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El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema federal una orden de emergencia que le permita retirar las protecciones legales a más de 300 mil migrantes venezolanos.
El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda un fallo de un juez federal en San Francisco que determinó que el gobierno terminó incorrectamente el Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
La corte de apelaciones federal en San Francisco se negó a suspender el fallo del juez de distrito Edward Chen mientras el caso continúaba avanzado por los tribunales.
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Foto: iStock/Archivo
La Corte Suprema revocó en mayo una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350 mil venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. El máximo tribunal no proporcionó una explicación en ese momento, lo cual es común en apelaciones de emergencia.
El procurador general D. John Sauer argumentó en el nuevo documento judicial que la orden de mayo de los jueces también debería aplicarse al caso actual.
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"Este caso es familiar para la corte e involucra el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de esta corte en el expediente de emergencia", escribió Sauer.
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El resultado, dijo, es que la "nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300 mil extranjeros basándose en teorías legales sin mérito".
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El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo la finalización del TPS para un total de 600.000 venezolanos y 500 mil haitianos que recibieron protección durante la presidencia de Joe Biden. El TPS se concede en plazos de 18 meses.
El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. La designación puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional.
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Chen determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó "con premura sin precedentes y de una manera sin precedentes... con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela".
Al denegar la apelación de emergencia del gobierno federal, la jueza Kim Wardlaw escribió para un panel unánime de tres jueces de apelación que Chen determinó que el DHS tomó sus "decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después".
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