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Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien permanece en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, y es señalado por su supuesta participación en la comisión del delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, controlaba a las organizaciones policiales y a la delincuencia, detalla la indagatoria a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
De acuerdo con el expediente, el exmandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.
En la orden de aprehensión se recabaron diversas entrevistas ministeriales, entre ellas la de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, que en ese entonces se desempeñaba como visitadora general del Consejo de la Judicatura en el estado.
La exservidora pública narra que en una visita con el entonces gobernador alcanzó a escuchar cómo en ese momento Aguirre Rivero le llamaba a su sobrino Ernesto Aguirre para ordenarle que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, que no quería que se supiera nada de lo que había pasado en sus oficinas en esos días.
“Porque podría salir muy perjudicado él y su gente, que no quería que nadie supiera que él tenía relación con los integrantes de la delincuencia organizada que habían desaparecido a los estudiantes, ni que él les había dado instrucciones a los mandos de la policía estatal y municipal para que ejecutaran a los normalistas debido a que eran integrantes del grupo rival”, precisa el expediente.
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La exservidora pública indica que el exmandatario estatal era un hombre muy poderoso en esos momentos, ya que controlaba a las organizaciones policiales y a la delincuencia, y sus órdenes tenían que ser obedecidas, porque de lo contrario la persona que se arriesgara a desobedecerlo corría mucho riesgo.
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“Es por eso que todas las instrucciones que Ángel Aguirre daba a su sobrino Ernesto Aguirre o a su círculo cercano, entre los que se encontraban Iñaki Blanco Cabrera (quien fungió como procurador de justicia de Guerrero), Lambertina Galeana Marín (que se desempeñó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero) y Jesús Martínez Garnelo (que ejerció el cargo de secretario de Gobierno estatal) eran obedecidas al pie de la letra y por eso se destruyeron muchas de las pruebas del caso”, sostiene.
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En la entrevista ministerial, la exvisitadora comenta que el 29 de septiembre de 2014 tuvo una reunión con Lambertina Galeana Marín. El encuentro ocurrió en las oficinas de la presidencia del tribunal, alrededor de las 19:00 horas.
“Estábamos las dos en su privado platicando sobre lo delicado que se estaba poniendo el asunto y del temor que ambas teníamos sobre las amenazas del gobernador Ángel Aguirre, y al paso de algunos 15 o 20 minutos personal de Lambertina le avisó que afuera se encontraban personas del área de informática del tribunal.
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“Por lo que les autorizó que ingresaran a su privado. En ese instante ingresaron tres personas; recuerdo que uno de ellos se llama Isaí, sin poder precisar sus apellidos; dos personas más que según entiendo eran técnicos de la misma área de informática, siendo que el señor Isaí comenzó a narrarle a Lambertina Galeana que llevaban consigo un video que habían guardado de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala”, refiere la exservidora pública.

Agrega que en la oficina de Lambertina no había equipo para reproducir ese video y no lo pudieron ver; sin embargo, el ingeniero le narró a Lambertina que en el video se apreciaba que algunas patrullas de policía estaban cambiando de un autobús a otro a varios jóvenes.
“Al parecer se trataba de los estudiantes de Ayotzinapa, y que los llevaban sometidos con las manos en la cabeza y que también se observaba en el video que ese otro autobús era resguardado o escoltado por personas armadas que también habían llegado en otras camionetas, pero que no eran policías.
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“Y que una vez que subieron a los muchachos al otro autobús dicha unidad comenzó a circular sin poder precisar hacia dónde porque ya no se alcanzaba a ver en el video de las cámaras, y que a ese autobús lo seguían las otras camionetas con gente armada”, subraya Estrada Ortega, de 73 años, quien se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la Ciudad de México.
Recuerda que en ese instante el personal de informática le hizo entrega a Lambertina de un sobre de papel y le dijeron que dentro iba el disco que contenía el video.
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“Luego de que se retiraron dichas personas, nos quedamos solas un par de minutos Lambertina… En eso le dijeron que ya la estaban esperando en una reunión en la sala de juntas, por lo que me dijo ‘ahorita platicamos’, y ella se fue a su reunión, por lo que aún estuve algunos minutos en su oficina".
“Me percaté de que el sobre amarillo lo había dejado en su escritorio, por lo que en ese instante tomé del escritorio de Lambertina unos ejemplares impresos de los trabajos académicos en la que la estaba asesorando… También estaba ahí el sobre con el disco que contenía los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, y tomé estos discos y los guardé entre mis cosas que llevaba y me salí de su oficina”, expresa la exservidora pública.
Al salir del edificio del tribunal se comunicó con el gobernador y le manifestó que le urgía verlo, y se trasladó a la oficina del exmandatario estatal.
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Una vez que la recibió a las 20:30 horas de ese mismo día 29 de septiembre de 2014 le dijo a solas que tenía el video de las cámaras de seguridad que captaron algunos hechos afuera del Palacio de Justicia de Iguala.
“Ángel Aguirre me preguntó: ‘¿pero tú ya lo viste?’, y le dije que no, que cuando se lo entregaron a Lambertina no teníamos equipo para verlo, y me dijo el gobernador: ‘no te preocupes, me encargo de eso’. Me dijo el gobernador que a él le preocupaba… Ernesto Aguirre tuvo conocimiento de los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre".
“Porque él como asesor del gobierno coordinaba todas las cosas, y que Ernesto estuvo dando instrucciones esa noche, pero no quise preguntarle qué instrucciones, me dio miedo preguntar más. Le dije: ‘bueno. sólo le traigo este video y usted diga qué se tiene que hacer’; me dijo que le iba a pedir a Iñaki que se hiciera cargo de esa información”, señala la exvisitadora.
Ángel Aguirre también le preguntó que si había más copias de ese video y le respondió que no sabía, que los ingenieros de informática no les dijeron y que tampoco les preguntaron.
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En la entrevista ministerial la exvisitadora recuerda que al paso de algunos días se encontró con Lambertina en el tribunal.
“Me llamó en privado y me dijo de nuevo que quería saber dónde estaba el video, porque ella ya había mandado a los de informática a guardar otro video y que le dijeron que ya no se pudo, porque el equipo de grabación al parecer lo dañaron a propósito para borrar toda evidencia".
“Me dijo que más valía que le ayudara a resolver ese tema o que ella iba a proceder contra mí; la verdad, ya no pude aguantar la presión, le dije que sí, que el video ya lo tenía el gobernador, pero que él instruyó al procurador Iñaki para que se hiciera cargo de esa información, y en eso Lambertina me comenzó a alzar la voz y mejor me fui del lugar donde estábamos”, expresa la exfuncionaria.
Días después visitó de nueva cuenta al gobernador, “le dije que Lambertina ya sabía que él tenía el video, y Ángel Aguirre me regañó… Me puse a llorar de frustración y miedo”.
En la entrevista ministerial la exservidora pública destaca que Ángel Aguirre le marcó al entonces procurador Iñaki Blanco, y sólo escuchó que Aguirre le decía que la presidenta del tribunal ya se había enterado de que ellos tenían el video. Aguirre le dijo que se encargara de ella.
Por otra parte, en las constancias que integran la carpeta de investigación obra entrevista a Lambertina Galeana Marín, de 81 años, recabada por el agente del Ministerio Público Federal, donde denuncia los hechos relativos a la sustracción de los videos de las cámaras del Palacio de Justicia del Poder Judicial en Iguala por parte de la entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura de esa entidad, el exgobernador del estado, el exsecretario general de Gobierno y el exfiscal de la entidad.
Sostiene que ellos fueron las personas que saben de los videos, “de los que he recibido diversas amenazas si llegaban a denunciar lo referente a la pérdida de los videos”.
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