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El 23 de agosto de 2021, una comitiva de líderes de la oposición mexicana, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; Marko Cortés, quien entonces era el dirigente nacional del PAN, y Jesús Zambrano, exdirigente nacional del extinto PRD, aterrizó en Washington D.C. con un expediente de 53 páginas que denunciaba lo que llamaron una “narcoelección”.
Lo que en ese entonces fue presentado como un grito de auxilio ante organismos internacionales, hoy recobra fuerza, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La delegación opositora no buscó instancias menores; presentó su denuncia formal ante Luis Almagro Lemes, secretario General de la OEA; Juan S. González, entonces director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Jennifer Brown, del Departamento de Estado, y Tania Reneaum Panszi, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El eje de la denuncia era uno solo: la intervención sistemática del crimen organizado para favorecer a los candidatos del partido oficialista, con especial énfasis en el estado de Sinaloa.
El documento, que entonces se mantuvo reservado y hoy está en poder de EL UNIVERSAL, relata con crudeza la jornada del 6 de junio de 2021. Según los testimonios recabados, grupos armados operaron con precisión militar para desarticular a la oposición.
En Culiacán, la madrugada previa a la elección, comandos irrumpieron en el domicilio de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI.
“Fue golpeado y secuestrado durante 50 horas”. Su “delito” era poseer los nombres y domicilios de toda la estructura electoral que vigilaría las casillas.
Este no fue un hecho aislado. El informe detalla levantones masivos de operadores políticos. Testigos protegidos citados en la denuncia narran cómo hombres armados los subían a camionetas, les cubrían el rostro con cinta canela y les daban un ultimátum: “Déjate de pendejadas. Mañana no te quiero ver en la calle”.
La consigna más aterradora que documenta el informe fue la orden directa de los sicarios a los líderes de zona: “Si no gana Rocha los vamos a matar a todos”.
La coacción no se limitó a la capital. El expediente señala municipios como Badiraguato, Guasave, Concordia y Elota.
En Badiraguato, la candidata Guadalupe Iribe Gascón se retiró tras el secuestro de sus operadores. Mientras que en Concordia, al candidato del PRD “lo cachetearon en su casa” y le ordenaron abandonar el estado.
En Guasave, la regidora Martha Yolanda Dagnino y otros funcionarios municipales fueron retenidos por grupos criminales hasta las 06:00 de la tarde, hora exacta en que cerraron las casillas.
El resultado final fue un triunfo de Rubén Rocha Moya, con 56.60% de los votos, en una jornada donde las autoridades estatales de seguridad guardaron un silencio absoluto ante los reportes de violencia.
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El informe de 53 páginas no sólo ofrece testimonios, sino una numeralia devastadora del proceso electoral 2020-2021 a nivel nacional: mil 66 delitos y agresiones contra políticos y electores; 102 homicidios dolosos de figuras políticas; 24% de los ataques fueron perpetrados directamente por comandos armados; 693 víctimas directas, un incremento de 68% respecto a la elección anterior; 35 agresiones diarias durante la semana previa a la elección.
Tres años después, las piezas del rompecabezas parecen alinearse de forma comprometedora. La detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada y las cartas atribuidas al capo han puesto el nombre de Rubén Rocha Moya en el centro de una investigación de alto nivel en Estados Unidos.
Las acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa, que la oposición denunció en 2021 como el sello de la victoria electoral de Morena, hoy forman parte de la narrativa oficial de las agencias de Estados Unidos.
El caso Sinaloa, descrito en aquella denuncia de 53 páginas, podría ser integrado como un expediente de evidencia sobre los presuntos vínculos de Rocha Moya con el narcotráfico.
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