Más Información
El año 2025 fue testigo de diversos hechos que sacudieron al país, incluso, algunos de ellos ocuparon las primeras planas no solo de México, sino del mundo.
Desde inundaciones hasta campos de reclutamiento y exterminio, marcaron el panorama actual mexicano, atravesado por crisis sociales, ambientales y de seguridad, que dejaron huella en la opinión pública.
Estos acontecimientos configuraron un año que puso a prueba a las instituciones y a la ciudadanía, y que dejó preguntas abiertas sobre el rumbo del país y los desafíos que marcarán el inicio del 2026.
Rancho Izaguirre: la entrada al infierno
El 5 de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó del hallazgo de 3 crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
El sitio fue catalogado como un campo de confinamiento, adiestramiento y exterminio dirigido por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Entre los objetos hallados por los buscadores, destacan decenas de restos óseos, al menos 400 pares de zapatos y cientos de prendas de vestir, así como objetos personales.
La Fiscalía de Jalisco comenzó labores de investigación en el sitio ante posibles "hornos crematorios" en el predio, aunque meses después, el fiscal general desmintió la información.
Semanas después del descubrimiento, la Fiscalía General de la Republica asumió las indagatorias, ya que de acuerdo con el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, las autoridades estatales y municipales de Teuchitlán tuvieron al menos 15 omisiones.
Lee también:
El 23 del mismo mes se dio a conocer la detención de José Gregorio "N", alias "El Lastra" como presunto líder reclutador del CJNG y vinculado a los hechos en el rancho.
Además, por los hechos, fueron detenidas diez personas entre las que se encuentran Lenin “N” —o Kevin “N”—, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”, los cuales fueron sentenciados a 141 años y tres meses de prisión y el pago de 1.3 millones de pesos como reparación de los daños.
Unos meses después, el 7 de octubre, Gertz Manero anunció que 19 personas han sido detenidas y procesadas como resultado de las investigaciones, entre las que se encuentran el presidente municipal y el jefe de la policía de un municipio cercano, presuntamente por vínculos con el CJNG y actividades de huachicol.
Además, Alejandro Gertz reconoció que las autoridades aún no han determinado la identidad de los restos encontrados.
Lee también Los otros “Izaguirre”: el corredor del adiestramiento del narco
Crematorio Plenitud: una pesadilla sin fin
El 26 de junio, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en Ciudad Juárez, inició un procedimiento administrativo en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Autoridades informaron que dentro del crematorio se habían encontrado, como primer cifra, 60 cuerpos sin calcinar. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas en el predio, la cifra se elevó hasta sumar 383 cuerpos abandonados.
Por los hechos, fueron detenidos José Luis A. C., y Facundo M. R., dueño y empleado del crematorio respectivamente, por el delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.
El fiscal del estado informó que el crematorio daba servicio a seis funerarias en Ciudad Juárez: Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamérica y Amor Eterno.
José Luis y Facundo fueron vinculados a proceso el 4 de julio, permaneciendo en prisión preventiva hasta la próxima audiencia citada para el 4 de enero del 2026.
A casi tres meses del juicio, el 31 de octubre, se reportó el fallecimiento de Facundo dentro del Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, quien, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar crónica.
Hasta el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía General del Estado, informó que han sido identificados 160 cuerpos, de los cuales, 148 ya han sido entregados a sus familias. También detalló que ya suman 109 denuncias por fraude.
Lee también Buscan visibilizar caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez
Un año de guerra narca en Sinaloa
El 9 de septiembre del 2025, Sinaloa cumplió un año sumido en una espiral de violencia que no da señales de agotamiento.
La entidad vive una guerra abierta entre dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de víctimas, comunidades paralizadas, una economía golpeada y una sociedad evidentemente afectada.
La guerra narca comenzó como una disputa interna tras la captura y posterior proceso judicial en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, que derivó en una confrontación sostenida entre los grupos conocidos como “Los Chapitos” y “Los Mayos”, con Culiacán como principal zona de conflicto.
Lee también Cae "La Piruja", líder de "Los Rusos" en Mexicali; era objetivo prioritario de Seguridad
Durante más de doce meses, la violencia se volvió parte de la vida de los sinaloenses, con balaceras a plena luz del día, bloqueos con vehículos incendiados, ataques armados en colonias y hallazgos de cuerpos.
De acuerdo con cifras oficiales, en un año sumaron alrededor de mil 850 muertes violentas, en las que se encuentran mujeres, infancias y hombres.
Además, 46 elementos de seguridad de corporaciones municipales, estatales, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado y federales han sido asesinados; 33 de ellos fueron privados de la vida en Culiacán.
Lee también Tras más de 20 horas, controlan incendio en relleno sanitario de Culiacán, Sinaloa
Las confrontaciones armadas entre los grupos rivales, en ciudades y en el medio rural han incrementado las desapariciones forzadas, que suman mil 804 casos denunciados.
Los despojos violentos de 7 mil 810 vehículos de todas las marcas y modelos, son parte del día a día desde hace un año.
Aunque se ha reforzado la seguridad en la entidad con miles de elementos federales como miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, la violencia no parece terminar, aunque se ha logrado la detención de más de mil personas.
Lee también Se intensifica la violencia en el centro y sur de Sinaloa
De acuerdo con fuentes federales, del 1 de octubre del 2024 al 18 de agosto de este año, en el estado fueron detenidas mil 615 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo. También se desmantelaron 105 laboratorios de metanfetaminas.
Pero las repercusiones también han sido económicas. Hasta hace unos meses, se calculaba que el daño a sectores productivos, así como grandes comercios, rondaban los 36 mil millones de pesos.
La vida cotidiana ha cambiado de manera drástica: comercios que cierran temprano, escuelas que suspenden clases, eventos cancelados y colonias enteras que se vacían al caer la noche.
Lee también Investigan intoxicación de 40 menores en guardería de Guasave, Sinaloa; siete permanecen hospitalizados
En su análisis “Un año sin paz en Sinaloa”, el especialista Francisco Rivas, Director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que la normalización de la violencia ha deteriorado la confianza ciudadana y exhibe la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad, pese al despliegue constante de fuerzas federales y estatales.
A un año del inicio de esta confrontación, Sinaloa permanece atrapado en una guerra sin un desenlace claro. Las cifras de homicidios, desapariciones y delitos patrimoniales siguen siendo elevadas, la economía continúa resentida y la población vive con la incertidumbre de no saber cuándo ni dónde estallará el próximo enfrentamiento.
Lluvias atípicas y falta de avisos a la población, dejan inundaciones y devastación
Durante los primeros días de octubre, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz fueron afectados por las fuertes lluvias registradas como resultado de sistemas tropicales y perturbaciones que intensificaron los aportes de humedad en la región.
Las precipitaciones entre el 6 y el 11 de octubre acumularon más de 500 milímetros en algunos puntos, lo que provocó inundaciones severas, desbordamientos de ríos, deslaves y el colapso de infraestructura como carreteras, puentes y vías de comunicación.
El impacto humano fue significativo, dejando, oficialmente, 80 muertos en los cinco estados, al menos 18 personas no localizadas, miles de viviendas dañadas o destruidas y pérdidas millonarias en el sector agrícola y servicios básicos. La mayor parte de las víctimas ocurrieron en Veracruz.
Las autoridades activaron planes de emergencia, evacuaron comunidades y desplegaron equipos de rescate para atender a la población afectada.
La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con la gobernadora de Veracruz y los mandatarios de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí para dar a conocer las afectaciones y necesidades en cada municipio tras las lluvias.
A unos meses de las inundaciones, diversas comunidades han comenzado a levantarse, exigiendo una mejor respuesta de las autoridades en emergencias, así como continuar con los apoyos a los afectados.
Cuando el campo grita: Paro Nacional de Agricultores y Transportistas
El martes 14 de octubre comenzó en 16 estados de la República el Paro Nacional de Agricultores, en exigencia de mejora de precios a los productos del campo y apoyo al agro mexicano.
Cada entidad tenía sus propias demandas, pero las principales eran otorgar un precio fijo a la tonelada de maíz, vendiéndolo en 7 mil 200 pesos.
Con tractores, pancartas y producto tirado, miles de productores bloquearon las principales carreteras de sus estados, exigiendo que las autoridades los escucharan y provocando caos vial de hasta 30 horas y pérdidas millonarias.
Otro hecho similar sucedió el 24 de noviembre. Agricultores, junto con transportistas, se sumaron a las exigencias una mayor seguridad en carreteras y acciones contra las extorsiones.
Como resultado de las diversas manifestaciones, autoridades ofrecieron mesas de trabajo con los sectores afectados.
El 18 de diciembre, tras más de 8 horas de negociaciones, agricultores y transportistas llegaron a un acuerdo con el gobierno de México: mayor seguridad en las carreteras federales y estatales, así como la "coordinación" para "garantizar la gobernabilidad" y el bienestar del campo, la instalación de una mesa técnica para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, soya y cebada, así como para revisar el acopio de maíz y frijol y la inclusión de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, entre otros puntos.
Se espera que la semana que inicia el 12 de enero de 2026 se llevará a cabo una reunión de trabajo para discutir sus propuestas relativas al sistema de ordenamiento de mercado y la comercialización del maíz.
Marcha Generación Z
El 15 de noviembre se realizó la primera edición de la Marcha de la Generación Z, convocada por jóvenes hartos de la violencia en el país y de los movimientos políticos que los dejan de lado, agregando hechos de crueldad como el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo y la guerra en Gaza.
La protesta generó revuelo por verse respaldado por figuras políticas de oposición y grupos conservadores, aunque a través de su red social oficial, el movimiento se declaró apolítico.
Sheinbaum cuestionó la legitimidad de la marcha, al asegurar que “no tiene nada que ver con una manifestación legítima".
Lee también Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo
La cita fue alrededor de las 11 de la mañana en puntos emblemáticos de más de 50 ciudades del país, con intenciones de que se culminara en las inmediaciones de los respectivos Palacios de Gobierno.
En la Ciudad de México, en donde se registró la mayor presencia de asistentes e incidencias, la manifestación terminó en desmanes, enfrentamientos y una fuerte represión, que dejó al menos 120 heridos y 20 detenidos.
Otros de los estados con varios detenidos fue Jalisco, con 40, de los cuales 32 quedaron en libertad y 8 fueron vinculados a proceso.
Descarrilamiento del Tren Interoceánico
El domingo 28 de diciembre, a unos días de finalizar el año, el Tren Interoceánico se descarriló sobre el kilómetro 230+300 de la Línea Z entre las poblaciones de Nizanda y Chivela de Oaxaca.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que abordo iban 250 personas, de los cuales 9 eran tripulantes y 241 pasajeros que se dirigían a Veracruz.
El incidente provocó la muerte de 13 personas, 98 heridos y 5 en estado de gravedad, los cuales, según la presidenta Claudia Sheinbaum, reciben atención en hospitales de IMSS de Matías Romero y Salinas Cruz, así como el IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido.
Tras el descarrilamiento, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció la instalación de “un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el gobierno del estado, el gobierno municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población".
Un día después de los hechos, Sheinbaum visitó a las víctimas que se encuentran hospitalizadas y a sus familiares e informó que se entregarían apoyos de 30 mil pesos a los afectados para gastos inmediatos y necesidades primordiales.
El martes 30 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se realizan las diligencias relativas a la caja negra, conocida como "pulser".
“Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal (MPF), personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias", destacó la FGR .
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]