Cada año, la Corte Suprema de Estados Unidos recibe alrededor de 7,000 solicitudes para analizar casos y termina emitiendo sentencias en aproximadamente 70. Las y los ministros revisan los expedientes, votan para decidir cuáles asuntos ameritan un análisis de fondo, escuchan a las partes en audiencias, estudian con detalle los argumentos, deliberan entre sí, redactan proyectos y votos disidentes, los afinan mediante intercambios escritos y, finalmente, publican una sentencia.
En los últimos años, sin embargo, ha cobrado fuerza una práctica que rompe con ese procedimiento. Se trata de las aplicaciones de emergencia, conocidas como shadow docket, un mecanismo que privilegia la rapidez sobre la transparencia y que prescinde de una justificación jurídica desarrollada. Cuando la Corte resuelve por esta vía, emite una decisión sin un estudio exhaustivo del caso, sin escuchar a las partes y sin ofrecer una explicación detallada de su razonamiento. Aunque en teoría se trata de medidas temporales, sus efectos suelen ser duraderos e incluso irreparables, como ha ocurrido con políticas que han permitido la deportación de cientos de personas.
El sábado pasado, Jodi Kantor y Adam Liptak publicaron una investigación que revela una serie de cartas internas entre las y los ministros. En ellas se documenta un caso de 2016 en el que, por primera vez, se utilizó este mecanismo. Ese año, el entonces presidente Barack Obama impulsó un conjunto de medidas para combatir el cambio climático que tendrían un impacto significativo en gobiernos estatales y en diversas industrias. Varios estados gobernados por republicanos y actores empresariales impugnaron estas políticas ante tribunales inferiores y solicitaron que no entraran en vigor mientras se resolvía el fondo del asunto. Tras el rechazo de esa solicitud, acudieron a la Corte Suprema para pedir la suspensión.
Las cartas muestran que el ministro presidente John Roberts presentó el caso a sus colegas y propuso congelar las políticas de Obama bajo el argumento de que implicaban costos millonarios para empresas y gobiernos estatales. El ministro Stephen Breyer cuestionó la urgencia de esa decisión y advirtió que las medidas no obligaban a las empresas a actuar de inmediato, pues su implementación completa estaba prevista para 2030. Desde su perspectiva, lo prudente era permitir que los tribunales inferiores continuaran con el análisis y esperar a que el caso llegara a la Corte por la vía ordinaria.
A pesar de estas objeciones, Roberts insistió en la necesidad de intervenir de forma inmediata y sostuvo que se trataba de una de las regulaciones más costosas en la historia. El ministro Samuel Alito añadió que no actuar podría afectar la legitimidad del tribunal. En ese momento, la Corte se encontraba dividida y el voto decisivo solía recaer en Anthony Kennedy, quien finalmente respaldó la propuesta del ministro presidente. La decisión se publicó en un documento de apenas un párrafo, sin anticipar que ese formato se convertiría en una práctica recurrente durante la década siguiente.
Las cartas también revelan, quizá por primera vez con este nivel de detalle, la forma en que las y los ministros se comunican entre sí y construyen sus argumentos. Dejan ver tensiones, desacuerdos profundos e incluso la distancia personal que puede existir entre ellos. Sin embargo, eso no debería ser lo relevante. No importa si son cercanos o si son amigos. Lo verdaderamente importante es que existan las condiciones institucionales para que puedan llegar a la mejor sentencia posible.
Esas condiciones se encuentran en el procedimiento tradicional, el cual permite a las y los ministros justificar sus decisiones mediante argumentos construidos a partir de la deliberación colectiva y el análisis riguroso. Las sentencias cumplen una función esencial de legitimación al explicar a la ciudadanía las razones detrás de cada decisión. Los jueces no son elegidos por voto popular, pero tienen la obligación de presentar los razonamientos que dan lugar a sus decisiones. Las aplicaciones de emergencia rompen con esa lógica, debilitan la transparencia y ponen en riesgo tanto la legitimidad judicial como la certeza jurídica.