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La radiografía plasmada en la denuncia que la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) entregó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2021 no sólo relató una presunta “narcoelección” en Sinaloa para imponer en el gobierno a Rubén Rocha Moya: dicho modus operandi se replicó en seis estados más.
De acuerdo con el documento, en poder de EL UNIVERSAL, “la democracia mexicana fue arrollada por comandos armados”.
El informe señala un patrón de “operaciones quirúrgicas” por parte del crimen organizado que, al igual que en Sinaloa, habrían permitido el triunfo de las y los actuales gobernadores en Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, bajo un clima de terror y coacción, así como la victoria de Morena en la renovación de ayuntamientos tanto en el Estado de México como en Veracruz y Guanajuato.
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Michoacán
En Michoacán, donde hoy gobierna Alfredo Ramírez Bedolla, el documento describe una operación militar por parte de grupos delictivos. Según el testimonio de representantes de casilla en Múgica y Gabriel Zamora, hombres armados no sólo amenazaron a los funcionarios, sino que tomaron control físico de las actas.
“¿Quiénes, hijos de la chingada, son los representantes del PRD? Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD (…) Si valoran su vida, se largan”, amenazó uno de los tres hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, que el 6 de junio de 2021 tomaron control de las casillas 01 y básica, correspondientes a la Sección 1297 en el municipio de Múgica, en Michoacán.
Este modus operandi es el que la oposición utiliza para cuestionar la legitimidad del actual mandatario michoacano, sugiriendo que el crimen organizado despejó el camino y eliminó la competencia en zonas de Tierra Caliente.
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En otra cita textual, el informe narra: “Llegaron hombres armados, nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que ya sabíamos por quién se tenía que votar. Ellos mismos empezaron a marcar las boletas a favor de Morena y a meterlas en las urnas”.
Guerrero
El caso de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado Pineda, destaca por la violencia preventiva.
El documento entregado a la OEA subraya que la estructura criminal no sólo operó el día de la elección, sino que meses antes “limpió” la contienda.
Una cita clave del expediente refiere el secuestro de candidatos opositores: “A la candidata Marilú Martínez Núñez se la llevaron hombres armados. El mensaje fue claro para todos los demás: o se bajaban de la contienda o se atenían a las consecuencias”.
Advierte que en varios municipios como Taxco, la región de la Montaña y otros de Tierra Caliente, líderes criminales avisaron a la población que 72 horas antes de las elecciones del 6 de junio les harían saber por qué candidato tendrían que votar.
Les dijeron, también, que sicarios del cártel estarían apostados en las casillas de la zona, a fin de “verificar” que los habitantes cumplieran estas instrucciones.
El documento establece que la victoria en la entidad guerrerense fue producto de un territorio “pacificado” por la fuerza del narco.
“En Guerrero, simplemente se te acercan pacíficamente y te dan dos opciones, o te ‘bajas’ de la candidatura o te ‘bajan’, y ese ‘te bajan’ es que ‘te dan piso’ o, para decirlo de una forma clara, te asesinan”, dijo un candidato amenazado que prefirió retirarse de la contienda.
San Luis Potosí
A diferencia de otros estados donde se habla de “grupos armados genéricos”, en San Luis Potosí el informe apunta directamente al perfil del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.
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En el documento se mencionan sus antecedentes judiciales y señala que su campaña estuvo marcada por el flujo de recursos de procedencia ilícita.
Se sostiene que el gobernador llegó al poder bajo una sombra de investigaciones por lavado de dinero y presuntos vínculos con estructuras criminales, señalando que su caso es un ejemplo de cómo personajes con perfiles cuestionados por la propia autoridad federal —Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— fueron validados para competir y ganar.
“Una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada ante la Fiscalía General de la República vinculaba al entonces diputado federal del Partido Verde Ecologista con (...) la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la denuncia, el candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo se hallaba relacionado directamente con un grupo criminal”, indica el texto.
Estado de México
Aunque en 2021 no se renovó la gubernatura —que hoy ostenta Delfina Gómez Álvarez—, en el informe se advierte un “control territorial” presuntamente heredado por Morena.
Se narra el secuestro de Zudikey Rodríguez en Valle de Bravo como el ejemplo máximo de cómo el crimen decide quién compite.
“Me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y te ‘bajes’ de la campaña”, le dijo el secuestrador a la candidata.
Zudikey preguntó qué debía hacer para que no la asesinaran: “¿Quiere que me vaya del país?”.
Éste le respondió que le bastaba con que se encerrara en su casa hasta que el proceso electoral hubiera terminado. El grupo criminal instaló un cerco de vigilancia alrededor de la casa de la candidata, a fin de comprobar que esta orden se cumpliera.
Zudikey se replegó desde aquel día. Cerró su casa de campaña y canceló los eventos que ya tenía programados. El día de la elección, el triunfo favoreció a la candidata de Morena, Michelle Núñez, por 333 votos.
Veracruz y Guanajuato
En Veracruz, bajo la administración de Cuitláhuac García, el informe de la OEA registra la cifra más alta de violencia política: 51 eventos de gravedad.
Se destaca el asesinato de René Tovar, en Cazones de Herrera, horas antes de la elección. En el documento se sugiere que el gobierno estatal fue “omiso deliberadamente” ante los ataques a la oposición.
En Guanajuato, el caso de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) es presentado de forma distinta: aquí el crimen organizado no operó para ayudar al gobierno en turno, sino para castigarlo o infiltrarlo a través de las alcaldías.
El asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Alma Rosa Barragán, es citado como la prueba de que el estado perdió el monopolio de la fuerza.
“El asesinato de la candidata tiene que ver con el hecho de que se encontraba en posibilidad de ganar la presidencia municipal en la elección del 6 de junio”, declaró la presidencia de su partido.
Efecto Rocha Moya
La denuncia de la oposición recobra relevancia en el marco de la investigación del gobierno de Estados Unidos contra el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado. En el documento presentado ante la OEA en 2021 se advierte que México transitaba hacia una “narcodemocracia” en la que los gobernadores no responden al electorado, sino a los grupos que les permitieron ganar.
El informe concluye con una frase textual de las declaraciones hechas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de junio, la mañana siguiente de la jornada electoral, en la que sostuvo que el narco “se portó bien”.
“La gente se portó muy bien; los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos...”, mencionó.
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cdm
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