“México vive regresión en derechos humanos”: Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW
El gobierno ha criticado públicamente las acciones de Trump, pero a nivel interno avanzan políticas como la reforma judicial o la ampliación de la militarización
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha exhibido la dependencia que existe en América Latina respecto de Estados Unidos y ha sumido a países como México y Brasil en una profunda contradicción, advierte, en entrevista con EL UNIVERSAL, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una “postura públicamente crítica” de acciones de Trump como los ataques a embarcaciones, o la operación militar en Venezuela, en México “avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos”.
El gran desafío latinoamericano, afirma, frente a un Trump que “trabaja activamente para desmantelar un ordenamiento basado en el derecho”, es cómo enfrentar el crimen organizado que asola la región, mientras se protegen los derechos humanos.
Lee también Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW
P. El informe de Human Rights Watch 2026 habla de un nuevo desorden mundial provocado principalmente por Donald Trump. ¿Hacia dónde está llevando Trump a Estados Unidos y al mundo?
R. Nuestro nuevo director ejecutivo, Philippe Bolopion, hace un ensayo introductorio donde lo pone de manera muy clara. Nos tomará probablemente toda esta generación tratar de retrotraer los impactos negativos que ha tenido tan solo un año de administración Trump. Hoy 72% de la población global vive bajo regímenes autoritarios. Estamos de vuelta a los indicadores de 1985, en términos de democratización.
Si bien en América Latina el balance del impacto de Estados Unidos ha sido siempre mixto, por lo menos en las últimas décadas veníamos de un Estados Unidos que de alguna manera, de forma bipartidista, empujaba por mayores estándares de protección de derechos humanos en América Latina, defensa de organizaciones de la sociedad civil, defensa del periodismo independiente. Lo que hemos visto este año es todo lo contrario, un Estados Unidos que no solo ya no defiende a nivel internacional un ordenamiento basado en el derecho, en el respeto de las reglas, sino que, por el contrario, trabaja activamente para desmantelarlo.
Eso en la región se ha visto reflejado en más de 120 ejecuciones extrajudiciales en El Caribe, en El Pacífico, de ciudadanos latinoamericanos. Se ha traducido en que, por vía del chantaje arancelario, de las amenazas de expansión territorial, países que han sido supremamente democráticos, como Costa Rica, Panamá, terminaron el año pasado recibiendo a migrantes deportados arbitrariamente, personas que venían de ser perseguidas en lugares como Afganistán, Irak, China, y que terminaron detenidas arbitrariamente en Costa Rica y Panamá.
Ha supuesto también que ese liderazgo en varios de los países de la región en pro de las organizaciones de la sociedad civil se perdió, no sólo por el recorte de los recursos de USAID, sino porque en países como Perú, Ecuador, El Salvador, en donde Estados Unidos, a través de sus embajadas, había jugado un rol para evitar que se configuraran leyes antiONG, ese liderazgo se acabó y terminamos este año con nuevas leyes anti ONG que hacen mucho más difícil para las organizaciones de la sociedad civil funcionar en estos países.
Aquellos países más cercanos ideológicamente a Trump han aprovechado sus políticas y discurso para ellos mismos ampliar el proceso de restricción de derechos en toda la región. El caso más emblemático es el del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, que tuvo detenidas a más de 100 mil personas en el marco de régimen de excepción, con suspensión total de su debido proceso, pero está también el caso de Ecuador, bajo Daniel Noboa, que sigue entendiendo el crimen organizado como una dinámica de conflicto armado y con él incrementaron significativamente las desapariciones forzadas. O Argentina, con Javier Milei, en donde hemos visto un intento significativo por debilitar a las instituciones, desmantelar el Servicio Exterior profesional.
Ha sido un año de un impacto muy negativo bajo el gobierno de Trump para América Latina.
P. Estados Unidos realizó una operación militar para entrar en Venezuela y sacar a Nicolás Maduro, pero dejó al chavismo en el país y ahora decide lo que pasa allí. ¿Qué mensaje envía esto al mundo?
R. En el caso de Venezuela, el ataque militar por parte de Estados Unidos no significó el desmantelamiento del régimen. Lo que hubo es una decapitación del régimen a través de la captura de Nicolás Maduro, pero hoy el gobierno, en manos de Delcy Rodríguez, mantiene intacta esa estructura de represión. La decisión de Estados Unidos de mantenerla a ella en el poder desconoce el derecho de los venezolanos al voto y a poder elegir libremente a sus autoridades. Desconoce los resultados de la elección de 2024, que según el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter ganó Edmundo González, y deja en el poder a Rodríguez, que como vicepresidenta era la jefa directa del Sebin, la policía de inteligencia directamente relacionada con la represión y las gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Lee también Michelle Bachelet es postulada a liderar la ONU; Boric anuncia apoyo de México y Brasil
No veo una voluntad de Estados Unidos de impulsar una transición a la democracia en Venezuela. Lo que veo es más un interés por lograr la extracción de petróleo, con beneficios económicos para Estados Unidos, y permitir el regreso de migrantes venezolanos, que ya se han restablecido los vuelos de deportación hacia Venezuela, a pesar del gravísimo riesgo que sufren al ser devueltos, pero no un impulso real a un proceso de democratización. Quizás el único dividendo positivo que hemos visto luego del ataque es la liberación de más de 300 presos políticos. Es una noticia muy importante, pero han sido liberaciones a cuentagotas, sin transparencia, dejando a las personas sometidas a procesos penales en su contra, y hay casi 700 presos políticos que aún se mantienen en detención.
La antesala del ataque en Venezuela fue la ejecución extrajudicial de 120 ciudadanos latinoamericanos en aguas del Pacífico y El Caribe, una decisión absolutamente contraria al derecho internacional en donde no existía un conflicto armado; lo que había era personas, en muchos de los casos seguramente vinculadas al negocio del narcotráfico, que deben ser detenidas, juzgadas, procesadas y en caso de ser halladas culpables, sentenciadas a la pena que establezca la ley en cada una de las jurisdicciones. Ningún país tiene derecho de ejecutar extrajudicialmente a personas, incluso aquellas que pudiesen estar involucradas en la comisión de un delito.
A las preguntas de los periodistas, Trump dice: ‘Lo vamos a hacer’, independientemente de si esto es contrario al derecho internacional o no. Creo que eso habla de manera muy clara de ese desdén por el derecho internacional, que creo que es el marco que permite entender la forma en la cual Estados Unidos se está aproximando al mundo, en general, y a América Latina.
Lee también Trump intensifica presión a Irán; advierte ataque si no cierra acuerdo nuclear
P. Frente a las ejecuciones extrajudiciales en el mar, el ataque en Venezuela, ahora la presión sobre Cuba, las amenazas a Groenlandia, encontramos, excepto alguna reacción aislada, un silencio mayoritario y países plegándose a las exigencias de Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene ese silencio?
R. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han intentado tener una postura públicamente crítica, de varias de las políticas, particularmente de la política exterior de Trump. Pero en la práctica, detrás de cámaras, han negociado con él. En parte por la inmensa dependencia, en el caso de México, comercial, en parte por el riesgo de imposición de sanciones, que ha expuesto cómo América Latina depende en gran medida de Estados Unidos, lo que los ha dejado en una inmensa vulnerabilidad.
En el caso de México y Brasil, ese intento por liderar una visión basada en el respeto de las reglas, que le apuesta a la democracia, al respeto de los derechos humanos, se encuentra con contradicciones domésticas.
La Presidenta Sheinbaum pierde legitimidad internacional en su defensa del ordenamiento internacional y de un orden basado en derechos cuando internamente avanzan políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, la ampliación de la militarización, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva a derechos con la recolección de datos biométricos.
P. Con Cuba, Trump ha decidido ahorcar al régimen cortando los envíos de petróleo. ¿Qué significa eso para los cubanos?
R. En Cuba no hay una democracia, hay un régimen que ha violado de manera sistemática los derechos de sus ciudadanos. Hay más de 700 presos políticos, que fueron detenidos arbitrariamente, muchos de ellos simplemente por protestar contra el régimen, contra los recortes de luz, el desabastecimiento.
Pero tanto el embargo como políticas que buscan ahogar al régimen lo que han generado es la excusa perfecta para que el régimen cubano pretenda culpar al resto del mundo y particularmente a Estados Unidos por sus propios fracasos, y sus acciones de represión de la población.
HRW se ha opuesto históricamente al embargo como una medida que tiene un impacto generalizado en la población cubana y que no ha conducido a una transición hacia la democracia. Creemos que el tipo de medidas y uso de sanciones deben ser dirigidas, específicas, para evitar impactos indiscriminados en toda la población civil.
P. Trump dice que el régimen cubano no tiene salida. ¿Hay preocupación de HRW por los cubanos?
R. Si algo sabe el régimen es resistir ante ese tipo de aislamientos, y quien sufre las consecuencias de ese aislamiento no ha sido el régimen, sino la población cubana. No tengo razón para pensar que el redoblamiento de ese tipo de políticas de exclusión general pueda conducir hacia una transición a la democracia. Lo que me temo es que el sufrimiento del pueblo cubano, en términos de falta de acceso a medicamentos, a electricidad, alimentos, se va a recrudecer aún más.
P. México vive una presión constante de parte de Estados Unidos: de migración a seguridad, los narcotraficantes, ahora el envío de petróleo a Cuba. El gobierno ha optado por tratar de contener, de no confrontar, de enviar criminales a Estados Unidos. ¿Es funcional esta estrategia a largo plazo? ¿Qué impacto tiene?
R. La Presidenta Sheinbaum es muy consciente de los impactos que tendría para México la imposición de aranceles adicionales y de una relación muy tensa con Estados Unidos, y ha tomado la decisión de colaborar detrás de cámaras con el gobierno Trump. Eso ha significado decisiones que tienen un impacto negativo en materia de derechos humanos. En primer lugar, la recepción de migrantes, incluyendo migrantes de otros países, cubanos, haitianos, venezolanos, que se han enfrentado en México a no tener un sistema de protección suficientemente robusto. En varios casos han sido deportados a sus países de origen, incluso a enfrentarse a nuevas violaciones como aquellas que estaban tratando de evitar y que los llevaron a salir de sus países de origen.
Ha significado colaboración en materia de políticas de seguridad, incluyendo no solo las entregas de ciudadanos por fuera de un marco legal que permita garantizar sus derechos, sino también en políticas como la ampliación de la recolección de información, por ejemplo de datos biométricos, que suponen una restricción en los derechos de todos los mexicanos… medidas de restricción de la independencia judicial, como el avance de la reforma judicial, o medidas supremamente restrictivas de derechos en materia de política de seguridad, como la ampliación de la detención preventiva oficiosa, o de la restricción del derecho de amparo.
Lee también “India dejará de comprar petróleo de Rusia”: Donald Trump; acuerdo comercial podría reducir aranceles
P. Estados Unidos amenaza con lanzar operaciones contra los cárteles. ¿HRW ve un escenario donde haya ingreso de efectivos para operaciones selectivas contra el narco, o uno de colaboración para operaciones conjuntas?
R. Después del ataque de enero en Venezuela, opciones que parecía que estaban por fuera de la mesa hoy parecen ser plausibles para Estados Unidos. Nos enfrentamos a que el orden internacional cambió a partir de esa decisión del gobierno Trump.
Pero creo que el reto más grande en América Latina en este momento es el impacto del crimen organizado en la región y la forma en la cual los gobiernos están enfrentándose a ese tema.
Somos el continente con las cifras más altas de homicidios, con los peores indicadores de impunidad por esos homicidios. Y los países de la región, en su mayoría, se debaten entre una visión según la cual para ofrecer seguridad a la ciudadanía le tienen que restringir sus derechos.
Es el modelo Bukele, que ha mantenido a más de 100 mil personas detenidas en régimen de excepción, que ha ampliado constantemente, y que lo que pretende, y ha sido seguido por otros en la región es eso, mandar la señal de que la única manera de proveer seguridad es restringir derechos.
Del otro lado hay gobiernos en la región como el del Petro en Colombia, el de Perú, donde lo que se ha permitido es que el crimen organizado crezca de distintas maneras. Y estas visiones omisivas también generan la restricción de derechos.
Lee también América Latina no debe temer al cambio; CAF llama a ser actor clave en el ajedrez geopolítico
El riesgo de esas visiones omisivas es que la ciudadanía diga: ‘Prefiero restringir mis derechos que seguir viviendo bajo el impacto de la criminalidad organizada’.
El gran reto que tienen las democracias de América Latina es ser capaces de poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Y desafortunadamente estamos viendo muy poco de eso en la región.
México estaría llamado a liderar una política de ese estilo, pero desafortunadamente el gobierno de la Presidenta Sheinbaum le ha seguido apostando a la militarización, al desmonte de lo poco que había de independencia judicial, con un mal diagnóstico, porque en México el problema no era realmente el Poder Judicial, sino la debilidad profunda y la inmensa corrupción dentro de las fiscalías, la incapacidad de investigar los delitos.
El gravísimo cuello de botella no era si los casos eran juzgados por el Poder Judicial, sino que la gran mayoría de los homicidios en México no son investigados. Al concentrarse en la reforma al Poder Judicial, además de terminar politizándolo, no se hizo nada por fortalecer a las fiscalías. No ha habido un proceso real de fortalecer la capacidad de investigación forense, de depurar de todas las redes de corrupción que trabajan con el narco y con la criminalidad organizada de los órganos de investigación.
Si Sheinbaum realmente quiere liderar un modelo democrático para la región, tendría que ser capaz de poner en marcha una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva en la reducción de la violencia criminal y garantista de derechos humanos. De lo contrario, termina siendo partícipe, como lo estamos viendo en este primer año, del desmonte de la independencia judicial, de la transparencia, del debilitamiento de las instituciones democráticas mexicanas.
P. El informe advierte sobre el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres en México. ¿Qué hace falta en materia de defensa de los derechos de la mujer?
R. La elección de la primera mujer presidenta es un paso muy importante en términos de garantizar que las niñas mexicanas cuenten con un modelo de que es posible participar en los procesos electorales y que es posible estar en un nivel más alto de toma de decisiones. Desafortunadamente eso no ha redundado en una mayor seguridad para las mujeres. Los indicadores de feminicidios en México siguen siendo muy preocupantes y el principal cuello de botella es la profunda debilidad, cooptación, por parte de actores criminales, de la capacidad de investigación del delito en México. Si eso no se resuelve, ni la violencia en general, y sin duda la violencia contra las mujeres, no va a ser atendida adecuadamente.
Lee también Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina
P. Hay un doble discurso por parte del gobierno de México. Cuando se trata de problemas de naciones como Venezuela, o Nicaragua, o Cuba, el mensaje es: nuestra política es de no intervención. Pero cuando se trata Estados con ideología diferente, ahí sí viene el discurso crítico. ¿Qué mensaje deja esta doble política?
R. Paradójicamente, es muy parecido en la práctica a lo que hace Trump. El gobierno de Estados Unidos ha sido crítico de las violaciones a derechos humanos cometidas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que guarda silencio de lo que sucede en El Salvador, en Perú, en Ecuador. Estoy convencida de que los derechos humanos no pueden ser un token para criticar a los opositores geopolíticos y elogiar a los amigos. Tiene que ser una misma regla, un mismo parangón bajo el cual se midan todos los distintos gobiernos, independientemente de quien está en el poder y de su visión ideológica.
Luego de la elección 2024 en Venezuela, ni México ni Brasil fueron capaces de colaborar con Edmundo González y María Corina Machado para impulsar una transición hacia la democracia. Y eso deja mucho qué desear, porque manda una señal de contradicción.
Históricamente el gobierno mexicano ha insistido en la no intervención, pero eso al mismo tiempo lo ha dejado en una situación de profunda contradicción. Creo que más que un verdadero interés en la no intervención lo que esconde es el propio interés del gobierno mexicano de no ser escrutado internacionalmente, de que no se le critique por ejemplo por la inmensa crisis de desapariciones.
P. ¿Ven algún avance en México frente a todos estos desafíos?
R. Creo que el principal avance, y así lo destaca el informe, es que, según los datos oficiales, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos. Esa es una noticia muy importante para México y para la región.
Lee también La derecha avanza en América Latina
P. América Latina está dividida. Los gobiernos como el de México o Colombia no hablan con el de Ecuador, o de El Salvador. Tampoco hay unidad para enfrentar desafíos como lo es Trump. ¿En qué posición coloca este diálogo, esta división a América Latina?
R. De mucha debilidad. Si nos devolviéramos al consenso de la posguerra, de reconocer que hay unos mínimos esenciales que hay que defender, independientemente de visiones ideológicas y proyectos políticos, el respeto más básico por los derechos humanos, por la libertad de asociación, el derecho a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, podría existir la diversidad ideológica regional, que es producto de la democracia y es deseable que exista, pero con consensos mínimos.
Lo que veo, tristemente, a nivel internacional, es que ha habido un intento, por parte de varios países de América Latina, de generar una alianza latinoamericana, pero para bajar los estándares para todos, para la no intervención y para dejar que cada uno de los países lidie con sus propios retos domésticos sin la injerencia de los otros. No así para enaltecer principios básicos elementales que todos estuviéramos dispuestos a defender.
Lee también Primera elección presidencial 2026 en América Latina: Costa Rica
Petro ha sido uno de los críticos más vocales de Trump a nivel internacional y sin embargo su política de paz total y las falencias de su política de seguridad hacen que entre 2022 y 2025 haya crecido el homicidio, los secuestros, el desplazamiento, el reclutamiento de menores, dejando profundamente desprotegida a la población frente al crecimiento de los grupos armados y del crimen organizado en la región. Eso lo pone en inmensa contradicción en la discusión internacional.
P. Colombia y Brasil van este año a elecciones. Las primeras, marcadas por el asesinado de un aspirante presidencial. Las segundas, por la división que ha generado la condena del expresidente Jair Bolsonaro. ¿Hay preocupación en HWR por estos procesos electorales?
R. El asesinato en Colombia de Miguel Uribe Turbay marcó una contienda supremamente violenta. Las condiciones de deterioro general de seguridad ponen en riesgo a líderes, no solo a nivel nacional, sino especialmente a nivel territorial, porque en Colombia se juegan también elecciones de Congreso en todo el país.
Lee también Gobierno de Groenlandia espera “resultados concretos”; conversaciones con EU siguen tras crisis con Trump
La polarización política, en el caso de Brasil, es un buen ejemplo de cuando el discurso público y político es tan divisivo que impide buscar puntos de encuentro y deteriora la calidad de la democracia. En el caso de Brasil, ha habido un proceso judicial libre, independiente, que ha encontrado que Bolsonaro estuvo detrás de un intento de golpe, de desconocimiento de los resultados [electorales] y lo que nos ha correspondido es defender la autonomía judicial y la posibilidad de que los jueces ejerzan libremente su función, incluyendo de control al poder político.
P. Hay un ataque, por parte de Trump, a los organismos multilaterales, en un escenario de debilidad de estas organizaciones. ¿Hay esperanza para ellas?
R. Lo más grave es que Estados Unidos, si bien ha tenido un balance mixto en América Latina, al menos en las últimas décadas era un bastión de defensa de las organizaciones de sociedad civil, del periodismo investigativo, de la defensa de un ordenamiento internacional basado en mínimos de derechos humanos. Hoy es un actor que está jugando directamente para desmontar ese ordenamiento multilateral, internacional, basado en reglas.
Lee también La rebelión que Donald Trump provocó
Eso le interesa a muchísimos, a todos estos miembros de la supuesta Junta Global de Paz, como Rusia, Irán, que han desconocido claramente toda suerte de normas internacionales, y que han estado dispuestos a que el relacionamiento internacional esté basado en el uso de la fuerza y no en los consensos básicos de resolución de conflictos de manera pacífica.
El multilateralismo sufre profundamente. Si algo aprendimos de las guerras mundiales es que necesitamos esos escenarios multilaterales para poder desescalar, buscar consensos. Este nuevo escenario al que nos enfrentamos es uno con menos espacios de resolución pacífica de conflictos, en donde nos corresponde a las organizaciones de la sociedad civil seguir defendiendo unos mínimos principios de derechos humanos que nos garanticen que independientemente de quien está en el poder hay un respeto por la dignidad humana.
P. ¿Hay algún motivo de esperanza en el escenario del que estamos hablando?
R. En América Latina tenemos algunos ejemplos: la elección del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala y el intento que está haciendo por reformar el Poder Judicial para garantizar que tenga absoluta independencia, que deje de estar cooptado por sectores corruptos. Es una política loable. Este semestre se juega la elección de las distintas autoridades judiciales y si se da el vuelco para convertirlas en autoridades independientes, Arévalo podrá reclamar un legado, no solo para Guatemala, sino para toda la región.
Los anuncios del presidente Rodrigo Paz, en Bolivia, de reformar la justicia, si se dirigen hacia dejar de hacer un uso político de la justicia para perseguir a los opositores, que ha sido la historia de todos los últimos gobiernos, podría generar una transformación positiva.
La manera en la cual las organizaciones de la sociedad civil y de base en América Latina, los periodistas, a pesar de ser perseguidos, siguen resistiendo, siguen investigando, siguen denunciando. Es motivo de esperanza. Es gracias a eso que hemos podido resistir otros momentos y otras oleadas autoritarias en la región.
P. Las protestas de jóvenes, la Generación Z, ¿son motivo de esperanza frente a gobiernos que están luchando por restringir los derechos humanos y no por impulsarlos?
R. La movilización social, pacífica, organizada, es un motor de cambio y de transformación fundamental. De Bangladesh, a Siria, la capacidad de la ciudadanía para movilizarse ha estado en el centro de lograr transformar regímenes, de iniciar procesos de democratización, que no están exentos de problemas, pero generan esperanza para poder retomar ordenamientos basados en reglas, en el respeto a los derechos humanos.
