¿Cuál es el destino de las poblaciones de los territorios ucranianos ocupados por los rusos, algunos desde 2014, otros a partir de 2022? Se trata de decenas de miles de civiles arrestados, secuestrados, torturados y condenados. Algunos desparecen, otros se encuentran en cárceles rusas, a veces a miles de kilómetros de Ucrania. Las autoridades rusas ignoran todas las leyes internacionales y hacen lo que se les antoja. Mis fuentes son la OHCHR, la comisión de derechos humanos de la ONU, la Cruz Roja Internacional y varias asociaciones francesas, como “Por Ucrania, su libertad y la nuestra”. El 5 de mayo participé en el lanzamiento de la campaña “Salvar los rehenes ucranianos”. ¿Por qué “rehenes”? Porque se trata de luchar contra la estrategia a gran escala empleada por Rusia para colonizar los Territorios Ocupados, después de aniquilar toda veleidad de resistencia.
El destino de decenas de miles de civiles es un verdadero agujero negro. Se encuentran en un secreto absoluto sin recibir visitas, ni de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, la ONU ha identificado 162 centros oficiales de detención y 42 no oficiales, así como 73 cárceles en Rusia. Para los que sufren en Rusia, se trata de una deportación, algo prohibido por el derecho internacional, cuando se trata de civiles. Las convenciones de Ginebra prevén el intercambio de prisioneros de guerra, pero no disponen de ningún mecanismo para canjear civiles. 6,422 soldados ucranianos han sido liberados desde 2022, pero los civiles liberados no pasan de 409.
Uno de los pocos que tuvieron esa suerte, Yuri Chapovalov, pasó siete años en la cárcel después de sufrir torturas y ser condenado por “espionaje”. En estos procesos totalmente chuecos, los otros “crímenes” castigados son “sabotaje” y “terrorismo”. En marzo de 2023, Viktoria Klechenko, 26 años, fue secuestrada en su pueblo de Kakhovka, distrito de Kherson, y condenada a diez años, por espionaje. Su familia sigue sin tener noticias. Según la ONU, la tortura es sistemática, bajo la consigna: “Sean crueles, no tengan piedad” que impera en la cárcel número 2 de Taganrog (Rusia), “agujero negro”, como el centro de detención de Rostov en el Don.
Entiendo suficientemente el ucraniano para captar los testimonios, en la reunión del 5 de mayo, de Larysa Shevandina, la esposa del campeón de lucha Oleg Shevandin, arrestado y condenado, de Sizenova Maryja y demás parientes de presos y desaparecidos. No se trata de combatientes ni de guerrilleros, sino de profesores, periodistas, sacerdotes, alcaldes y de gente “ordinaria”, hombres y mujeres. Son “rehenes” en el sentido de la convención internacional de 1979 que reza: “capturados para ejercer presión” a la hora de eventuales negociaciones, para callar una población. La convención dice que se trata de “un crimen de guerra”. Sin olvidar a los 19,546 (evaluación mínima) niños llevados a Rusia para borrar su identidad ucraniana. En este caso se trata de otro crimen de guerra que le valió al presidente Putin ser imputado por La Corte Penal Internacional (al mismo tiempo que Benjamín Netanyahu).
Vean el documental Los presos. El sistema del terror, de Evguenia Chirikova, rusa en exilio en Estonia, defensora de los derechos del hombre en su país y en Ucrania. Presenta testimonios de víctimas del tratamiento inhumano que recibe la población civil ucraniana en los Territorios Ocupados. Se trata de 3 a 3.3 millones de personas obligadas a tomar la nacionalidad rusa bajo pena de expropiación, encarcelamiento, deportación. Tomar la nacionalidad no garantiza nada. Las autoridades expropian a los autóctonos para instalar colonos rusos. Una vieja tradición imperial zarista, soviética y rusa.
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