Un día bastó para que la acusación, exigencia de captura y solicitud de extradición desclasificadas y presentadas el miércoles pasado al mediodía ante un tribunal estadounidense contra el gobernador morenista en funciones Rubén Rocha Moya y otros once funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por asociación delictuosa, narcotráfico, manipulación electoral, secuestro de adversarios políticos y hasta homicidios de informantes, adquiriera el tinte rojo intenso de una crisis política interna y externa sin precedente en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en el de los cuatro que lo han precedido.
En la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, -uno de los diez documentos entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores el martes 28 de abril pasado con la petición de detener a los acusados con fines de extradición- hay al menos dos elementos explosivos:
1. La acusación de que las elecciones de 2021 en Sinaloa habrían sido intervenidas por la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, con intimidación y secuestro de rivales políticos, así como el robo de papeletas para favorecer a Rocha Moya a cambio de protección, impunidad y libertad operativa para la organización delincuencial.
Y 2. El nivel de confrontación, muy cercano a la ruptura, al que ha llegado la relación bilateral con Estados Unidos luego de que -en orden cronológico inverso- el gobierno de Sheinbaum recriminara ayer a Washington la violación de la confidencialidad a la que obliga el tratado de extradición entre los dos países, exigiera pruebas contundentes y suficientes de la acusación sin las que, dijo, “el objetivo de esta acusación es político” y calificara de “injerencista” al embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson; mientras que el 19 de abril anterior un azaroso y trágico accidente desvelara la intervención no autorizada de dos agentes de la CIA muertos en un operativo antinarcóticos en Chihuahua y diera lugar a reclamos de responsabilidad constitucional a la gobernadora panista de esa entidad, María Eugenia Campos, y a sus funcionarios por haberlo autorizado sin tener la atribución de hacerlo y de que, antes de ese episodio, filtraciones atribuidas a Johnson y el propio presidente Donald Trump se refirieran a investigaciones en curso contra “narcopolíticos” mexicanos y cancelaciones de visas.
Ya no se trata ahora de filtraciones, sino de una acusación formal ante una corte federal estadounidense y, en el primero de los elementos explosivos referidos anteriormente, no solo de hechos de corrupción sino de la captura del poder político por el crimen organizado que de confirmarse -de ahí la importancia de las pruebas exigidas- daría la razón a la narrativa paranoica de Washington y nos mostraría adentro y afuera como un Estado fallido en el que Estados Unidos ya no solo va contra los capos de la droga, sino contra gobernadores en funciones y funcionarios públicos. Es decir, se rompe un límite pues pasa de perseguir criminales a integrantes del poder político.
Porque eso son Rocha Moya y el también señalado senador Enrique Inzunza (de quien se dice es cabeza política del grupo del mandatario estatal); el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; y exjefes policiacos acusados de dar protección a Los Chapitos como retribución a su apoyo para llevarlos al poder.
Todo esto, en suma, coloca a la presidenta Sheinbaum en una muy complicada disyuntiva: o los arropa o los entrega. Ayer sostuvo en la mañanera que “no se cubrirá a nadie que haya cometido un delito” y, aunque la frase más bien transita en el terreno de la prudencia, adelanta la posición de arropar a Rocha Moya y con ello al movimiento del que forma parte.
Por el bien del país es preciso transparentar lo ocurrido en Sinaloa pues, de otra forma, se corroboraría lo que muchos mexicanos sospechan: que la violencia criminal que sufrimos ya está asociada a los políticos en turno porque no hablamos de criminales que han infiltrado al Estado, sino de un Estado construido por criminales.
Es innegable el histórico intervencionismo estadounidense en México, pero acaso sea momento de que sin arriar la bandera de la soberanía (no soy de los que aceptarían otra de las invasiones que la historia documenta como devastadoras, a cambio de resultados engañosamente efectivos argüidos por la oposición panista contra el narcotráfico, del que Estados Unidos también es bestia propiciadora) se aproveche la investigación que con estas acusaciones ha iniciado la FGR para deslindar aquí las responsabilidades de Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y coacusados.
No sé si, como parte de su alegato de inocencia, el gobernador de Sinaloa aceptaría solicitar licencia en lo que transcurre la investigación para despresurizar el asunto. Pero al declarar que seguirá al frente del gobierno y referir que cuenta con lo que llamó “apoyo político”, parece una forma velada de decir que, si cae él, caerán otros de Morena. ¿Llegará esto hasta AMLO y sus hijos?
Instantáneas:
1. BÚNKER. Muchos se preguntan si el gobierno de Trump se atrevería a llevar a cabo en Sinaloa con Rocha Moya un operativo militar similar al que realizó en Venezuela para sustraer de Caracas al expresidente Nicolás Maduro y llevarlo a una prisión estadounidense. Por lo que hemos visto con Trump, ese escenario no se descarta. Quizás por eso efectivos de Marina han reforzado desde el miércoles pasado la seguridad y vigilancia en el palacio de gobierno de Culiacán. Y el que prácticamente desapareció desde el miércoles pasado del Senado de la República, es el senador Enrique Inzunza.
2. SOBORNOS. En el documento que enumera los cargos contra Rocha Moya y acusados se habla de diversas reuniones de ellos con Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán de acuerdo con testimonios (muy probablemente de este último y de Ismael “El Mayo” Zambada) que deberán ser probadas. También se acusa de recibir sobornos de Los Chapitos al vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra; al exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés; al exjefe policiaco Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; al exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; y al excomandante de la policía de ese municipio, Juan Valenzuela Millán. El que más recibía (200 mil pesos mensuales) era el vicefiscal Castro Saavedra.
3. MATA INFORMANTES. La acusación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York atribuye al excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, el secuestro junto con Los Chapitos en octubre de 2023 de Alexander Meza León, una “fuente confidencial” que había estado colaborando con la DEA. El secuestro, que terminó con la muerte de Meza León, también incluyó a algunos de sus familiares que -según la acusación- también fueron torturados y posteriormente asesinados.
4. NARRO, PROFESOR EMÉRITO. Resulta que el exrector de la UNAM, José Narro Robles, el otrora “Obispo de Copilco” no renunció a la máxima casa de estudios como él mismo lo anunció hace siete años para buscar la presidencia nacional del PRI. En lugar de renunciar, se jubiló, contrario a lo que él mismo declaró cuando buscó ser el jefe priista. Ahora, en su calidad de jubilado universitario, podría acceder al nombramiento de Profesor Emérito y gozar así de un beneficio económico permanente. Su caso ya está en la Comisión de Mérito para llevarse al Consejo Universitario el próximo martes
5. TIANGUIS. ¿Se acuerda del CICI de Acapulco? Pues resulta que en el Tianguis Turístico 2026 que concluyó ayer en el puerto guerrerense, fue colocada la primera piedra del proyecto Cici Aquapark, obra que busca recuperar ese icono de la memoria colectiva mexicana y reactivar uno de los más importantes atractivos turísticos acapulqueños. La gobernadora Evelyn Salgado, acompañada de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el director de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza, comentó que el "CICI renace como parte de esa visión del Acapulco que queremos, de un Acapulco que lo tenga todo, que tenga diversión para adultos, pero también tenga diversión para los más pequeños, para los niños, diversión para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Un Acapulco para todas y para todos".
raulrodriguezcortes.com.mx
@RaulRodriguezC
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