Al menos desde hace cuatro años en México existen indicios de que el hoy gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, podría tener vínculos con un grupo criminal, el Cártel de Sinaloa, que es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán (preso en Estados Unidos), sus hijos agrupados en lo que se conoce como Los Chapitos, y que en el origen también incluía a Ismael “El Mayo” Zambada (recluido en Estados Unidos), así como a la facción que hoy es denominada La Mayiza.
Nadie en Morena puede decir en estas horas que yace sorprendido, o que se encuentra estupefacta. Ciertas o falsas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sabía de esas versiones y la entonces Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba al tanto. Mario Delgado, ex líder del partido en el poder, también fue informado de esas imputaciones. Su sucesora, Luisa María Alcalde, que es una mujer empoderada, igualmente estaba al corriente, lo mismo que su Secretario de Organización en el partido guinda, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, quien a pesar de que presuntamente había leído las acusaciones contra Rocha Moya en una ficha de inteligencia del gobierno federal desde octubre de 2024, cuatro meses después, el 15 de febrero de 2025, viajó a Sinaloa y entregó en mano al gobernador Rocha Moya la credencial que lo acreditaba… como flamante miembro de Morena.
Cero prudencia de todas y todos. Cero distancia. Cero alejamiento. Oídos sordos, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional había hecho trabajo de inteligencia y, en al menos un informe, asentaba que en Sinaloa había acusaciones contra Rocha Moya por su presunta cercanía y supuestos acuerdos con criminales desde la campaña electoral que lo llevó al poder en 2021. Así las cosas, no creyeron los alegatos contra el gobernador oriundo de Badiraguato, ese municipio que es legendario como epicentro de la siembra y distribución de drogas en Sinaloa. Pero la política es despiadada, no es asunto de creencias. No es religión. La política es oficio de datos duros y percepciones. Ahí donde hay señales, pistas, rastros, huellas, olores (esto huele mal) y puede haber indicios (esto se ve mal y pinta del carajo), uno no tiene amistades. No debe tenerlas. Y si las tiene, hay que cortarlas, romper pactos de complicidad. Si eres político o política y hay suficientes sospechas que te permiten dudar o inclusive inferir, te alejas. Es eso rato que llaman principios. Quien se dedica a la política tiene que agudizar su capacidad de deducir algo o sacarlo como conclusión. Si no sabes colegir y argüir, dedícate a otra cosa porque entonces siempre podrías estar cerca de corruptos, acosadores y violentadores de mujeres y criminales y tú, al menos por omisión y cobardía, serás cómplice.
¿Qué alegaban en el círculo cercano de AMLO? El cuento de siempre ante cualquier incomodad: que se trataba de falacias esparcidas por los conservadores, mentiras de la mafia del poder, trama de neoliberales, conjuras de halcones gringos. ¿Qué hizo el expresidente en el verano del 2024, cuando ya se iba del poder? Seguir defendiendo a Rocha Moya. ¿En esos días qué hizo, desgraciadamente, la presidenta electa? Lo mismo, creer en el imputado y defenderlo. ¿Tenía opción? Sí, pero no, porque eso le hubiera implicado distanciarse radicalmente del gobernador y en ese momento esa actitud de coherencia mínima (o al menos prudencia) se hubiera interpretado como un desafío al todavía presidente, lo que hubiera desembocado en un cisma en la 4T, un rompimiento brutal con quien la ungió.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya de conspirar con el Cártel de Sinaloa para mandar grandes cantidades de narcóticos (fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína) a Estados Unidos a cambio de apoyos políticos (electorales) y dinero junto al hoy senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros funcionarios, incluidos fiscales y policías, quienes incluso habrían secuestrado y asesinado al menos a una persona que era fuente de información de la DEA. No dice el expediente que Rocha Moya directamente traficara las drogas, sino que su gobierno ha permitido y protegido las operaciones de tráfico, y peor, que ha traicionado al Estado mexicano por entregar a capos información sensible de seguridad.
Estados Unidos ha pedido la detención de él. Luego querrá su extradición. Tendrá que entregar pruebas a la FGR, tal como lo hizo en los casos de 94 reos que ya les fueron extraditados por el gobierno de Sheinbaum. Ahí es cuando la FGR y la Presidenta estarán en problemas: si las pruebas son al menos iguales que las de El Chapo cuando fue extraditado, o las de Genero García Luna cuando fue capturado, ella tendría que pedir el desafuero de Rocha y la FGR su detención, y luego México debería entregar al que podría ser el narco Recluso 95, o el energúmeno de la Casa Blanca vociferará que Sheinbaum es cómplice de los cárteles terroristas y la exhibirá.
Y ante esto último, entendiendo que el tipo en Washington D.C. parece realmente estar mal de su juicio, no es imposible que como en el caso de Maduro en Venezuela un comando gringo vaya por Rocha Moya. Ante Trump, el de Badiraguato ya es, al menos por ahora, su Maduro mexicano, aunque si se lo niegan y él lo necesita para desviar la atención de los casos de pederastia y prostitución insertos en los archivos Epstein, podría ir por otro pez más jugoso, como el que anda por allá no tan lejos, en La Chingada. Eso, como de película chafa de Hollywood, es lo que en el extremo temen que ocurra algunas personas en la Cancillería: imagine usted a AMLO preso en Estados Unidos. Vaya escándalo, vaya sacudida institucional, vaya resquebrajamiento del actual régimen.
Esa es una crisis que la Presidenta no se puede permitir. Mejor que revise minuciosamente las imputaciones y luego las pruebas del expediente expuesto ante el Tribunal de Distrito Sur en Nueva York por el fiscal Jay Clayton contra el gobernador de Sinaloa, y las que mande adicionalmente el Departamento de Justicia, y que apele a ella misma, cuando hace unas horas, al fijar un posicionamiento sobre el caso, dijo:
“Juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía general de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a Derecho bajo nuestra jurisdicción. Nosotros no vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”.
Pues eso, por más que en su oficina de Comunicación Social le digan que se enrolle en la bandera de la soberanía sin importar que con eso arrastre al país a Numancia.
BAJO FONDO
Político que no escucha, no es político.
Político que se empecina sin argumentos, no es buen político.
Político con problemas de inseguridad en sí mismo, un mal político.
Político que confunde imposición con liderazgo, no es buen político: es sólo un jefe.
Político que se engolosina con el poder, político con problemas de alimentación intelectual.
Político que no acepta sus limitaciones, político mediocre.
Político que no delega, político ególatra.
Político miedoso, político intrascendente.
Político ocurrente, político chafa.
Político inmoral, político peligroso.
Decálogo de un agudo empresario y comunicador del siglo pasado que coleccionaba Quijotes. Un día les cuento de quién se trata.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta