Hay una escena que se repite en la historia de América Latina con la puntualidad de las tragedias griegas: el hombre poderoso del norte mira hacia el sur, frunce el ceño, y decide lo que debe ser corregido. El método varía —el Cuerpo de Marines, la CIA, el FMI, el Departamento de Justicia— pero la convicción es la misma desde que James Monroe pronunció su doctrina en 1823: el hemisferio occidental es un asunto americano, es decir, un asunto de los Estados Unidos de América.
No soy de los que romantiza la soberanía latinoamericana. Hemos visto demasiados dictadores invocar la no intervención para perpetuar sus crímenes, demasiados presidentes refugiarse en el antiimperialismo para esquivar la rendición de cuentas. Manuel Noriega era un criminal con uniforme y quizás merecía ser procesado. Empero, la pregunta importante no es si merecía ser juzgado, sino quién tenía el derecho de juzgarlo y bajo qué orden jurídico. Esa pregunta sigue sin respuesta satisfactoria.
Los indictments del 29 de abril de 2026 —diez funcionarios mexicanos: un gobernador en funciones, un senador de la república, alcaldes y jefes policiales— son un hecho sin precedente en la historia bilateral. Trump ha nombrado a un exoficial de la CIA como embajador en México y ha desafiado a la presidenta Sheinbaum a extraditar al gobernador y a sus colegas, dejando claro que sabe que los tentáculos corruptos del crimen organizado llegan al corazón mismo del Estado mexicano.
Porque hay dos verdades que deben sostenerse simultáneamente, aunque produzcan vértigo: la primera es que la corrupción narco dentro de Morena —si los cargos son ciertos— es una catástrofe moral y política de primer orden. La acusación detalla cómo el gobernador Rocha Moya habría recibido apoyo de los cárteles de la droga durante su campaña.
Lo anterior —dada la decadencia a la que hemos llegado—, pudiera parecernos lógica y harto posible, y eso tal vez sea lo realmente grave. Por otro lado, la segunda verdad es que ninguna de esas atrocidades debería otorgarle el poder a Washington de convertir al poder judicial de Nueva York en la corte suprema del sistema político mexicano.
Hoy el instrumento es más sofisticado: el indictment federal, la amenaza arancelaria, las leyes antiterroristas aplicadas a funcionarios extranjeros. Pero la sofisticación del método no cambia su naturaleza. El Departamento de Justicia ha ordenado a los fiscales usar las leyes antiterroristas para perseguir a funcionarios mexicanos cómplices del narcotráfico, lo que representa una escalada significativa en la relación bilateral. Llamarlo “cooperación judicial” es un eufemismo.
Claudia Sheinbaum se encuentra ante el dilema más contradictorio que puede enfrentar un gobernante: defender la soberanía de un Estado que algunos de sus propios correligionarios han traicionado. La soberanía nacional, particularmente en relación con Estados Unidos, es central para México y ocupa un lugar preponderante en el enfoque de política exterior del gobierno actual. Lo que complica el caso es que Rocha Moya es aliado cercano de López Obrador, piedra angular de la cuarta transformación, y los tres pertenecen al partido gobernante.
Pero cometeríamos un grave error si redujéramos este episodio a una disputa bilateral entre dos gobiernos sobre extradiciones. Lo que está en juego es algo más profundo: la definición misma de soberanía en el siglo XXI para una nación mediana que comparte cuatro mil kilómetros de frontera con el país más poderoso de la historia humana. Esa frontera, como escribió alguna vez Carlos Fuentes, es la única del mundo donde el primer y el tercer mundo se tocan de frente, sin intermediarios, sin hipocresías.
La historia tiene una lógica perversa que los latinoamericanos conocemos bien: cuando un Estado no puede o no quiere limpiar su propia casa, sabemos quién llegará a limpiarla por él. Y el problema de esa limpieza es que siempre es selectiva, siempre responde a intereses que no necesariamente son los nuestros, y siempre deja una factura que pagamos en soberanía, en dignidad y en dependencia estructural.
En el fondo, no sólo es la corrupción narco —que existe, que es real, y que merece ser juzgada— lo que perturba, es la asimetría de poder que hace que el tribunal competente para juzgar a un gobernador mexicano sea uno ubicado en el Distrito Sur de Nueva York. Lo que perturba es que Washington utilice las leyes antiterroristas —diseñadas para combatir a Al Qaeda— como herramienta de política exterior contra un gobierno electo con el que tiene tratados de libre comercio vigentes. Lo que perturba es que nadie en los grandes centros de análisis anglosajones se haga la pregunta obvia: ¿qué pasaría si México pidiera la extradición de los funcionarios estadounidenses que durante décadas permitieron el tráfico de armas hacia los cárteles?
La respuesta, naturalmente, es que eso no pasará. Porque ante un sistema internacional estéril y un país con claras deficiencias institucionales, la justicia la define el más fuerte. Siempre ha sido así.
Sin embargo, en el caso mexicano, donde la gangrena del narcotráfico implica amputación, la superpotencia no necesita inventar pretextos. Los pretextos los generan la mayoría de los gobernantes latinoamericanos que traicionan a sus electores y que, a falta de instituciones sólidas, de sistemas de justicia eficaz, y de vocación política, terminan “prestando” la soberanía, a quien realmente es capaz de ejercer el poder.
Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana
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