PAN presenta reforma para pedir réplica en menos de tres días en la mañanera; acusa censura contra periodistas

La dirigencia nacional y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron un paquete de reformas con el fin de detener el acoso a los medios de comunicación y periodistas y frenar la censura, así como modificaciones en materia de derecho de réplica que incluya a las conferencias de prensa mañaneras.

En rueda de prensa, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, explicó que los lineamientos de los derechos de las audiencias de la Cuarta Transformación (4T) “es un intento de censura” a los medios de comunicación electrónicos.

Esta reforma plantea modificar el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de establecer sanciones contra funcionarios que empleen recursos públicos para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a ciudadanos, asociaciones civiles y reporteros.

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Además, reformar la Ley de Derecho de Réplica para establecer plazo de un máximo de tres días con la intención de responder a una solicitud de réplica.

¿Qué establecen las reformas?

Se establece que, tratándose de información difundida por entes públicos a través de conferencias de prensa, transmisiones oficiales, comunicados, plataformas digitales o cualquier otro espacio institucional de comunicación social, el derecho de réplica comprenderá exclusivamente los hechos falsos, inexactos o que carezcan de verificabilidad objetiva.

No procederá respecto de opiniones, críticas, valoraciones o juicios de valor, salvo en cuanto incorporen afirmaciones de hecho susceptibles de verificación.

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Se determinan como sujetos obligados los Poderes de la Unión, los poderes de las entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, los municipios y las alcaldías.

Asimismo, cualquier otro ente público que genere y difunda información mediante conferencias de prensa, comunicados, transmisiones oficiales, plataformas digitales o cualquier otro espacio institucional de comunicación social, respecto de la información oficial que emitan.

Se establece un plazo de tres días hábiles para que la autoridad resuelva cuando se solicite información difundida por un ente público por medio de comunicación institucional y, si la réplica resulta procedente, deberá difundirse en la siguiente conferencia, transmisión o espacio oficial equivalente.

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También, cuando la información original hubiere sido difundida por un ente público mediante conferencia de prensa, transmisión oficial o cualquier otro mecanismo institucional de comunicación social, la réplica deberá difundirse utilizando el mismo medio de comunicación institucional y en condiciones equivalentes de horario, duración, alcance, relevancia y permanencia.

Deberá difundirse íntegramente, sin comentarios, apostillas, valoraciones, imágenes, elementos gráficos, sobreimpresiones o expresiones de la autoridad que alteren, desnaturalicen o disminuyan su contenido.

Resoluciones judiciales, de cumplimiento inmediato

Se propone que las resoluciones judiciales que ordenen la difusión de una réplica frente a comunicación oficial serán de cumplimiento inmediato. La autoridad responsable deberá acreditar su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la difusión correspondiente.

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El PAN pretende además crear una nueva Ley de Comunicación Social que limite el uso de las conferencias y otros espacios gubernamentales durante procesos electorales.

Su propuesta busca que, en esos periodos, el gobierno únicamente pueda difundir información relacionada con temas indispensables como protección civil, salud y educación.

Jorge Romero, responsabilizó al gobierno de la 4T de avanzar hacia un esquema de censura que podría provocar autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

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Consideró que los lineamientos en materia de derechos de audiencias, otorgan al Estado facultades excesivas para determinar qué contenidos son considerados datos, opiniones o información falsa.

Cuestionó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda terminar definiendo qué es verdad y qué es opinión, y advirtió que el mayor riesgo no necesariamente sería el cierre directo de medios, sino que periodistas y empresas comiencen a moderar sus contenidos por temor a multas o incluso a perder sus señales.

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