La propuesta de regulación de los derechos de las audiencias pone en riesgo a los comunicadores, ya que podrían enfrentar acoso por denuncias sin sustento.
Así lo advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Las quejas a los defensores de las audiencias tienen que ser auténticas y no anónimas”, sostuvo.

“Deberían considerar desechar las quejas por frívolas e improcedentes y porque no se identifica el quejoso. De lo contrario, el día de mañana a los medios o a los comunicadores los podrían acosar con denuncias anónimas que puedan ser falsas”.
Aplaudió que la presidenta Claudia Sheinbaum haya comentado hace unos días que no quería denuncias anónimas y prefería la autorregulación de la industria.
Expuso que los lineamientos de los derechos de las audiencias que propone el gobierno tienen que ver con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
García Herrera dijo que actualmente están en diálogo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para presentarle propuestas de cambio a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
“No nada más se trata de que nos convoquen [al diálogo] y que nos escuchen, sino también que hagan caso de nuestras opiniones”, advirtió.
Dio a conocer que la CIRT trabaja en una propuesta de modificaciones para equilibrar los derechos de las audiencias con la libertad de expresión y la libertad editorial de los medios de comunicación.
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La propuesta se presentará en el periodo de consulta que ya abrió el gobierno federal y que concluye el 21 de agosto.
El objetivo debe ser que no se atente contra la libre expresión, porque “hay algunas particularidades del proyecto que a mí se me hace que no están equilibradas y que pueden mejorar”, indicó.
Entre los puntos que se propondrán se encuentra el que no se apliquen sanciones económicas a los medios de comunicación salvo en lo que se refiere al artículo 295 de la ley en la materia.
Ese artículo establece algunos supuestos en los que sí se debería imponer sanción si se incumple la legislación, como cuando el concesionario no nombre defensores de las audiencias, no se presente el código de ética o este último carezca de mecanismos para el desahogo de quejas.
Desde su punto de vista, el monto de las sanciones no se lo sacaron de la manga. En los lineamientos propuestos las sanciones se acotan entre 0.1% y 1% de los ingresos anuales de la concesión para derechos de las audiencias; pero para otros casos la ley considera multas de hasta 6% por reincidencia en diversos casos.
Explicó que del texto que presentó el gobierno federal alrededor de 80% son propuestas que planteó la CIRT y aclaró que en todo momento han tenido contacto con la Presidenta de la República.
Por ejemplo, se logró que los defensores de los derechos de las audiencias fueran autónomos en su actuación de manera total. No serán empleados del gobierno ni del sector privado, aunque las pagará la industria.
Los lineamientos se someterán a consulta pública, por lo que no se puede decir aún que esté en riesgo la democracia o la libertad de expresión.
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