La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por medio de un comunicado externó su preocupación respecto a la presunta intimidación y criminalización de periodistas con acciones judiciales en México.
La preocupación es sobre el ejercicio de la libertad de expresión relacionados con dos casos de imputación y vinculación a proceso en contra de los periodistas Rodolfo Ruiz de Puebla y Rafael León Segovia de Veracruz.
La SIP en su más reciente informe advirtió que “El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como ‘violencia política de género’ y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes”.
Alarma contra la comunidad periodística
De acuerdo con la SIP, dichas acciones judiciales generan alarma en toda la comunidad periodística y representan un riesgo para el derecho de la sociedad a estar informada.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault expresó que “observamos con inquietud casos que tienden a utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de presión contra periodistas por el contenido de sus publicaciones. La libertad de prensa es un pilar de las sociedades democráticas y ninguna acusación judicial puede convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas o incómodas”.
Por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades competentes “a que respeten de manera escrupulosa el debido proceso, garanticen juicios transparentes, justos y apegados a la ley, así como el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a una defensa plena. Las responsabilidades penales nunca deben utilizarse de forma desproporcionada contra quienes informan y exponen hechos de interés público”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra monitoreando ambos casos, además pidió respetar las garantías judiciales y el debido proceso.
Rodolfo Ruiz
El periodista Rodolfo Ruiz, del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Puebla. La investigación inició en 2020 a petición de la Secretaria de Finanzas del gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, no se ha acreditado ningún ilícito
El Juez de Control ratificó medidas cautelares contra el comunicador, como firma periódica ante la autoridad y prohibición para salir del país sin autorización de un juez, además de un plazo de 45 días para la investigación complementaria.
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La fiscalía lo señala de haberle pagado con supuestos recursos ilícitos a uno de sus abogados que lo defendieron, de 28 denuncias penales y administrativas (que conformaron siete causas penales) que se le abrieron en su contra, de sus allegados y de sus empresas durante la administración de Barbosa.
Rafael León
El periodista Rafael León Segovia fue imputado por delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en hechos relacionados con su cobertura periodística.
Inicialmente, se impuso resguardo domiciliario por un año al ser señalado por terrorismo, sin embargo, dicha acusación no fue incluida de acuerdo con la fiscal general de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
La detención del comunicador ocurrió el pasado 24 de diciembre y generó protestas de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de asociaciones de periodistas, quienes consideraron que la imputación del delito de terrorismo buscaba inhibir su ejercicio periodístico.
Con información de Edgar Ávila.
ss
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