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La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses tiene implicaciones para toda la región, de México a Cuba, pero también tiene una dimensión petrolera y marca un giro hacia un tipo de política donde las intervenciones se justifican por “seguridad nacional”. Para los venezolanos, poco ha cambiado, excepto por el dictador al frente. Ni los presos políticos son liberados ni la democracia, restaurada. En cambio, asoma la amenaza de acciones similares en otros países
En términos de petróleo, lo difícil está por venir
Por Duncan Wood*
La captura y la acusación formal de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marcan una ruptura dramática en la larga crisis política de Venezuela. Sin embargo, para los mercados energéticos y la política regional, la verdadera cuestión no es jurídica, sino estratégica: si Venezuela puede reconstruir su producción petrolera y cómo encaja eso en el impulso más amplio de Estados Unidos para aumentar la producción en todo el hemisferio occidental.El anuncio del presidente Donald Trump de que Venezuela ha acordado suministrar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos debe interpretarse en ese sentido.
En términos de mercado, los volúmenes son modestos: Estados Unidos produce más de 14 millones de barriles al día y consume alrededor de 20 millones de barriles al día. Pero políticamente, la señal es clara. La administración Trump parece decidida a impulsar el suministro de petróleo en el hemisferio, reducir la dependencia de productores lejanos y remodelar las relaciones energéticas más cercanas a casa.
Venezuela, sobre el papel, encaja en esa visión. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la mayoría de ellas abandonadas por décadas de mala gestión, corrupción y sanciones. La producción ha caído de más de 3 millones de barriles diarios a principios de la década de 2000 a una fracción de esa cifra en la actualidad. Con capital, tecnología y una gestión competente, la producción venezolana podría recuperarse con el tiempo y contribuir de manera significativa a la resiliencia del suministro. Esto no será fácil.
Las empresas petroleras estadounidenses no volverán a Venezuela en masa sin garantías creíbles. Necesitan un alivio claro de las sanciones, contratos ejecutables, protección contra la expropiación y la confianza de que las normas no cambiarán con el próximo giro político. La historia reciente de Venezuela ofrece pocas garantías. Las entregas puntuales de petróleo son fáciles; la inversión a largo plazo no lo es. También hay una realidad relacionada con el refinado que complica el panorama.
El crudo pesado y extrapesado venezolano es muy adecuado para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, muchas de las cuales fueron diseñadas originalmente para procesarlo. Pero los barriles venezolanos no entrarían en un sistema vacío. Probablemente desplazarían a otros crudos pesados, en particular los de Canadá y México, en lugar de ampliar el rendimiento total. Y esta no es la única causa de preocupación en México.
Con la retórica cada vez más vehemente de Estados Unidos sobre las organizaciones de tráfico de drogas y la posibilidad de una acción militar unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano, ahora también existe la preocupación de que Washington pueda comenzar a centrarse más directamente en la disminución de la producción petrolera de México, el deterioro de la situación de Pemex y lo que eso significa para la seguridad energética de América del Norte. Desde este punto de vista, las negociaciones petroleras de Venezuela no son un episodio aislado. Forman parte de un reajuste más amplio de la estrategia energética de Estados Unidos en el hemisferio, que podría remodelar los patrones de producción, los flujos de inversión y las expectativas políticas desde Caracas hasta Ciudad de México.
La detención de Maduro puede haber abierto la puerta del petróleo de Venezuela. Que ello conduzca a una recuperación sostenible dependerá de si finalmente se logran alinear la estrategia, la inversión y la gobernanza.
*Director ejecutivo de Hurst International Consulting
México… ¿el siguiente?
Por Eduardo Tzili Apango*
La reciente operación militar de Estados Unidos (EE. UU.) en Venezuela ha tenido un efecto inmediato sobre México, ya que colocan la relación bilateral bajo una lógica de disuasión y amenaza, más que de cooperación entre socios. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha sugerido explícitamente la posibilidad de acciones “en tierra” contra actores criminales fuera de EE. UU., mencionando a México y elevando la presión política sobre el gobierno mexicano. Esta señal no es menor, pues reintroduce el riesgo de que la agenda de seguridad se convierta en un instrumento de coerción extraterritorial, con costos para la soberanía y para la estabilidad económica.
El impacto potencial no se limita al petróleo. México sigue siendo un actor estratégico por su posición energética y por recursos críticos para la transición tecnológica. En particular, el litio se ha convertido en una materia prima geopolítica. El propio Servicio Geológico de los EE. UU. estima que México cuenta con alrededor de 1.7 millones de toneladas de recursos de litio, lo que lo coloca entre los países con dotación relevante a escala global. Sin embargo, el desarrollo institucional del sector es frágil; algunos reportes recientes señalan que, en 2026, LitioMx tendría un presupuesto del orden de 13.9 millones de pesos, insuficiente para la inversión sustantiva, lo que aumenta las vulnerabilidades frente a presiones externas y disputas regulatorias.
En paralelo, el frente comercial tiende a endurecerse. El proceso de revisión del T-MEC entra en una fase políticamente sensible en 2026, con reportes y debates en EE. UU. que abren margen para condicionar su continuidad o renegociarlo en términos más favorables para Washington. En ese contexto, México podría tener que dar concesiones comerciales a cambio de “estabilidad” y cooperación ampliada.
Finalmente, la dimensión migratoria refuerza la asimetría. La experiencia reciente demuestra que EE. UU. tiende a externalizar el control migratorio, empujando a México hacia una función de un “país-muro” que regula flujos por cuenta ajena. En resumen, las implicaciones para México, de las acciones de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, son directas, configurando una soberanía bajo presión, exposición abierta de los recursos estratégicos, y una agenda comercial-migratoria susceptible de convertirse en palanca de coerción.
*Profesor-investigador del área de Política Internacional de la UAM-Xochimilco
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Venezuela en la geopolítica regional
Por Luis Herrera Lasso M.
El secuestro del presidente maduro corroboró la decisión de Estados Unidos a traspasar las barreras legales en su actuar internacional. El operativo se realizó con la complicidad de actores internos, pero del mismo régimen. No hay cambio de régimen. Lo que cambio fue la capacidad de Estados Unidos para influir en el destino de ese país, aunque no parece haber una ruta cara.
Lo primero que debe esperarse es un cambio en el padrinazgo económico de Chávez y después de Maduro con el régimen castrista. La muy probable pérdida de control de Cuba sobre los aparatos de inteligencia y de seguridad de Venezuela, puede poner en peores aprietos a la economía cubana.
El rebote también llega a México. Las simpatías de los gobiernos de Morena por Maduro no son secreto. Tampoco lo es la cercanía y afinidad de los morenistas por el régimen cubano. Sin embargo, México no ha dicho una sola palabra a favor de Maduro. La realpolitik obliga a la mesura y la prudencia, lo que no impide que esto tenga efectos en la relación Cuba y México y entre Estados Unidos y México.
Para el resto del continente es una clara señal del modus operandi de Trump pero no necesariamente un aviso de lo que habrá de suceder después. La consigna “America para los estadounidenses” resulta una quimera si se pretende hacer esto posible solo con operativos militares y operaciones encubiertas. América Latina y El Caribe son una vorágine muy complicada de gobernar.
América Latina, la doctrina Monroe y el patio trasero
Por Leonardo Curzio*
Estados Unidos está en una nueva etapa de su historia. Ha decidido replegarse a lo que considera su zona de influencia, en otros tiempos llamada “patio trasero”. Intervino Venezuela de manera directa, emulando lo que Putin hizo en Ucrania. A diferencia del señor del Kremlin, Trump ha demostrado un enorme poder militar-tecnológico, económico y político para ser resolutivo y eficaz.
Empiezo por la dualidad militar tecnológica. La forma en que Maduro fue extraído de su refugio se hizo con una abrumadora superioridad. Hoy sabemos que los nuevos aviones que neutralizan las comunicaciones, dejaron al ejército de Venezuela en una situación devastadora. Los americanos entraron como Pedro por su casa, humillando a las fuerzas armadas bolivarianas (tan feroces para reprimir a sus compatriotas) que no fueron capaces de presentar una mínima resistencia. Como complemento, los americanos mataron a más de 30 guardias cubanos para dejar claro que ningún anillo de seguridad les impedirá conseguir sus objetivos y, de paso, cepillarse el prestigio de la infalibilidad de la inteligencia cubana. Fue, como me lo ha dicho Ricardo Pascoe, un mensaje político a Cuba.
Es importante constatar que, a diferencia de lo ocurrido en otras épocas, Estados Unidos ha entendido que decapitar a un régimen no implica desarticularlo; en muchos sentidos, les resulta más práctico garantizar la gobernabilidad funcional y tener a la élite chavista administrando -vergonzosamente- la derrota y entregando el petróleo venezolano a la potencia. Más humillación, imposible.
En el plano continental Maduro prácticamente no tenía aliados. La mayor parte de los dirigentes del continente se alegraron de verlo tras las rejas, derrotado y humillado, traicionado y vejado. Nunca pudo defender la soberanía ni la integridad de su país y ahora verá, desde su crujía en Brooklyn, cómo sus conmilitones entregan la soberanía de su país a los Estados Unidos. El socialismo del siglo XXI va al basurero de la historia.
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La contundencia de la maniobra americana, a pesar de su evidente ilegalidad y arrogancia, ha permitido a Trump alinear a prácticamente todos los gobiernos en la región. El más vergonzoso probablemente es el caso de Petro. Pero tras la serie de fracasos que la izquierda latinoamericana ha venido coleccionando en los últimos tiempos y la imposibilidad de lanzar algún cable político a Delcy Rodríguez, que tiene una función similar a la de Dina Boluarte, Estados Unidos ha demostrado que es el árbitro del hemisferio. A diferencia del arranque del siglo, en el que varios gobiernos desafiaban las tesis entonces vigentes, Estados Unidos demuestra hoy que América Latina es su patio trasero y sus dirigentes son, en el mejor de los casos, actores secundarios de reparto. Con la sucesión de gobiernos mediocres que hemos tenido y tenemos, la región tiene cada vez menos poder, que es el nombre del juego en las relaciones internacionales. Sus voces son irrelevantes, aunque tengan razón en muchos puntos. Se refugian en genéricas críticas a la ONU o en defensas de la legalidad internacional que no impresionan a nadie, entre otras cosas porque no se pueden defender con autoridad moral los valores cuando se calló ante la violación masiva de derechos humanos y políticos en Venezuela; se tuvo una actitud condescendiente (y a veces empática) con la invasión rusa a Ucrania y se condenó tardíamente el holocausto del pueblo palestino con la esperanza de no irritar a Trump.
La quiebra de la izquierda bolivariana nos ha llevado a la restauración del imperialismo en su versión más descarnada y por lo tanto, el regreso de América Latina a su condición de patio trasero. Triste, muy triste.
Analista. Autor del libro: Vecinos. México y Estados Unidos en el siglo XXI. UNAM-Turner.2022
Crisis venezolana: la prueba de fuego del multilateralismo regional
Por Scarlett Limón Crump*
La reciente operación militar encabezada por EE.UU. que derivó en el rapto del presidente venezolano Nicolás Maduro ha marcado un punto de quiebre en la política hemisférica. Más allá de las réplicas geopolíticas, ese episodio exhibe con crudeza las limitaciones estructurales de los mecanismos multilaterales para prevenir y gestionar crisis de soberanía e intervención extranjera.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con un mandato explícito sobre la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, ha tenido un papel reactivo más que preventivo. A pesar de décadas de análisis, resoluciones y observaciones sobre la situación venezolana, su capacidad para influir de manera decisiva en un escenario donde un Estado miembro es objeto de una intervención militar unilateral es, en los hechos, muy limitada. Esta crisis manifiesta que las declaraciones y exhortos no sustituyen a mecanismos efectivos de prevención de conflictos o protección de la soberanía popular
Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), concebida para reforzar la autonomía del diálogo regional libre de injerencias extrarregionales, no ha logrado articular una respuesta cohesiva ni un frente diplomático sólido ante la intervención estadounidense. Las profundas divergencias políticas entre sus miembros han impedido que funcione como un espacio de concertación capaz de mediar eficazmente en crisis de esta envergadura.
Sin embargo, afirmar que estas organizaciones son irrelevantes sería ignorar su valor estructural. La OEA y la CELAC proveen foros institucionales donde se expresan normas, se visibilizan violaciones y se construyen marcos de interpretación compartidos sobre democracia, soberanía y derecho internacional. La cuestión no es si importan, sino cómo fortalecer sus mandatos, su independencia política y sus capacidades operativas para que no queden reducidas a meros foros de opinión cuando enfrentan un choque directo entre potencias y Estados soberanos.
La crisis venezolana evidencia que el multilateralismo regional solo será relevante si deja de ser un decorado normativo y se convierte en un mecanismo efectivo de protección frente a la coerción y el uso del poder.
*Analista Internacional
Un síntoma de la restauración imperial
Por Pedro A. Reyes Flores*
Como advirtiera Francisco de Goya en su célebre grabado, el sueño de la razón produce monstruos. Aquel prolongado letargo que llamamos el consenso liberal del siglo XX nos hizo creer que habitábamos una era poscolonial definitiva, un orden donde el derecho habría sustituido a la fuerza. Sin embargo, al despertar, descubrimos que los monstruos del dominio territorial nunca se marcharon; simplemente aguardaban a que la arquitectura de la posguerra se convirtiera en ruina. Lo que presenciamos no es un accidente histórico, sino el retorno sin ambages de un colonialismo descarnado, ahora despojado de cualquier coartada moral. Es la realpolitik regresando a su estado sólido: la soberanía ya no se firma en tratados; se impone sobre el terreno. Ucrania es arrastrada hacia la órbita de una Rusia que reclama su pasado imperial; Taiwán permanece bajo la sombra de una China que piensa en siglos, no en cuatrienios; y el continente americano se repliega bajo la égida de un yanquismo que, lejos de retirarse, refuerza sus cercados. Palestina —el Estado que nunca fue— se manifiesta como una nota al pie de la historia, un ejercicio de damnatio memoriae ejecutado en tiempo real.La reciente intervención en Venezuela ofrece un caso de estudio clínico sobre la transmutación del poder. La caída del dictador Nicolás Maduro, no constituye una liberación ontológica, sino un relevo funcional. No asistimos a la recuperación de la soberanía, sino a una reestructuración de la propiedad: el tránsito del socialismo de rapiña hacia la colonización aséptica del capitalismo tardío estadounidense. Se sustituye el garrote bolivariano por el extractivismo corporativo, la épica revolucionaria por la tecnocracia del mercado. Cambia el administrador; permanece la lógica del dominio. El nacionalismo del Tercer Mundo —antaño bandera de liberación y dignidad— se revela hoy como un placebo moral. Las proclamas de autodeterminación ofrecen consuelo retórico, pero raramente alteran los designios de las superpotencias. Las naciones periféricas pueden izar sus banderas e invocar el orgullo patrio; sin embargo, sus economías, sus políticas y aun sus transiciones de poder continúan condicionadas por fuerzas externas. La soberanía se reduce, en muchos casos, a una ficción jurídica. El colonialismo no ha muerto. Ha aprendido a vestirse de normalidad, de mercado, de estabilidad, de gobernanza. No es la injusticia lo que reaparece; es la ilusión de haberla superado, lo que finalmente se desvanece.
*Investigador y ensayista
¿Intervención militar o aplicación de la ley?
Por Ricardo Smith Nieves*
El arresto y sustracción del presidente venezolano Nicolás Maduro marca un hito para las relaciones hemisféricas. Primero, porque se trata del mayor despliegue de activos militares estadounidenses en América Latina desde la fugaz intervención para detener al dictador Eduardo Noriega de Panamá en 1989. Para ejecutar la llamada “Operación Determinación Absoluta”, el Pentágono reporta haber empleado 150 aeronaves, incluyendo bombarderos, aviones de combate y drones, apoyados por una flota de naves marítimas con miles de elementos militares. A pesar de ello, en palabras del Secretario de Estado Marco Rubio, la operación se trató simplemente de un arresto encabezado por el Departamento de Justicia y la Guardia Costera.
Enmarcar la intervención en Venezuela como parte de una estrategia contra el narcotráfico —y no como una ofensiva militar tradicional— obedece a motivos de política interna. Si bien la Constitución estadounidense otorga al Congreso el ejercicio de los poderes de guerra, el presidente en turno únicamente tiene autorización de actuar de forma independiente para repeler ataques. De acuerdo con la Casa Blanca, el despliegue de fuerza militar en Venezuela buscaba abrir camino para facilitar el arresto de Maduro: la imputación de un jurado en 2020 lo señalaba como líder de un cartel de narcotráfico.
En una entrevista reciente, el presidente Trump afirmó que el único límite a su poder para ejercer la fuerza en el mundo es su propia moral y no tanto el derecho internacional. Lo cierto es que los resultados de la intervención en Venezuela estarán bajo escrutinio de los votantes de cara a las elecciones intermedias del próximo noviembre. Hay voces crecientes dentro de la coalición gobernante que exigen a Trump cumplir la promesa de evitar que EUA vuelva a enfrascarse en guerras perpetuas, como ocurrió en Irak y Afganistán. El reto de la administración Trump será demostrar que la costosa gestión que EUA tendrá sobre Venezuela redundará en beneficios para el electorado.
*Analista y especialista en desarrollo internacional
La caída de Maduro no es el fin de la dictadura
Por Renata Zilli*
Existe una creencia generalizada –y un tanto ingenua– de que, a la caída de un dictador, se abre la puerta a un régimen democrático. La evidencia, no obstante, apunta en otra dirección. Apenas el 20% de las deposiciones de líderes autocráticos entre 1950 y 2012 derivaron en regímenes democráticos; en la mayoría de los casos, cuando se va un tirano, llega otro. Como señalan Kendall-Taylor y Franz en su texto ¿Cómo caen las autocracias?, la forma en que un autócrata pierde el poder condiciona y da pauta a la trayectoria futura del régimen.
La rapidez de la operación militar, Resolución Absoluta, mediante la cual EU anunció la captura de Nicolás Maduro, pareció confirmar lo que Marcel Dirsus plantea en su libro ¿Cómo caen los tiranos? (How Tyrants Fall). De acuerdo con Dirsus, los autócratas, incluidos los dictadores, suelen ser mucho más débiles de lo que aparentan, pues sus enemigos internos los vuelven especialmente vulnerables ante amenazas externas: cualquier cambio en los equilibrios domésticos e internacionales se convierte en una oportunidad para que quienes formaban parte del régimen mejoren su posición.
Las primeras horas del sábado 3 de enero dieron la impresión de que la pesadilla chavista llegaba a su fin. Sin embargo, para cualquier analista sagaz, resultaría evidente que el fin de Maduro no necesariamente significa el fin de la dictadura. Aún es pronto para afirmar si estamos ante el cierre de un régimen autoritario que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo, o si, por el contrario, estamos siendo testigos del surgimiento de su corolario, que puede resultar igual o peor.
Dos hechos contundentes parecen habernos devuelto de la ilusión a la realidad. El primero fue la parsimonia con que los hermanos Rodríguez —Delcy y Jorge— asumieron el control del aparato estatal. Lejos del caos o de una implosión inmediata del régimen, se mostraron con una sorprendente disposición a marcar un nuevo tono en la relación con Washington, aún si este gesto vino acompañado de una retórica que condenaba la intervención. El segundo fue la minimización —y hasta desprecio— de Trump hacia la oposición, de María Corina y Edmundo González, que pecaron de idealistas (estoy siendo generosa con el adjetivo) al creer en la palabra de un personaje sin ningún resquicio de ética ni de moral. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, bien dice el refrán.
Durante los últimos años, la literatura política se ha concentrado en explicar cómo mueren las democracias. Libros, ensayos y análisis han intentado descifrar las causas de su erosión. Si este fenómeno define nuestra era y además, las autocracias no solo persisten, sino que se multiplican, tal vez ha llegado el momento de cambiar el eje de la conversación. Cómo mueren las autocracias, es, quizá, la pregunta del siglo.
*Internacionalista
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Cuando el poder desborda la legalidad internacional
Por María Muriel*
El derecho internacional moderno fue concebido como un sistema normativo destinado a regular la convivencia entre Estados soberanos, limitar el uso de la fuerza y ofrecer mecanismos de resolución pacífica de controversias. Esta arquitectura jurídica —sostenida por tratados, principios y organismos multilaterales— descansa sobre una premisa fundamental: que los Estados con mayor poder acepten autolimitarse en favor de un orden común. Cuando esta premisa se rompe, el sistema entero se vuelve frágil.
El principal problema del derecho internacional no es su falta de normas, sino su dependencia estructural del poder. Su eficacia no emana de una autoridad coercitiva supranacional, sino de la voluntad política de quienes lo garantizan. En ese sentido, la pregunta clave no es si el derecho internacional existe, sino para quién existe y cuándo resulta vinculante.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela —incluido el secuestro de su presidente— debe analizarse dentro de una larga tradición de intervenciones extraterritoriales. Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores, este caso se caracteriza por la casi total ausencia de una narrativa legitimadora basada en valores universales como la democracia, los derechos humanos o la protección de civiles. La ruptura no es solo jurídica, sino discursiva.
Bajo la presidencia de Donald Trump, la acción no parece orientada a la restauración del orden democrático venezolano, aunque ese resultado pueda considerarse un efecto colateral positivo. El objetivo central responde a una lógica de poder material: control, extracción y reposicionamiento geopolítico. Desde esta perspectiva, la intervención se inscribe más claramente en una tradición colonial de explotación que en un marco de responsabilidad internacional.
Este patrón refuerza la idea de que el derecho internacional opera de manera selectiva. Estados Unidos lo invoca cuando fortalece su posición y lo desestima cuando limita su margen de acción, incluso revirtiendo compromisos multilaterales que previamente impulsó. La legalidad internacional, así, se convierte en un instrumento contingente, no en un límite real al poder.
En este contexto, resulta pertinente preguntarse si la intervención en Venezuela funciona como un mensaje regional. ¿Una reactivación implícita de la Doctrina Monroe, que reafirma a América Latina como una zona de influencia subordinada?
Si aceptamos que el derecho internacional solo rige cuando coincide con los intereses de la potencia hegemónica, entonces la preocupación es legítima. ¿Cuál es el siguiente Estado susceptible de intervención? ¿Colombia? Un país estratégico, rico en recursos y clave en el equilibrio regional, cuya soberanía podría volverse negociable bajo esta lógica de poder sin contrapesos.
*Abogada y Maestra en Resolución de Conflictos
Cuba frente al reordenamiento del poder
Por Mateo Ritch Rocha*
La operación de Estados Unidos que derivó en la caída de Nicolás Maduro alteró de forma abrupta el equilibrio regional. Presentada como una acción de seguridad, sus efectos se extendieron más allá de Venezuela y alcanzaron a países estrechamente vinculados al chavismo, con consecuencias humanas que rara vez ocupan el centro del debate.
Cuba enfrenta ese impacto de manera directa. La relación energética con Venezuela ha sido un sostén clave para la vida cotidiana en la isla. La interrupción del flujo petrolero se traduce en apagones prolongados, transporte limitado, servicios públicos tensionados y hospitales operando con recursos cada vez más escasos. Estas condiciones afectan derechos básicos como la salud, la movilidad y el acceso a una vida digna, y profundizan una crisis que ya era estructural.
La confirmación de muertes de personas cubanas en el contexto de la operación añadió una dimensión especialmente grave. Ese dato expuso el nivel de involucramiento de Cuba en la estructura de seguridad venezolana y volvió visible una realidad incómoda: las decisiones geopolíticas también producen víctimas que quedan fuera de los marcos formales de protección. Sus muertes circulan como información secundaria, sin verdad plena ni procesos claros de rendición de cuentas.
Desde una mirada de derechos humanos, el foco está en las prácticas que se normalizan cuando la fuerza se impone como herramienta principal. La intervención militar y el cerco económico avanzan con evaluaciones limitadas sobre su impacto humano, mientras la responsabilidad se diluye entre discursos de legalidad y seguridad. Las instituciones internacionales reaccionan con cautela, y ese silencio amplifica el daño.
Lo que se perfila para Cuba es una presión sostenida que erosiona la vida civil. Nombrar este escenario implica reconocer que las estrategias de poder no son neutras y que, cuando se ejecutan sin límites claros, el costo recae de manera desproporcionada sobre quienes tienen menos margen para protegerse.
*Analista de derechos humanos
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