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Una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó el martes a "las autoridades rusas" de cometer crímenes contra la humanidad por la deportación y el traslado forzoso de miles de niños de Ucrania a Rusia.
La deportación de niños ucranianos es precisamente el motivo esgrimido en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) para emitir una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Las pruebas recopiladas llevan a la comisión a concluir que las autoridades rusas han cometido desaparición forzada de niños, afirmó en un informe la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania.
Ucrania acogió con satisfacción este informe y llamó a la comunidad internacional a "aumentar la presión sobre Rusia". "Juntos, debemos redoblar los esfuerzos para que todos los responsables rindan cuentas", escribió el Ministro de Exteriores, Andrii Sibiga, en X.
La comisión fue creada en 2022 - poco después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania - por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra en Ucrania.
Deportación y traslado de niños ucranianos
En su informe, los investigadores concluyeron que las autoridades rusas habían “deportado y trasladado ilegalmente a niños” y que habían “retrasado indebidamente su repatriación”.
Además, las medidas adoptadas con respecto a los niños deportados o trasladados “violaron el derecho internacional humanitario” y vulneraron los intereses de los menores, subraya la comisión.
La comisión asegura que las autoridades rusas han “deportado o trasladado a miles de niños” de las zonas que ocupaban en Ucrania. Por el momento han confirmado 1.205 casos.
Según Kiev, que ha incluido este tema en sus negociaciones de paz, cerca de 20.000 niños ucranianos fueron trasladados por la fuerza a Rusia o a los territorios ocupados desde el inicio de la invasión en 2022.
Rusia asegura que trasladó a algunos niños ucranianos de sus hogares u orfanatos para protegerlos de las hostilidades.
Sin embargo, la comisión subraya que el derecho internacional humanitario exige que las evacuaciones sean “temporales y motivadas” por razones imperiosas de salud, atención médica o seguridad.
Según los investigadores, el 80% de los niños expulsados o trasladados en los casos examinados por la comisión no regresaron a sus hogares, ya que las autoridades rusas no establecieron un sistema que facilite su regreso.
Implicación de Putin
Las pruebas adicionales demuestran que las autoridades siguieron una política concebida y aplicada “al más alto nivel del aparato estatal” de la Federación de Rusia para impedir estos regresos, señala la comisión, que confirma la implicación "directa" del presidente Vladimir Putin.
Los investigadores constataron, en particular, que se dio prioridad a las adopciones y a las custodias de larga duración, que los familiares de los niños no fueron informados de su paradero y que los retornos organizados fueron obstaculizados.
El pasado diciembre, la Asamblea General de la ONU hizo un llamado al regreso inmediato e incondicional de los niños "transferidos de fuerza" en Rusia.
En 2023, la CPI, con sede en La Haya, emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños ucranianos.
"Los crímenes se cometieron presuntamente en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022. Existen motivos razonables para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual", argumentó la CPI.
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