La fallida democracia mexicana contenía una paradoja desde su fundación: es incomprensible sin las grandes movilizaciones contra el sistema hegemónico del último tercio del siglo pasado, pero la ciudadanía que las produjo fue desplazada por una partidocracia incapaz de comprender que, sin la centralidad de los ciudadanos, terminaría asfixiándola. Lo que está por verse es si la asfixia fue mortal o si algo se salva del naufragio.
Paralelamente, fue creciendo en ella la deformación populista. El obradorismo, formado por el maridaje avinagrado de los nacionalistas del viejo PRI y de la izquierda autoritaria, logró concitar un acuerdo entre ellos: rechazar radicalmente la democracia “neoliberal” y, al mismo tiempo, usarla para llegar al poder en donde hubiera elecciones de cualquier tipo. Era imposible concebir que esa fuerza política renunciara a la tradición autoritaria hegemónica y aceptara entrar en el terreno democrático. Aunque a la postre se le separó una corriente socialdemócrata, la polarización ya había dividido a los jugadores sinceros de los puramente estratégicos en la cancha democrático-electoral.
Por su parte, el PRI y el PAN con algunos coaligados, gobernaron el país casi veinte años sin tomar en cuenta que la “república democrática” no brotaría por arte de magia del cambio político electoral, como quisieron algunos, sino que permanecía encerrada en la cárcel del autoritarismo hegemónico. Algunos optimistas pensaron que la estructura de la república trazada en la Constitución de 1917 aparecería gradualmente como secuela de los grandes acuerdos de la reforma electoral. Esta ilusión resultó un espejismo. A la espera del alumbramiento y promoviendo reformas que en su mayoría apenas rascaron la superficie, el espíritu “constitucional” del autoritarismo hegemónico seguía presente en la hipertrofia del Ejecutivo, la ineficiencia del Poder Judicial, la corrupción de los ministerios públicos, la postración del federalismo, la exigüidad del municipio (“libre”), la anemia de la fuerza pública civil y la inercia cultural de un autoritarismo solo temporalmente apaciguado en la mentalidad de los más.
Entre las irresponsabilidades de los gobiernos de la “transición” se suma otra que, a la postre, ha resultado fatal: el bajo nivel de empoderamiento de los ciudadanos. El juego principal de los partidos fue la competencia por el poder conforme a las nuevas y cada vez más reformadas reglas electorales, mientras que la reforma del poder quedó relegada a unas cuantas pinceladas. A esto se agregaron las restricciones económicas autoimpuestas (aunque las recetas vinieran de fuera, aquí se aplicaban con ejemplaridad digna de mejor causa) que impidieron que el Estado asumiera el papel distributivo, requisito indispensable para toda salida del autoritarismo. El resultado fue el abandono de grandes sectores susceptibles de escuchar el canto de las sirenas populistas. Mientras los partidos se repartían infantilmente los tajos electorales, el grupo que nunca aceptó la democracia como juego central para crear una nueva república medró a sus anchas hasta consolidarse en un sector lo suficientemente amplio como para hacerse del poder. Si ese sector es realmente mayoritario, queda por verse. Los resultados electorales no lo aseguran, y la mayoría de 2024 puede cambiar, considerando la fractura de la coalición morenista para arrasar con el sistema de la representación política expuesto en el rechazo del plan de reforma de la Presidenta.
Las elecciones de 2027 pueden ser una posibilidad de vuelta en U contra la autocratización, pero también eso está por verse.
NOTA: Esta columna estará ausente durante unas semanas. Volveremos el 12 de junio.
Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu
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