La propuesta de recortar el calendario escolar generó polémica, pero a nadie debería sorprender. No es un error de cálculo ni una decisión aislada: es el síntoma más reciente de un régimen que nunca ha tenido a la niñez en el centro. Lo que vemos hoy es el resultado de años de decisiones que fueron debilitando, una por una, las redes de protección para niñas, niños y adolescentes.
Primero cerraron las estancias infantiles: más de 9 mil en todo el país y 330 mil niños sin servicio. Las madres trabajadoras fueron las más afectadas, sin alternativa y sin aviso. Después desaparecieron las escuelas de tiempo completo, que beneficiaban a 3.6 millones de niños en zonas marginadas; muchos dependían de ellas para recibir su única comida caliente del día y para tener un espacio seguro mientras sus padres trabajaban.
Luego vino la pandemia y México mantuvo uno de los cierres escolares más largos: casi dos años sin clases presenciales. Mientras otros países entendieron que abrir las escuelas era prioritario, aquí se normalizó el rezago educativo. Hoy, 3 de cada 10 adolescentes en México viven con algún nivel de atraso escolar.
En salud, el deterioro también es evidente. La cobertura de vacunación contra sarampión cayó de 99% a 69% en seis años. La vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina pasó de 88% a 78%. Enfermedades del siglo pasado volvieron a tocar la puerta por un sistema de salud incapaz de sostener lo básico.
Vimos escenas que jamás debieron ocurrir: madres protestando en el aeropuerto más importante del país porque no había medicamentos oncológicos para sus hijos. Y mientras tanto, otra crisis avanzó en silencio: los intentos de suicidio entre jóvenes prácticamente se duplicaron entre 2018 y 2025.
Pero quizá el dato más alarmante está en la seguridad. A nivel nacional, los casos de menores desaparecidos pasaron de 599 en 2018 a 2,053 en 2025: más del triple en menos de una década. La cifra no es abstracta: detrás hay una familia que busca, un nombre sin respuesta, una niñez interrumpida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha documentado: las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México tienen características particulares, vinculadas directamente a su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado. Durante años se creyó que ese fenómeno era un problema lejano. Ya no. El crimen organizado recluta adolescentes desde los 13 años y llena los vacíos que el Estado dejó en las periferias y en las comunidades más vulnerables del país. El caso de “Juanito Pistolas”, incorporado al sicariato desde menor y muerto antes de cumplir la mayoría de edad, no es una historia aislada: es el retrato de un país que dejó sola a su niñez.
Lo que ha ocurrido no es descuido. Se trata de una serie de decisiones que, juntas, resultan en un resultado común: una generación que crece con menos escuela, menos vacunas, menos cuidados y más riesgo de desaparecer. La niñez está pagando la factura de esta transformación.
Poner a las niñas y los niños en el centro no es discurso ni mercadotecnia. Es presupuesto, infraestructura y política pública sostenida. El desarrollo de un país también se define por cómo cuida a quienes todavía no pueden defenderse solos.
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