI, en el avión, en el exembajador Ken Salazar y en las tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Son temas relevantes, ya que ningún Estado democrático debería minimizar la actuación de otro gobierno dentro de su territorio. No obstante, reducir la discusión a ese punto deja fuera una pregunta más importante: ¿qué soberanía ejercía el gobierno de México cuando uno de los criminales más poderosos del continente vivió durante décadas fuera de su alcance o, incluso, como su cómplice?
La autoridad del Estado se ejerce dentro del territorio. Por tanto, la mayor amenaza para la soberanía mexicana no llegó en un avión desde Estados Unidos, sino que está instalada dentro del país desde hace mucho tiempo.
La capacidad de gobernar se fue debilitando bajo administraciones de distintos partidos; sin embargo, durante el sexenio de López Obrador se extendió y profundizó aún más. Hoy el crimen organizado controla territorios, cobra extorsiones en buena parte del país, incluida la propia Ciudad de México, decide quién puede producir o comerciar, desplaza comunidades, infiltra policías, captura gobiernos e impone el miedo como autoridad cotidiana. También desaparece personas que el Estado no protegió, no busca y no les garantiza justicia.
El crimen organizado dejó de ser sólo una estructura delictiva para sustituir, en cada vez más regiones, funciones propias del Estado. El caso del Mayo Zambada no explica esa pérdida de soberanía: la exhibe.
Durante décadas fue señalado como jefe histórico del Cártel de Sinaloa. Sobrevivió a gobiernos de todos los partidos y, sin embargo, nunca fue detenido por el Estado mexicano. Ese solo hecho debería obligarnos a una reflexión nacional.
¿Por qué México nunca lo capturó? ¿Qué redes de protección, omisiones, complicidades o incapacidades permitieron que uno de los criminales más buscados del mundo viviera durante años sin pisar una cárcel mexicana? ¿Qué dice eso de nuestros gobiernos civiles y de las Fuerzas Armadas?
Además, hay otra pregunta que hoy también debe hacerse: ¿por qué, después de su captura, el gobierno ha concentrado tanta energía política en pedir cuentas a Estados Unidos y cerrar filas con Rubén Rocha Moya frente a los señalamientos surgidos a partir de ese episodio? No se trata de condenar a nadie sin pruebas; se trata de exigir que los hechos se esclarezcan. La responsabilidad de un gobierno democrático no es defender políticamente a los funcionarios señalados, sino investigarlos con plena independencia y transparencia.
Sheinbaum no originó este problema, pero hoy encabeza el Estado mexicano; eso implica mucho más que administrar la narrativa, confrontar a Washington o denunciar agravios diplomáticos. Implica recuperar la capacidad de hacer cumplir la ley donde el crimen se volvió autoridad de facto.
Un país no pierde su soberanía únicamente cuando otro gobierno actúa dentro de sus fronteras. La pierde principalmente cuando sus ciudadanos viven con miedo, cuando un comerciante paga derecho de piso para sobrevivir, cuando una familia abandona su casa por amenazas, cuando una madre busca a su hijo bajo la tierra o cuando un capo deja de temerle al Estado.
La autoridad del Estado tampoco se defiende con discursos de confrontación con otros gobiernos. Se defiende, en primer lugar, protegiendo a la población, recuperando territorios, investigando a sus propios funcionarios y rompiendo redes de protección criminal. Mientras eso no ocurra, podremos seguir discutiendo si Estados Unidos violó la soberanía mexicana al capturar al Mayo Zambada. Pero seguiremos sin responder lo más importante: ¿cómo lograremos que el crimen organizado deje de arrebatarle al Estado su soberanía?
Presidenta de Causa en Común