"Quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información": así fue la audiencia de Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex.- Con una sonrisa y un beso enviado a distancia por su esposa Laura Rocío, la única familiar que lo acompañó en su calvario, se despidió el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tras ser vinculado a proceso por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

“Ánimo, todo va a estar bien. Los niños están bien….”, le dijo Laura Rocío a Aguirre Rivero con un apretón de manos y apunto del llanto, mientras un agente de la Guardia Nacional impedía que la mujer se acercara a abrazar a su esposo antes de ser reingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

“Eso es lo que importa”, le respondió sereno el exmandatario que a diferencia de su primera comparecencia del viernes pasado, en la de ayer pudo ponerse de pie de la silla de ruedas en la que estuvo durante las 14 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue ingresado hace unos días al penal de máxima seguridad de El Altiplano, señalado por el delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas de Iguala. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Vestido con sudadera y pans gris, el experredista estuvo atento y haciendo anotaciones en una ríspida diligencia entre los representantes de la FGR y los abogados defensores, en la que el juez de control Mario Elizondo Martínez llamó al orden y amagó a ambas partes con multarlos y expulsarlos, incluso arrestarlos, si no se sujetaban al orden y a no interrumpirse durante sus exposiciones.

“Miren. Esto es como un partido de futbol y ustedes tienen el balón. Yo sólo conduzco… voy a resolver con lo que me digan ambas partes”, reviró el juzgador en uno de los momentos más tensos en el que dio un malletazo (golpe con el martillo de madera que usa el juez) contundente para imponer su autoridad en una audiencia que definió de “puertas abiertas a la sociedad”, en contraste con la FGR que intentó hacerla privada.

Con casi tres horas de retraso inició la continuación de la diligencia de imputación, debido a que se incorporaron 13 padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como víctimas indirectas, de los cuales cinco estuvieron en la sala de testigos y ocho conectados por videoconferencia en compaña de su asesoría jurídica.

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El exgobernador de Guerrero de 2011 a 2014, Ángel Aguirre. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa presentó 31 datos de prueba con el fin de acreditar que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no ordenó ocultar ni destruir videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, sobre la detención de normalistas el 26 de septiembre de 2014, como acusan la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y Blanca María del Rocío Estrada Osorio, exvisitadora general del Consejo de la Judicatura Estatal.

Hace apenas unos meses, Estrada Ortega declaró ante la FGR que de la oficina de Lambertina Marín sustrajo discos con los videos de los hechos ocurridos en el mencionado inmueble y que la noche del 29 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 20:00 horas, se los entregó a Aguirre Rivero, en Chilpancingo.

Al día siguiente, según la exvisitadora, el experredista habría ordenado la destrucción de las grabaciones a miembros de su gabinete.

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La teoría de la defensa fue que el exgobernador no se encontraba en la capital de Guerrero cuando supuestamente le entregaron los videos, sino que el 29 de septiembre de 2014 había viajado a la Ciudad de México para reunirse con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una oficina de Polanco, y para demostrarlo presentó dos testigos y diversas documentales.

Sin embargo, todos sus datos de prueba fueron desestimados por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien señaló que sólo bastaban indicios para procesar al político guerrerense por el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos, por el que podría alcanzar una pena de 40 a 60 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Padres y madres de los 43 piden prisión para Ángel Aguirre

Familiares de los 43 normalistas marcharon pacíficamente con la fotografía de los estudiantes en una lona colgada del pecho. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Al concluir el debate entre las partes, padres y madres de los 43 normalistas que siguieron la audiencia por videoconferencia desde el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Proh Juárez”, su asesoría legal, hicieron uso de la voz como víctimas indirectas.

Los participantes pidieron al juez Mario Elizondo Martínez “ponerse en sus zapatos” y vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien acusaron de participar en la desaparición de sus hijos hace 12 en la ciudad de Iguala.

“El exgobernador sabe dónde están (los normalistas). Ya basta que nos sigan lastimando”, "Ángel Aguirre es responsable de la desaparición de nuestros hijos. Vamos a seguir luchando porque queremos la verdad y la justicia”, “Sabemos que él participó”, “Necesita estar en la cárcel”, “también investigan a Peña Nieto”, “Lo queremos ver en la cárcel, ahí que esté”, fueron algunas cosas que las víctimas dijeron.

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A ello, Aguirre Rivero respondió de manera tajante: “Quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Si yo supiera ya se los hubiera dicho”.

La audiencia terminó a las 2:31 de la madrugada de este miércoles, con el exgobernador procesado y encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano.

El juez de control dio un plazo de 48 horas a las autoridades del centro penitenciario para otorgar medicamentos para los padecimientos que le aquejan a Aguirre Rivero, como hipertensión arterial, problemas de próstata y apnea del sueño.

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