CPJ pide a FGR atraer casos de periodistas asesinados en México; exhorta a fortalecer medidas de protección

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que federalice todos los casos de periodistas asesinados en México y exhortó a aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales y fortalecer las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Además, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre la ola de asesinatos que se han registrado este año, la cual suma seis y de los cuales, cinco de ellos se registraron en dos meses. Sin embargo, “su gobierno tampoco ha anunciado medidas específicas al respecto”.

“A pesar de los numerosos llamados organizados a la justicia en los estados mexicanos donde fueron asesinados los periodistas, las autoridades gubernamentales no han respondido a las preocupaciones de periodistas locales y grupos defensores de la libertad de prensa sobre la persecución de periodistas en relación con su trabajo”, lamentó.

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Ante el repunte de los asesinatos de periodistas, el CPJ instó a federalizar los casos para terminar con la impunidad. Indicó que de acuerdo al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, las autoridades federales no solo tienen amplia facultad para hacerse cargo de las investigaciones de delitos contra periodistas cuando hay funcionarios públicos involucrados, sino que también han demostrado ser más eficaces en el pasado para lograr condenas en varios casos de alto perfil de periodistas asesinados, incluidos los asesinatos de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas en 2017.

“La presidenta Sheinbaum y su administración pueden optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que caracterizó la relación de sus predecesores con la prensa, o pueden convertirse en la siguiente de una larga lista de presidentes mexicanos que permanecieron impasibles mientras el país consolidaba su nefasta condición como el más peligroso para los periodistas en América”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

El CPJ también señaló que a nivel estatal, las respuestas han sido insuficientes. Explicó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato de un periodista en su estado, pero enfrenta críticas por sus frecuentes ataques verbales contra la prensa crítica.

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Mientras que en Veracruz, donde ocurrieron tres de los asesinatos de este año, la gobernadora Rocío Nahle negó durante una conferencia de prensa el 15 de junio que su estado tenga un problema de violencia contra la prensa. Y más allá de anunciar investigaciones, los gobiernos estatales de Puebla y Guerrero no se han pronunciado directamente sobre los asesinatos de Josué Martínez y Alex Serna.

“Las investigaciones del CPJ han constatado que la impunidad sigue siendo el principal factor que incentiva los ataques mortales contra la prensa en México, lo que hace aún más urgente la necesidad de federalizar los casos, especialmente debido al deficiente historial de los fiscales estatales en la investigación de ataques contra la prensa y a la presunta implicación de funcionarios públicos locales en al menos dos casos”, mencionó.

Recordó que México se ha situado sistemáticamente entre los 10 primeros países del Índice Global de Impunidad del CPJ, solo por debajo de países declarados como zonas de guerra. Además, el CPJ ha clasificado 97 de los 166 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación ocurridos en México desde 1992 como "no confirmados", lo que significa que no ha podido determinar si los asesinatos estaban directamente relacionados con el trabajo periodístico de las víctimas.

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En la gran mayoría de estos casos, las investigaciones policiales se estancaron o no esclarecieron el motivo de los ataques, lo que permitió que quedaran impunes. Mientras que las causas subyacentes de la violencia son en gran medida similares a las documentadas por el CPJ en las últimas décadas.

Las violentas guerras territoriales entre narcotraficantes y otras bandas criminales “siguen asolando el país, lo que hace que los periodistas, especialmente aquellos que cubren la corrupción y el crimen, sean particularmente vulnerables a los ataques”, señaló a través de un pronunciamiento.

Las investigaciones del CPJ han revelado que los funcionarios públicos, en particular la policía, suelen estar entre los atacantes, lo que alimenta la desconfianza y a menudo lleva a los periodistas a no denunciar amenazas y ataques.

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“En lo que va de siglo, ningún caso de periodista asesinado o desaparecido ha conllevado la detención y condena tanto de los autores intelectuales como de los autores materiales de los atentados. Incluso en los casos más sonados, como los asesinatos de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, las autoridades federales mexicanas solo lograron la detención y condena de algunos de los sospechosos”, acusó.

¿Cuántos periodistas han asesinado en México durante 2026?

El Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists) ha documentado seis asesinatos de periodistas en México desde el 1 de enero de 2026:

1.- Carlos Castro, 8 de enero

Carlos Castro fue asesinado a tiros el 8 de enero mientras comía en un restaurante en Poza Rica, estado oriental de Veracruz, una ciudad ubicada a unos 210 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, según reportes de prensa y un comunicado de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) de Veracruz.

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Según los medios, varios hombres se acercaron al periodista, le dispararon y huyeron del lugar. Castro dirigía el sitio web de noticias Código Norte Veracruz, en Facebook, y se especializaba en la cobertura de la delincuencia en Poza Rica. También era corresponsal del periódico local Noreste.

2.- Luis Ángel López, 11 de junio

Luis Ángel López fue asesinado a tiros alrededor de la 1 de la madrugada del 11 de junio en Poza Rica, Veracruz, según reportes de prensa y un comunicado difundido por la CEAPP en Facebook.

Según los reportes, López, reportero del diario regional Vanguardia , fue baleado por asaltantes desconocidos en la misma calle donde el periodista Carlos Castro fue asesinado a tiros en enero.

3.- Alex Serna, 22 de junio

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó en un comunicado publicado en Facebook el 3 de julio, que el cuerpo del periodista ambientalista, activista y creador de contenido Alex Serna fue hallado el 22 de junio en Zihuatanejo, en el sur del estado de Guerrero, según informes de prensa, aunque la fecha no ha sido confirmada por las autoridades estatales. Según los mismos informes, Serna había sido reportado como desaparecido el 20 de junio y el cuerpo presentaba signos de tortura.

4.- Roxana Ruiz, 3 de julio

Los restos de Roxana Guzmán fueron hallados en Moloacán, un municipio al sur de Nanchital, Veracruz, el viernes 3 de julio, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Guzmán fue reportada como desaparecida el 2 de junio, luego de que un hombre no identificado fuera visto forzando la puerta de su casa con una herramienta pesada en un video que se difundió ampliamente en redes sociales ese mismo día. Un segundo hombre, también no identificado, apuntó con un arma de fuego y amenazó a Guzmán y a su familia. Ocho sospechosos han sido arrestados, cuatro de ellos miembros de la policía municipal de Ixhuatlán, quienes presuntamente proporcionaron recursos y apoyo logístico a los otros cuatro.

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5.- Josué Martínez, 16 de julio

Josué Martínez, fundador y director general del portal de noticias Noticias San Martín Texmelucan, en Facebook, fue asesinado a tiros cerca de su domicilio alrededor de las 8 de la mañana del jueves 16 de julio por motociclistas no identificados en la localidad de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, según reportes de prensa y un breve comunicado de la Fiscalía del Estado de Puebla. Los reportes indican que la Fiscalía está investigando el homicidio de Martínez y que el periodista se encontraba con su hijo de 13 años durante el ataque.

6.- Alejandro Leyva Aguilar, 22 de julio

Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros por asaltantes no identificados en la localidad de San Pablo Etla, al norte de Oaxaca de Juárez, capital del estado, el miércoles 22 de julio, según reportes de prensa y un comunicado de la Fiscalía del Estado de Oaxaca.

Se encontraba comiendo en un puesto de comida cerca de su domicilio al momento del ataque. Los reportes hablan de al menos dos atacantes que se desplazaban en motocicleta. Los perpetradores huyeron del lugar. Leyva fue director de CORTV, una emisora ​​de televisión oaxaqueña, y más recientemente se dedicaba principalmente a escribir artículos de opinión y columnas.

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Publicaba sus columnas en su página personal de Facebook, que cuenta con 21 mil seguidores, bajo el título “El Zumbido del Moscardón”, en las que criticaba duramente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y escribía sobre el crimen organizado, la corrupción y el abuso de poder por parte de las autoridades estatales y locales.

“Si bien la gravedad y la frecuencia de la violencia contra la prensa este año son impactantes e indignantes, las autoridades mexicanas no están en absoluto indefensas ante los asesinatos. Tienen la oportunidad de prevenir más violencia, proteger a los periodistas y comprometerse plenamente a garantizar la libertad de prensa”, agregó Jan-Albert Hootsen.

Por otro lado, la organización acusó que el Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que opera bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación, “parece ser menos efectivo a pesar de la actual crisis de violencia e impunidad”.

Hay cerca de 500 periodistas bajo protección

El mecanismo cuenta con aproximadamente 500 periodistas incorporados a su programa de protección. Sin embargo, la agencia no ha publicado cifras públicas para 2025 y 2026, pero según Andrés Solís, miembro del consejo asesor de la agencia para la evaluación de medidas de protección, aproximadamente el 80% de todas las solicitudes de incorporación de defensores de derechos humanos y periodistas son rechazadas.

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