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Barra de Abogados pide corregir "problemas estructurales" en reforma judicial; advierte por "incertidumbre institucional"

En un comunicado, señaló que no es suficiente sólo aplazar los comicios judiciales a 2028

Una mujer emitió su voto para la elección del Nuevo Poder Judicial en una Casilla Básica de la alcaldía Miguel Hidalgo (01/06/2025). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro
25/05/2026 |10:50
Erick Moctezuma
Redactor web de la sección NaciónVer perfil

La Barra Mexicana Colegio de Abogados rechazó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la al año 2028 porque, según argumentó, la propuesta no corrige problemas estructurales de la reforma constitucional aprobada en 2024.





En un comunicado, señaló que esta propuesta profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta México.

Aunque reconoció que recorrer la segunda parte de la reforma judicial es necesario, puntualizó que esta propuesta debe venir acompañada de una política pública enfocada en favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no la tengan.

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De acuerdo con la Barra Mexicana, la iniciativa presentada por el Ejecutivo omite atender problemas de fondo, continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, exámenes, experiencia y especialización.

“Se ha argumentado que el cambio produce legitimidad democrática, sin embargo, la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política”, alertó.

Por ello, argumentó que un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos, al ser garantes de la Constitución y de la estabilidad jurídica del Estado.

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En su pronunciamiento, advirtió que podría incrementar la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de quienes tendrán la responsabilidad de atender conflictos de alta complejidad económica, regulatoria y constitucional.

En ese sentido, subrayó que la de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino de su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional.

“La protección y defensa de los derechos humanos no depende de que un juzgador haya sido electo mediante voto popular, sino de que sus decisiones sean previsibles, profesionales, autónomas y fundadas en derecho”, aseveró.

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Finalmente, hizo un llamado a que cualquier modificación al sistema judicial mexicano se construya mediante un diálogo amplio, técnico y plural que priorice el fortalecimiento del Estado de derecho y la independencia del PJ.

em/apr

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