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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este domingo que el país andino colaborará con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse a partir de la información que aporte el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y deportado esta semana a territorio estadounidense.
"Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas", declaró Reimberg a la prensa.
El ministro sostuvo que espera que "lo que diga (Saab) en la extradición" se traduzca en información y paquetes de inteligencia para países como Ecuador y permita avanzar en posibles investigaciones vinculadas a sus operaciones en la región.
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Reimberg afirmó además que no cree que Saab haya sido testaferro "solo de quien dicen", sino que "puede haberlo sido de otros políticos de otros países"; y recalcó que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro trabajó "cogidito de la mano" con el de Rafael Correa (2007-2017).
Tras la deportación de Saab a Estados Unidos, añadió el ministro, "muchos deben estar ahora nerviosos" y pendientes de "dónde esconderse", porque "nada de esto va a quedar en impunidad".
Saab, que aterrizó el sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela, es amigo personal de Maduro y lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.
El caso de Alex Saab ya había tenido ramificaciones en Ecuador a través de Foglocons, una empresa fundada en Guayaquil, la ciudad más grande del país, a través de uno de sus socios, según un expediente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) que investigó el caso en 2021, cuando estaba presidida por el excandidato presidencial asesinado durante un mitín de campaña en 2023, Fernando Villavicencio.
De acuerdo con esa investigación, Foglocons obtuvo en 2011 un contrato con el Gobierno venezolano para la construcción de viviendas y el material para ello se exportaba desde Ecuador mediante operaciones que resultaron ser falsas.
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Estas transacciones se efectuaron a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), un mecanismo de intercambio comercial impulsado por la Alianza Bolivariana para Las Américas (ALBA), lo que permitió canalizar millonarios flujos de dinero entre Ecuador y Venezuela.
La Fiscalía ecuatoriana investigó el caso en una primera etapa, pero el proceso fue anulado en 2016.
En 2021, la entonces fiscal general, Diana Salazar, denunció ante la Asamblea la "impunidad" con la que transitaron los responsables de Foglocons, y acusó a jueces del caso de haber favorecido esa situación.
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