El 29 de abril marca un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la compleja relación de Estados Unidos con México. La decisión del Departamento de Justicia, a través del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de acusar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a personal que presta o prestó sus servicios en su gobierno por su protección al narcotráfico a cambio de “sobornos cuantiosos”, es demoledora. A esas acusaciones se agrega la participación de uno de los imputados (Juan Valenzuela Millán) en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y un familiar.

Durante las elecciones de 2021, en las que Rocha resultó electo como gobernador, el Cártel de Sinaloa operó con un cinismo brutal a favor de Morena: “bajó” a punta de pistola a candidatos incómodos, “levantó” a decenas de operadores del PRI, asaltó casillas y robó urnas. En otro momento este escribidor advirtió que un pacto de esa envergadura del Cártel con Morena requería la aprobación del mandamás, no del delegado en ese proceso, Américo Villarreal, ni del candidato a gobernador, Rubén Rocha, ni siquiera del entonces presidente del partido, Mario Delgado, sino del jefe de jefes, que habría decidido pactar con el diablo.

El entonces gobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México ante España, entregó la plaza y calló ante la arremetida de los Chapitos. A partir de los primeros días de su gobierno, Rocha Moya ajustó las piezas, significativamente la fiscalía, la policía de Culiacán y el Poder Judicial, para ponerlas al servicio del Cártel. Como candidato, Rocha reconoció ante el periodista Salvador García Soto que no se podía gobernar Sinaloa sin arreglos con los narcos. A confesión de parte…

De forma inaudita, a lo largo de los últimos cinco años los gobiernos de la 4T, primero con López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum, han protegido a Rocha. “Vamos a seguir apoyando al gobernador Rubén Rocha Moya”, dijo hace unos días, casi a gritos, la Presidenta, y cómo no recordar un desplegado de agosto de 2024 firmado por Mario Delgado y los gobernadores morenistas expresando su absoluto respaldo a Rubén Rocha “ante las mentiras y la estigmatización de las que había sido objeto”.

La primera respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya frente a la acusación es inaudita, dice que es un ataque contra el Movimiento y contra López Obrador, pero las denuncias arrinconan a la doctora Sheinbaum, a la fiscal Ernestina Godoy y al partido Morena y cuando la Presidenta dice: “Le creemos al gobernador, es compañero del Movimiento desde hace tiempo”, solo se enreda más porque Sinaloa es una entidad federativa tomada por una organización criminal.

Una cuestión me intriga: ¿sacrificará la Presidenta a Rocha Moya o dejará que Trump brame, el lodazal la ensucie y que todo esto la lastime y le reste autoridad? Y algo más: hoy son las redes de protección al narco en Sinaloa, pero esto apenas comienza. ¿Llegará hasta Palenque?

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