El gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su círculo cercano, incluyendo al alcalde de Culiacán y a un senador en funciones. Los delitos no son menores ni ambiguos; hablamos de narcotráfico, crimen organizado, conspiración y tráfico de armas.
En medio de ese expediente, entre asesinatos, sobornos, narconóminas y protección institucional, lo que está sobre la mesa es algo todavía más delicado: la captura de una elección mediante la convergencia entre un partido político y una organización criminal, y la posterior utilización del poder público como mecanismo de compensación.
Según la acusación estadounidense, antes de la elección estatal de 2021, Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Ahí, dice el documento, el cártel ofreció garantizar su triunfo. A cambio, Rocha Moya prometió abrir el gobierno de Sinaloa a funcionarios útiles para el narcotráfico.
Una lista con nombres y domicilios de opositores fue entregada al cártel para intimidarlos y sacarlos de la contienda. Vinieron los secuestros selectivos, amenazas sistemáticas y control territorial. El día de la elección, la violencia escaló. Se registró robo de urnas, presencia de personas armadas en casillas, llamadas de emergencia por intimidación y operadores privados de la libertad, mientras municipios completos permanecían bajo presión. Todo esto ocurrió con policías estatales instruidos para no intervenir, aun frente a delitos en flagrancia, y con agentes del Ministerio Público con la consigna de no procesar denuncias. No fue una suma de irregularidades, fue un mecanismo coordinado de intervención criminal.
Desde la oposición denunciamos todo. Se documentaron centros de votación vandalizados, paquetes robados, sustitución de funcionarios electorales y candidatos obligados a retirarse de la contienda. Lo calificamos como terrorismo electoral. Incluso llevamos la denuncia fuera del país y acudimos a la Organización de Estados Americanos para exhibir la injerencia del crimen organizado en las elecciones. No fue un fenómeno exclusivo de Sinaloa. Hubo patrones similares en Michoacán, en Sonora, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guerrero y en varios estados. El Tribunal Electoral aceptó que hubo violencia, que hubo intervención del crimen organizado y que existieron irregularidades graves, pero los magistrados concluyeron que no eran determinantes y que no alcanzaban para cambiar el resultado. Así, con esa lógica absurda, se normalizó lo inaceptable.
Hoy esa sentencia se desploma. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos habla de una operación coordinada para alterar el resultado electoral en Sinaloa. Describe a un cártel que no solo influyó, sino que operó la elección, y a Morena como beneficiario directo de esa intervención.
Después de la elección vino la contraprestación. Reuniones posteriores de Rocha Moya y su equipo con los mismos capos, acuerdos para entregar el control de la Policía Estatal, coordinación con funcionarios para proteger operaciones de narcotráfico y persecución de enemigos del cártel presentada como política de seguridad. Los Chapitos ayudaron a Morena a ganar Sinaloa y el hoy gobernador les pagó entregándoles el Estado.
Las denuncias de 2021 que fueron desestimadas hoy encajan como piezas de un mismo engranaje. Candidatos secuestrados, operadores desaparecidos, casillas tomadas y una autoridad deliberadamente ausente. Todo lo que López Obrador y Morena minimizaron y ridiculizaron aparece ahora documentado en una acusación penal internacional.
Aun así, Claudia Sheinbaum y su aparato propagandístico salen a exigir pruebas, como si no entendieran el proceso en el que están metidos. De acuerdo con el tratado bilateral, en esta etapa de la solicitud de extradición no se exige el desahogo pleno de pruebas. Lo que se solicita es la detención de los imputados. Después vendrá el periodo procesal para presentar la evidencia, con plazos claros. Y ahí no hay misterio, muchas de esas pruebas ya existen, están en denuncias, en expedientes y en testimonios que la propia autoridad electoral conoció en 2021. Es decir, lo que hoy presenta Estados Unidos es, en buena medida, lo mismo que se denunció en su momento y que López Obrador y Morena decidieron enterrar.
El cinismo no es nuevo. Después de la elección, López Obrador tuvo el descaro de agradecer a los criminales por haberse portado bien en la jornada electoral. Y tenía razón, pero no como él lo planteó. Se portaron muy bien con Morena. Operaron para Morena. Ayudaron a construir el resultado que los instaló en el poder.
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de Rubén Rocha Moya y su entorno. Es la credibilidad de todo un sistema que permitió que una elección se contaminara a este nivel y decidió no actuar. Es Morena, que llegó prometiendo regeneración y hoy aparece retratado como beneficiario de una operación criminal sin precedentes. Es Claudia Sheinbaum, que prefiere encubrir antes que explicar. Es López Obrador, que dejó sembrado un modelo donde el poder y el crimen dejaron de estorbarse y empezaron a coordinarse.
Sinaloa 2021 no fue una elección cualquiera. Fue el punto en el que la democracia dejó de ser una competencia entre partidos para convertirse en un ejercicio capturado por la coacción, cuando el voto dejó de ser libre, el resultado perdió legitimidad y el gobierno dejó de representar a la ciudadanía para responder a los intereses más oscuros.
Diputado federal