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"Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”, advirtió el fiscal Walter Joseph "Jay" Clayton III, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, al anunciar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios estatales por tráfico de drogas y delitos relacionados con el uso de armas.
El de Rocha no será el primer caso de alto impacto que lleve Jay Clayton, uno de los fiscales consentidos del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien conoce de hace años.
Clayton era socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell, pero en la primera administración Trump, éste lo designó como presidente de la Comisión de la Bolsa y de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
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Poco antes de que Trump dejara el cargo, Clayton regresó al bufete, en diciembre de 2020.
Sin embargo, con Trump de regreso a la Casa Blanca, Clayton fue nombrado fiscal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los más relevantes, en abril de 2025.
En noviembre del año pasado, la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció con bombo y platillo que sería Clayton quien estaría al frente de las investigaciones sobre la presunta relación del fallecido financista pederasta Jeffrey Epstein con figuras demócratas como el expresidente Bill Clinton, el expresidente de la Reserva Federal Larry Summers y el empresario Reid Hoffman, entre otros, en lo que muchos vieron como un intento del mandatario por desviar la atención de las acusaciones de presuntos nexos de Epstein con él mismo y los reclamos de que difundiera la llamada "lista Epstein", que luego el gobierno del republicano dijo no existía.
En ese momento, Bondi describió a Clayton como "uno de los fiscales más capaces y confiables del país", y aseguró que el Departamento de Justicia trabajaría "con urgencia e integridad para dar respuestas al pueblo estadounidense" sobre el caso.
En enero pasado, tras la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales estadounidenses, ambos fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por tráfico de drogas y narcoterrorismo.
¿El fiscal del caso? Jay Clayton, quien de entrada enfrentó el problema de si los acusados podían financiar sus casos con dinero del gobierno venezolano. Finalmente se determinó que sí procede.
Durante un discurso, en septiembre de 2025, Clayton dijo que tenía dos prioridades: los cárteles de la droga y la violencia armada.
Subrayó como objetivo "detener a los líderes de los cárteles" y advirtió que la "corrupción" era un método estándar que emplean para poder operar sin problemas.
En la acusación contra Rocha Moya y los otros nueve coacusados, que firma Clayton, se menciona precisamente que se "vendieron" a los cárteles; en específico, "Los Chapitos", y "han desempeñado diversas funciones esenciales para el cartel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal". Ello, a cambio de sobornos por "millones de dólares".
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"Como pone de manifiesto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes similares no podrían operar con tanta libertad ni éxito sin contar con políticos y agentes de las fuerzas del orden corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al mortífero tráfico de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con los narcotraficantes: independientemente de su cargo o posición, estamos decididos a llevarlos ante la justicia", dijo el fiscal al anunciar los cargos.
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