El Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México adelantó que pedirá cambios en la iniciativa de ley de rentas justas.
Sin dar mayores detalles, el diputado local Jesús Sesma precisó que este martes tenían reunión con un grupo de desarrolladores inmobiliarios, pero al final les cancelaron, pues tal vez recibieron una llamada del teléfono rojo del Gobierno capitalino.
“Hoy nos cancelaron nuestros invitados. Yo te pediría, porque era la reunión con la fracción, que para este tema me dieras al jueves, pero te podría adelantar que vamos a pedir cambios. Venía un grupo muy importante de desarrolladores, que desconozco por qué nos cancelaron. Por eso ya ni me gusta avisar, porque luego las llamadas del teléfono rojo, que según esto ya no usan, sí lo usan y nos frenan cosas, pero espero que los desarrolladores vengan a hablar con la fracción parlamentaria entre mañana y el jueves. De entrada, te diría que no estamos de acuerdo”, comentó.

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Hace unas semanas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local una iniciativa constitucional para establecer que el costo de la renta en la vivienda no pueda incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior.
Esta propuesta modifica el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México referente al derecho a la vivienda, y estipula que, con el propósito de fortalecer el derecho a la vivienda adecuada, al arraigo vecinal, disminuir las desigualdades sociales y territoriales, así como construir relaciones inquilinarias justas у equilibradas, el Gobierno de la Ciudad implementará una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de arrendamiento de vivienda social y asequible, así como mecanismos de acceso a la misma, en particular para poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
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Profesionales inmobiliarios de la Ciudad de México señalaron que existen focos rojos en la iniciativa constitucional de la jefa de Gobierno, y que, al parecer, esta reforma busca únicamente beneficiar a los inquilinos malos de la ciudad, que son el 5% que no pagan sus rentas puntuales.
Asimismo, recordaron que el tope al aumento en las rentas ya se aplica en el Código Civil capitalino, el mismo que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ya no era necesario incluirlo en la Constitución. También precisaron que la institución pública que se plantea para la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento podría duplicar funciones con la Procuraduría Social.
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