La visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no fue un mero trámite diplomático; fue el escenario donde las madres de las personas desaparecidas desnudaron la farsa institucional de un Estado que simula buscar, simula reparar y simula hacer justicia: “Es su mayor reclamo, que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”, ha dicho Volker Türk en conferencia de prensa.
Antier, 21 de abril, frente al representante de la ONU, las familias expusieron lo que en el discurso oficial se intenta sepultar: una profunda y criminal falta de seriedad del gobierno mexicano para articular procesos integrales de búsqueda en vida, verdad y reparación.
El diagnóstico que las madres entregaron a Türk es demoledor porque destruye el mito de que México necesita más tiempo o más leyes para actuar. La legislación existe desde la expedición de la Ley General de Víctimas en 2013, lo que demuestra que “no es un problema legal, sino de compromiso real para atender a las víctimas de todas las violencias”, le dijeron las madres a Türk. Sin embargo, el aparato estatal prefiere la inacción.
Las familias denunciaron frente a la ONU una cifra que es una vergüenza monumental: el Sistema Nacional de Atención a Víctimas lleva más de 4,581 días sin ser convocado por ningún gobierno. La exigencia de búsqueda en vida ha sido reducida a papel mojado. Casos recientes, como el de Edith en Ciudad de México, confirman que las autoridades siguen sin reaccionar. Ante esta simulación gubernamental, la petición al Alto Comisionado fue contundente: “No crea las cuentas alegres que presenta el Estado”.
Las madres advirtieron que las supuestas reformas recientes no buscan solucionar la crisis forense, sino que han servido como “pretexto para regular un sistema masivo de vigilancia a toda la ciudadanía”. En materia de reparación integral, las víctimas expusieron que no existe una política de Estado, sino un “abandono institucional, trato indigno, negligencia y más aún, mentiras flagrantes”.
No hay proyectos dignos para restituir proyectos de vida truncados, ni atención al daño psicosocial. Y mientras el Estado abandona sus obligaciones, la tragedia recae sobre los hombros de las madres: “Somos las familias las que buscamos y encontramos a los seres queridos”.
El drama se agudiza porque, tras agotar sus vidas buscando, a menudo “los vamos localizando sin vida”, solo para estrellarse contra una “crisis forense con falta de presupuesto y desidia institucional”. La justicia y la verdad son rehenes de un “pacto de impunidad sistémica”. Las familias explicaron a la ONU que el país sobrevive bajo una “gobernanza criminal territorial que imponen las redes macrocriminales con sus estructuras políticas, empresariales y criminales”.
Las madres pidieron a Türk que apoye en la Asamblea General de la ONU la intervención solicitada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para que México reciba ayuda internacional. Exigieron que se dote de presupuesto suficiente a la búsqueda e identificación —restituyendo el mínimo del 0.014% para atención a víctimas— y pusieron el dedo en la verdadera llaga institucional, advirtiendo que “la reforma que sí hace falta es a las fiscalías general y de las entidades federativas”.
El mensaje entregado a Volker Türk es un ultimátum moral: mientras el Estado mexicano prefiera maquillar cifras y desmantelar presupuestos, la comunidad internacional debe saber que en México, a los desaparecidos no los busca el gobierno; los buscan sus madres, escarbando la tierra y exigiendo la verdad que las autoridades se empeñan en ocultar.
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