En política, hay acusaciones que se desvanecen con el tiempo y hay otras que, por su gravedad, no pueden ignorarse. Lo que hoy enfrenta Morena, el gobernador Rubén Rocha Moya y su entorno político pertenece claramente a la segunda categoría. De acuerdo con investigaciones y señalamientos de autoridades de Estados Unidos, diversos dirigentes de Morena establecieron vínculos con el crimen organizado, incluyendo acuerdos que implicaban apoyo político a cambio de protección institucional. Estas acusaciones no son menores: se habla de conspiraciones para facilitar el tráfico de drogas, de financiamiento ilícito de campañas y de una presunta captura de estructuras gubernamentales por grupos criminales.
Como el PRI lo ha denunciado en instancias internacionales, los reportes de Estados Unidos apuntan a que el crimen organizado no solo financió campañas, sino que también intervino directamente en procesos electorales mediante intimidación y control territorial.
México no es ajeno a la violencia política. Estudios académicos han documentado cómo grupos criminales buscan influir en elecciones para capturar gobiernos locales y asegurar impunidad y control económico. Pero lo que hoy se discute rebasa el diagnóstico estructural: se trata de acusaciones concretas contra actores en el poder.
Desde la oposición, estas denuncias no son nuevas. Se ha insistido, desde procesos electorales anteriores en que hubo intervención criminal en campañas y en que estructuras políticas fueron sometidas mediante violencia. El caso de Sinaloa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando quienes deben combatir al crimen son señalados de haber llegado al poder con su ayuda?
El gobierno federal ha respondido poniendo en duda las pruebas y calificando los señalamientos como una posible injerencia extranjera. Es un argumento insuficiente frente a la exigencia ciudadana de claridad. Porque más allá del origen de las acusaciones, lo que está en juego es la confianza pública.
Y esa confianza no se construye con discursos, sino con investigaciones profundas, transparentes y creíbles.
Cuando el crimen organizado se infiltra en la política, las consecuencias no son abstractas. Se traducen en realidades concretas: policías capturadas o debilitadas, territorios donde la ley no se aplica, economías locales sometidas a extorsión, ciudadanía viviendo bajo miedo constante y, al final, quien paga el precio no es el político, sino la sociedad.
Porque cuando el poder público se vuelve rehén de intereses criminales, el Estado deja de proteger y empieza a administrar la violencia.
La pregunta de fondo es brutal pero necesaria: ¿qué puede esperar la ciudadanía de un proyecto político señalado de pactar con criminales?
La democracia tiene muchas fallas, pero hay una frontera que no puede cruzarse: la colusión entre política y crimen organizado. Cuando eso ocurre, ya no se trata de ideologías ni de partidos.
Se trata de la sobrevivencia del Estado de derecho. Y en ese terreno, no hay matices posibles: o se está del lado de la ley o se termina gobernando para quienes la destruyen.
Presidente Nacional del PRI