América Latina “privilegia compra de armamento”

San José.- Empujada a la peor crisis humanitaria de su historia por la pandemia del Covid-19 y con la opción de aprovechar el desprestigio de ejércitos y militares, por corrupción, abuso de poder, reprimir y violar los derechos humanos, América Latina y El Caribe llegó a una etapa sin precedentes: eliminar o recortar su presupuesto castrense para invertir en salubridad e investigación biomédica.

Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que los países latinoamericanos y caribeños gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.

En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan) mostró las carencias del área: 14.3 millones de personas defecan al aire libre, 17.5 millones usan letrinas simples y sólo 51.8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos. EL UNIVERSAL tiene copia del informe del SIPRI, del que está excluida Costa Rica porque abolió su ejército en 1948 y prefirió gastar en salud y educación y no en fuerza armada. El reporte abarcó a México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En una creciente desigualdad social que en 2019 causó violentas y mortales protestas en la zona, reemergió la duda del por qué, sin estar en un conflicto bélico, América Latina y El Caribe gasta en soldados, cuarteles, submarinos y aviones de guerra o tanques en lugar de priorizar la salud, la educación y la investigación biomédica.

América Latina “privilegia compra de armamento”

Para la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, agrupación no estatal de Venezuela sobre seguridad, defensa y fuerzas armadas, “nunca es buena” la idea de comparar la inversión estatal en un avión de guerra con la que se hace en un hospital.

“La seguridad y defensa es una política pública importante para los Estados”, afirmó, al admitir a consulta de este periódico que “es legítimo plantearse en tiempos de una pandemia global cómo estaríamos enfrentándola de haber preferido los Estados invertir en salud y educación antes que en adquisición de sistemas de armas”.

El planteamiento es “más que pertinente sobre todo por la opacidad y por la corrupción que ha caracterizado la adquisición de armas en muchos países”, alegó.

Tras lamentar que el desembolso militar creció y el de salud decreció de 2010 a 2019, el abogado boliviano Jaime Aparicio, embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró a este rotativo que la tendencia del gasto castrense subió en esa fase en la región “más de 3% contra una media global de 2%”.

“Fue un crecimiento sin ninguna explicación. Debió invertirse en salud y educación. En ningún país se logró la meta de gasto de 7% u 8% del Producto Interno Bruto en salud”, adujo Aparicio.