Durante las últimas dos semanas, la palabra "soberanía" ha sido manoseada hasta el cansancio. La muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua desató una tormenta retórica desde el oficialismo, rasgándose las vestiduras por la injerencia extranjera y la violación a nuestro territorio. Sin embargo, el estallido de una nueva bomba diplomática y judicial ha dejado ese discurso pendiendo de un hilo: la formal acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
De pronto, el mapa político de México nos escupe a la cara una realidad brutal. Hoy, el Estado mexicano padece dos tipos de gobernadores: los que le abren la puerta de par en par a las agencias estadounidenses para que se infiltren e investiguen en su territorio, y los que están infiltrados hasta la médula por el crimen organizado. Ambos perfiles representan una claudicación del Estado, pero nos obligan a plantearnos una pregunta incómoda: ¿cuál de los dos modelos le resulta más útil a Washington y cuál resulta más peligroso para México?
Por un lado, tenemos el escenario de Chihuahua con Maru Campos. Permitir que agentes de inteligencia extranjera operen, investiguen (y mueran) en suelo nacional sin el control del gobierno federal es, a todas luces, una vulneración al pacto federal y a la seguridad nacional. Es la entrega de las llaves de la casa a un país extranjero ante la inoperancia de las fuerzas locales.
Por el otro lado, tenemos el caso de Sinaloa con Rocha Moya. La acusación estadounidense no cae en el vacío; es la confirmación judicial (desde el exterior, porque aquí la fiscalía prefiere mirar al techo) de un secreto a voces. Estamos hablando de un gobernador señalado por cogobernar con la estructura del Cártel de Sinaloa. Escudarse en la "soberanía" para defender a un mandatario estatal acusado de narcotráfico no es patriotismo, es complicidad institucional.
Es urgente poner un alto a la política del encubrimiento dictada desde el atril presidencial. Durante el sexenio anterior, la estrategia fue el espaldarazo incondicional desde las mañaneras: Andrés Manuel López Obrador no se cansaba de visitar Sinaloa, de posar sonriente para la foto junto a Rocha Moya y de defenderlo hasta el cansancio ante cualquier sombra de sospecha.
Ambos gobernadores son profundamente cuestionables. La entrega del territorio, ya sea a una agencia de inteligencia extranjera o a una corporación criminal, es el síntoma de un Estado fallido a nivel regional.
Pero el verdadero drama político de esta dicotomía no recae en Chihuahua ni en Sinaloa, sino en Palacio Nacional. La disyuntiva que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum es un campo minado sin salidas fáciles. ¿Con qué vara medirá estas afrentas a la soberanía?
Si la línea dura del nacionalismo se impone, ¿veremos a la mayoría oficialista en el Congreso promoviendo un juicio político por traición a la patria contra Maru Campos por haber tolerado a la CIA en su estado? Y si ese es el estándar de firmeza, ¿qué hará con Rubén Rocha Moya? ¿Tendrá la Presidenta la fuerza política —y la voluntad— para ordenar la detención y extradición de un gobernador emanado de su propio movimiento, entregándolo a la justicia estadounidense que tanto ha criticado en las últimas semanas?
Ir tras Maru Campos sin entregar a Rocha confirmaría que la ley y la soberanía es solo un arma de persecución contra la oposición.
Sheinbaum está acorralada entre la CIA y el Cártel. Su decisión definirá no solo la relación bilateral para el resto del sexenio, sino el mensaje definitivo que el Estado mexicano le mandará a los criminales y a Washington: si la soberanía es un valor real que se defiende parejo, o si es solo un disfraz de ocasión para encubrir la miseria de nuestros propios gobernantes.
@MaiteAzuela