El diferimiento de las elecciones judiciales a 2028 parece reconocer uno de sus problemas más evidentes: su inviabilidad práctica.
Posponer para junio de 2028 la renovación de los cargos que quedaron pendientes constituye, en los hechos, una admisión de que elegir simultáneamente miles de cargos jurisdiccionales hacía imposible cualquier expectativa razonable de voto informado.
No es un asunto menor. Recordemos que, quedan por renovar, a nivel federal, cuatro magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. Más las 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades federativas. Por sí sola, magnitud del proceso evidencia el absurdo original: pretender que la ciudadanía pueda conocer, evaluar y decidir de manera reflexiva sobre tal cantidad de candidaturas era, desde el inicio, una ficción simple y llanamente.
Sin embargo, el aplazamiento no resuelve el problema de fondo; solamente lo pospone. Las elecciones judiciales seguirán celebrándose de manera periódica y concurrente con otros procesos electorales ordinarios en 2030, 2033, 2036 y así sucesivamente. Es decir, la dificultad estructural permanece intacta. Se mueve el calendario, pero no se corrige el diseño.
Más aún: el cambio genera un nuevo riesgo político. Si bien evita que los comicios judiciales coincidan con la renovación parcial del Congreso y otros cargos subnacionales —que habilitó, desde la ley, la intervención partidista—, ahora busca empalmarlos con un proceso igualmente problemático: la revocación de mandato presidencial. De aprobarse, se desactivará una forma de politización para habilitar otra. En vez de disminuir la influencia de actores políticos sobre la elección judicial, se abre una nueva vía para la injerencia presidencial en un proceso en la que ya de por sí tiene un peso determinante.
Si quisiéramos realmente proteger algo de independencia judicial, la solución sería evitar la concurrencia de las elecciones judiciales con otro proceso de competencia política, ni legislativo ni ejecutivo, como lo hemos explicado ampliamente Azul Aguiar en Reformar para dominar, publicado recientemente por la Fundación de la Konrad Adenauer. Reconozco que esa posibilidad se ve lejana ya que, como lo hemos documentado ampliamente, lo que se buscó con la reforma constitucional fue la subordinación política del Poder Judicial.
La iniciativa también promete alguno que otro ajuste institucional. Entre ellos, la creación de una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación. Pero aquí nuevamente la apariencia reformista se lleva el escenario.
Los comités de evaluación continúan siendo auténticas “cajas negras”. Las escasas reglas para su integración y operación quedan intocadas, garantizando con ello su discrecionalidad. Se menciona la realización de un examen de conocimientos —¿habrán llegado al puesto muchos perfiles sin preparación? — pero se mantiene en la ambigüedad el concepto central de “idoneidad”: ¿qué significa?, ¿cómo define ese estándar? y ¿cómo se acredita? Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, el proceso seguirá dependiendo de decisiones discrecionales y opacas, antes que de criterios verificables.
Tampoco mejora el problema de la oferta electoral. La reducción del número de candidaturas por vacante implica que la ciudadanía tendrá menos opciones para elegir. Mientras que los comités de evaluación seguirán decidiendo quién entra y quién queda fuera. Y, como en el diseño original, el sorteo conserva la última palabra sobre quiénes llegarán a la boleta.
Algo similar ocurre con la delimitación de los distritos judiciales. La propuesta deja en manos del INE la tarea de diseñarlos, pero sin establecer parámetros claros para hacerlo. Como vimos en el proceso de 2025, esa indeterminación no es menor: los criterios para dividir territorialmente el voto pueden tener consecuencias decisivas para promover la desigualdad del voto
En suma, la nueva iniciativa presidencial es más una simulación que un intento por corregir sus defectos estructurales.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.