El presidente nacional del PAN, , aseveró que la conferencia de prensa mañanera de la Presidenta “debe dejar de ser un espacio de propaganda ideológica desde donde se persigue a los opositores del país y desde donde sin ningún reparo se calumnia a todo aquel que no apoya al régimen de Morena”.

El dirigente panista sostuvo que “desde el púlpito presidencial se fabrican culpables a diestra y siniestra sin las pruebas suficientes, más que el comentario inquisidor de la presidenta de la República”.

“Ya lo vimos con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es señalado desde la mañanera como culpable de un delito sin que aún termine un proceso en su contra y se desahoguen responsabilidades”, asentó.

Aunado a ello, aseguró que “bajo el falso argumento de la protección de las audiencias”, el gobierno morenista busca controlar los contenidos que difunden los medios de comunicación en radio y televisión: “Una censura disfrazada con la que se quieren poner fin a las libertades de la ciudadanía”.

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El líder del blanquiazul respaldó el anuncio realizado por las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, quienes impulsarán una iniciativa de ley para garantizar de forma estricta el derecho de réplica dentro de las conferencias de prensa mañaneras del Gobierno Federal.

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"El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República", afirmó.

señaló que, bajo el principio de equidad, si el gobierno federal exige derecho de réplica en los medios de comunicación privados, la oposición y los ciudadanos deben contar con la misma garantía en Palacio Nacional cuando se difunda información falsa o tendenciosa desde el micrófono presidencial.

"No hay un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo", denunció.

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Sentenció que el no puede seguir utilizando los recursos de los mexicanos para perseguir y descalificar a quienes piensan distinto. Con esta iniciativa, afirmó, el PAN busca democratizar el diálogo circular, terminar con el monopolio de la verdad oficial y obligar al Ejecutivo Federal a someterse a la contrastación de datos en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Finalmente, Jorge Romero subrayó que el uso de la estructura del Estado para linchar públicamente a los contrapesos políticos ha sido una constante durante los últimos ocho años. Acción Nacional, aseguró, dará la batalla en el Congreso para poner fin a los monólogos de descalificación y devolverles a los ciudadanos el derecho a una información veraz, plural y sin censura.

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“En Acción Nacional defendemos la pluralidad, las libertades ciudadanas y el derecho de cada persona a expresarse sin miedo”, concluyó.

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Jorge Romero cuestionó la detención de Ruffo Appel. Foto: Especial
Jorge Romero cuestionó la detención de Ruffo Appel. Foto: Especial

Exige PAN regulación de Las Mañaneras

En el marco del debate por los lineamientos sobre el derecho de las audiencias, el grupo parlamentario del exigió al gobierno federal que las mañaneras estén sujetas a reglas de verificación, rectificación, derecho de réplica y rendición de cuentas.

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A través de un comunicado, afirmaron que la propuesta no pretende cancelar la conferencia, censurar a la Presidenta ni impedirle expresar opiniones políticas.

"Busca establecer que las afirmaciones factuales realizadas desde un espacio oficial, financiado y difundido con recursos públicos, tengan sustento comprobable y produzcan responsabilidades cuando sean falsas o inexactas".

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El diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez señaló que la primera obligación propuesta consistiría en respaldar las cifras, documentos y acusaciones presentadas durante la conferencia.

"La segunda sería corregir oportunamente la información falsa o inexacta. La tercera permitiría que cualquier persona, partido, empresa u organización directamente señalada pudiera responder con oportunidad, relevancia y difusión equivalentes”, explicó.

El congresista consideró que una respuesta publicada días después en una página institucional o realizada desde una conferencia partidista no tiene el mismo alcance que una acusación transmitida nacionalmente desde Palacio Nacional.

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Dijo que la propuesta se justifica en el artículo 6 constitucional, que reconoce el derecho de réplica, y en la necesidad de cerrar el vacío existente frente a la comunicación gubernamental.

"Las mañaneras no son conversaciones privadas ni simples ejercicios periodísticos. Son actos oficiales organizados por la Presidencia, pagados con dinero público y amplificados por todos los canales del Estado", agregó.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, dijo que no resulta aceptable que las mañaneras funcionen como tribunales políticos donde el gobierno acusa, juzga y sentencia sin presentar pruebas ni permitir defensa alguna.

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"El PAN debe cuidar que la iniciativa no reproduzca el mismo abuso que denuncia. La regulación debe aplicarse exclusivamente a datos y afirmaciones objetivamente verificables, nunca a opiniones, críticas o posiciones políticas. El procedimiento deberá ser rápido y quedar en manos de una instancia independiente, preferentemente judicial. Hasta este momento sólo se conocen los objetivos generales anunciados por el partido", detalló.

"Si Morena exige que los medios verifiquen información, rectifiquen errores y respeten el derecho de réplica, debe comenzar por someter a esas obligaciones al aparato de propaganda más poderoso del país, la mañanera", insistió.

Finalmente, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, aseguró que “no buscamos cancelar ni censurar la conferencia presidencial. puede opinar, criticar y defender a su gobierno. Lo que no puede hacer es utilizar recursos públicos para lanzar acusaciones sin pruebas y negarle al afectado la posibilidad de responder”.

Añadió que la mañanera no puede funcionar como tribunal político: "Desde Palacio Nacional se acusa, se condena y se destruyen reputaciones sin investigación, proceso ni derecho de defensa. Si el gobierno señala a una persona, debe demostrarlo y permitirle ejercer su derecho de réplica".

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