Ignoran sobreexplotación en Río Grande, Oaxaca

Oaxaca.— Cada día, una imagen se repite sobre la carretera federal 135 que conecta a la ciudad de Oaxaca con San Juan Bautista Cuicatlán, un municipio de la región Cañada: camiones con góndola circulan con aproximadamente 40 toneladas de arena y grava. Sus viajes son de ida y vuelta, entre 10 y 12 viajes todos los días.

La arena y material pétreo que transportan es extraído del río Grande, el afluente más importante de la región y fundamental para mantener el hábitat de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, área natural protegida que abarca más de 490 mil hectáreas de los estados de Puebla y Oaxaca, reconocida por la Unesco como Patrimonio Mixto de la Humanidad.

El saqueo de este material usado para la construcción ocurre en un tramo del afluente ubicado en San Pedro Chicozapotes, una localidad del municipio de San Juan Bautista Cuicatlán; y la sobreexposición del río es realizada por el político expriista, hoy converso al partido Morena, Elpidio Concha Arellano, y por Rubén Fernández, hermano de Rolando Fernández, esposo de Rosa Gloria Chagoyán, actriz mexicana conocida como Lola la Trailera.

Luchan por detener la explotación

Las autoridades agrarias y habitantes de la comunidad se han organizado desde hace una década para detener la explotación desmedida del río. Su lucha inició hace nueve años, cuando interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); pero cada una de las denuncias fue archivada o desechada. También realizaron manifestaciones públicas, movilizaciones y protestas; pero no hubo ningún resultado.

Ante la sobreexplotación de la arena y el material pétreo que se ha extendido a otras zonas del río, como la ubicada en la comunidad de El Chilar, decidieron retomar su movimiento para detener el daño ambiental que se causa no sólo al río Grande, sino también a la reserva de la biosfera, y que impacta en la sustentabilidad de estas comunidades mazatecas.

Los habitantes tienen temor por su integridad y por su vida. Han sido víctimas de amenazas y amedrentamiento. Por ello, piden a EL UNIVERSAL reservar sus nombres por seguridad.

Detrás de este daño ambiental, aseguran, también se revela un caso de tráfico de influencias para despojar de tierras a la comunidad mediante la falsificación de actas de asamblea y la colusión de las instituciones encargadas de regular las tierras como el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El descubrimiento se remonta a 2012. Ese año la comunidad de San Pedro Chicozapotes inició la certificación de sus tierras a través del programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) operado por el RAN, en medio de un conflicto agrario con la comunidad de Santos Reyes Pápalo que tiene más de 60 años.

Después, como parte de la investigación para este proceso, descubrieron que Elpidio Concha tramitó juicios en el año 2016 ante el RAN y la Procuraduría Agraria en donde se adjudicó 47 hectáreas adicionales de la comunidad a las que había comprado a un particular. Y que, en ese proceso, logró la desincorporación de las tierras de la comunidad que colindan con el río Grande, para convertirlas en propiedad privada.

Lo anterior ocurrió sólo meses después de que fue designado, en septiembre de 2015, como delegado de la Sedatu en Oaxaca. Además, invadió el antiguo camino que conducía a la ciudad de Oaxaca, también colindante con el río. “Rubén Fernández hace lo mismo que Elpidio Concha”, aseguran.

En 2017, precisan, el político priista Elpidio Concha inició con la explotación de la arena y material pétreo del río Grande. Durante dos años, afirman, realizó la extracción de los recursos naturales sin contar con la concesión que otorga la Conagua.

Denuncian ante las autoridades

La comunidad decidió interponer denuncias penales ante la entonces PGR, hoy FGR. Una de ellas, por la explotación sin licencia o concesión del material pétreo; la segunda por falsificación de documentos, en la que también denunciaron a un funcionario de la Procuraduría Agraria por la falsificación de documentos, firmas y actas de asamblea, para adjudicarse tierras del ejido; y la tercera, por la destrucción y retiro de las vías del ferrocarril que se encontraban a un costado del camino antiguo.

A estas denuncias, sin embargo, la PGR “dio carpetazo” justo antes de que Elpidio Concha fuera removido como delegado de la Sedatu en Oaxaca. “Él movió todo y les dieron carpetazo a todas las carpetas. Había tres carpetas de investigación en su contra en la PGR”, dicen los pobladores.

Esto permitió que Elpidio Concha continuara con la explotación del río, obtener la concesión de la Conagua a nombre de su hijo Elpidio Daniel Concha Ojeda; Rubén Fernández también obtuvo la concesión para la explotación de la arena y materiales pétreos.

“Fuimos a México, hasta la PGR... Se empezó la integración, fueron los agentes investigadores, los peritos, o sea, había las pruebas suficientes para que las carpetas de investigación se consignaran al juez por los delitos que correspondían... Fuimos a la SCT porque había perjuicios a las vías de comunicación. La SCT en su momento estuvo, según, dispuesta a continuar la investigación, pero al final nadie determinó alguna sanción”.

Después de una década de explotación, las consecuencias ambientales y los daños causados al río comienzan a ser más notorios: la pérdida de la vegetación endémica de la zona, la tala de árboles como sauces que crecen a la orilla del río y una de sus funciones es la retención del agua para evitar inundaciones, entre otras afectaciones.

“Están derribando, o sea, se están cayendo los árboles porque ya han quedado descubiertas las raíces, el agua del río ha mermado mucho. No dudo que interfieran otros factores, pero es muy visible hoy el daño ambiental”.

Ante este deterioro, la comunidad de San Pedro Chicozapotes reinició su lucha en defensa del río Grande. Como parte de esta organización trataron de convencer a las comunidades vecinas por donde también pasa el río, como Dominguillo, San José El Chilar, la cabecera Cuicatlán y San Juan Quiotepec, con el objetivo de que se unieran al movimiento, pero no tuvieron mucho éxito.

“Llegó gente de otras comunidades, quisieron empezar nuevamente a reorganizarse y fortalecer el movimiento y poder iniciar acciones legales como tal, independientemente de que ya hay inconformidad en la sociedad, pero nadie da la cara”.

Una de las razones por las cuales no se ha logrado fortalecer más la defensa del río Grande es porque las personas tienen miedo a represalias, y porque de algún modo la explotación del cauce genera empleos.

Recientemente, habitantes de la comunidad de San José El Chilar protestaron en las calles de la población para pronunciarse en contra de la explotación de la arena y material pétreo del río. Y mientras realizaban la protesta, denunciaron que un grupo de hombres inició un incendio forestal como una forma de amedrentarlos.

Los órganos de representación agraria de San Pedro Chicozapotes aseguran que desde hace dos años venció la concesión otorgada por la Conagua a Elpidio Concha para la explotación de los recursos naturales del río, y pese a ello, continúa con la extracción del material; mientras que Rubén Fernández, el cuñado de Lola la Trailera, aún cuenta con la concesión.

“Pero tengan o no tengan [concesión]”, sentenciaron, “la Conagua nunca ha verificado o revisado los volúmenes de extracción de materiales pétreos y arena; mientras el daño ambiental continúa y se pone en riesgo la supervivencia de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.