Hace un año que Vianey Ramírez Victorino exige justicia en Chilpancingo, Guerrero, sin que nadie la escuche. Todo este tiempo ha sido víctima de robos, intimidación y amenazas por parte de agentes de la Policía Municipal.
El pasado 20 de enero policías municipales llegaron al Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla y le quitaron parte de la mercancía que vende en su puesto ambulante: ropa y juguetes.
La mujer, harta de la situación, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), donde Román Jaimes Contreras, el tercer visitador, no le permitió entrar a su oficina. Ahí, Vianey gritó, lloró, desbocó su frustración, su coraje. Lamentó que la Coddehum tenga una postura tan débil ante los policías municipales que la detuvieron ilegalmente, golpearon, violentaron sexualmente, robaron y que no la han dejado de hostigar, de amenazar, de extorsionar. Fue un grito desesperado. Un grito que tiene más de un año.

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Vianey clamó por ayuda, aseguró que ha solicitado más de 30 veces una audiencia con la presidenta de la Coddehum, Cecilia Narciso Gaytán, pero la han ignorado.
Jaimes Contreras respondió con la muletilla que todas los funcionarios utilizan: “Su caso se está investigando”.
Hace un año Vianey llamó a la Policía de Chilpancingo para que la protegiera; fue el inicio de una pesadilla.
Esta es la relatoría de los hechos que forman parte de la recomendación 031/2025 que la Coddehum emitió contra seis policías municipales de Chilpancingo.
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Eran las 7:30 de la noche del 16 de febrero de 2025. Vianey llegó a su casa después de un día de trabajo en el Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. Afuera de su casa estaba un grupo de hombres bebiendo, estaban sin playeras.
Abrió la puerta de su casa y después fue a la de su vecino a recoger su mercancía. Cuando regresó, uno de los hombres había ingresado a su domicilio y estaba orinando en su baño.
Vianey le reclamó que se metiera sin permiso a su casa. El hombre se burló de ella. A las 7:43, ella llamó al número de emergencia 911 para pedir auxilio. La patrulla no llegaba, insistió otras tres veces. A las 8:03 llegó una patrulla de la Policía de Chilpancingo.
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Los agentes saludaron amistosamente al grupo de hombres que estaban afuera de la casa de Vianey. Se los llevaron afuera de la casa del vecino. Los hombres, frente a los policías, golpearon al vecino, luego entregaron dinero a los agentes.
Vianey trató de impedir la agresión, pero los hombres ordenaron a los agentes que la detuvieran. Luego, uno de los hombres la golpeó, le dio en el hombro y le aventó una botella con cerveza. Otro se le abalanzó con una navaja. Los policías no hicieron nada, sólo miraron.
Luego la intentaron subir a la patrulla, Vianey se resistió. Los policías la amenazaron: “Si no te subes van a quemar tu casa”.
Uno de los agentes le dijo a otro de los hombres: “Quémale la casa”. La mujer se resistió otra vez. Llamó a su madre para que pidiera ayuda pero le advirtió que no se acercara.
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Un agente le quitó el celular, otro la golpeó, le dio cachetadas, a pesar de que tenía en sus brazos a su hijo. Llegó la patrulla PM-002 de la Policía Municipal y la subieron al vehículo con una mujer policía y otro elemento.
En el camino, la policía la amenazó, le dijo que sabían todo de su familia; el otro agente le tocó los senos, se los apretó y le tocó sus partes íntimas. En el relato, Vianey afirma que los agentes le quitaron 16 mil pesos que traía guardados en el brasier.
Cuando llegaron a barandillas, la Policía Municipal determinó que Vianey alteró el orden público y la multaron con 500 pesos. Tras el pago, fue liberada.
De inmediato se trasladó a una agencia del Ministerio Público, pero ahí le “recomendaron” que primero fuera a recibir atención médica y volviera. Al día siguiente acudió al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, acompañada de personal de la Coddehum.
La Policía Municipal de Chilpancingo —como casi todas las de Guerrero— ha sido señalada de formar parte de las estructuras criminales. Es una corporación en la que muy pocos confían y a la que muchos le temen.
El último encargado de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el teniente retirado del Ejército, Germán Reyes Reyes, está vinculado a proceso, acusado de ordenar el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, y de formar parte de la organización criminal Los Ardillos.
En diciembre de 2017, en Chilpancingo, policías municipales desaparecieron a siete jóvenes, entre ellos dos menores de edad; esto ocurrió entre los días 25 y 27.
Tres de ellos fueron liberados el 3 de enero de 2018, con indicios de tortura, pero vivos. Declararon haber sido trasladados a la estación de policía local, conducidos posteriormente a una casa de seguridad y luego llevados a Acapulco, donde fueron introducidos en celdas, en las que permanecieron al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados en cualquier momento.
Los cuerpos de otros dos jóvenes fueron encontrados el 3 de enero en Chilpancingo. Amnistía Internacional afirma que fueron detenidos por la Policía Municipal y llevados a barandillas. Luego fueron entregados a un grupo del crimen organizado. Por este hecho sólo fue detenido un policía.
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Los otros dos jóvenes, identificados como Efraín Patrón Ramos y Abel Aguilar García, permanecen desaparecidos.
En ese contexto, la presidenta del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado, Guadalupe Gutiérrez Narciso, denunció que entre 2016 y 2018 el colectivo había documentado 20 casos de desaparición, en los cuales la Policía de Chilpancingo tuvo participación activa.
En 2023, empresarios hoteleros denunciaron la participación de agentes municipales en las extorsiones que sufren: “La maña (…) se lleva la millonada, me tocó ver a mí cómo llegaban a extorsionar a todos (…) y lo peor es que va el mañoso con cuatro policías municipales acompañándolo”.
En el caso de Vianey, el 5 de marzo de 2025, seis policías municipales de Chilpancingo, entre ellos Francisco Santiago Ojeda, Lorenza Cano Hernández y Martha Cuchillo, rindieron su declaración ante la Coddehum.
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Según su versión: arribaron a la casa de Vianey a las 7:45 de la noche tras el reporte al C4 con número 25039835 por alteración del orden público, debido a una “persona alcoholizada”.
Los agentes dijeron que Vianey fue la que comenzó a agredir al grupo de jóvenes que estaba bebiendo fuera de su casa. Aseguran que le pidieron que “guardara la compostura”. Luego afirman que fue Vianey la que se subió a la parte trasera de la patrulla con su hijo; que le pidieron que se bajara, pero que ella los ignoró. A las 8:20 llegó otra patrulla y que los agentes intentaron convencerla que se bajara, pero Vianey los ignoró y los agredió en dos ocasiones. Los agentes dijeron que por eso le colocaron “candados” en las manos para “su seguridad”, pensando que se iba a “arrepentir” y que se bajaría de la patrulla.
Los agentes aseguraron que durante todo el traslado a barandilla la trataron con “respeto a sus derechos humanos”. Dijeron que fue puesta a disposición de un juez Calificador, pero no asentaron la detención en el Registro Nacional de Detenciones porque se encontraba “en mantenimiento”.
El 21 de febrero de 2025, la madre de Vianey rindió su testimonio ante la Coddehum, el cual coincide con la relatoría que hizo Vianey. Contó que una mujer policía la amedrentó con la posibilidad de enviar al hijo menor de Vianey, de ocho meses, en ese momento al DIF.
El 21 de marzo, el vecino también rindió su declaración ante la Coddehum. Ratificó la versión de Vianey. Afirmó que uno de los hombres que bebían en la calle entró a la casa de Vianey a orinar sin permiso. Confirmó que un hombre y una mujer de ese grupo la golpearon y que la policía no hizo nada para evitarlo.
En la recomendación, la Coddehum expone que la detención de Vianey fue arbitraria porque no pudieron demostrar “la legalidad de la detención. Afirma que los agentes vulneraron sus derechos humanos y que durante la detención no protegieron ni garantizaron la dignidad de la mujer. También afirma que de las acciones de los policías se podrían “desprender conductas ilícitas”.
Sin embargo, la Coddehum sólo hizo dos recomendaciones: La primera, pide al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Chilpancingo que comience un proceso administrativo contra los seis agentes. La segunda, que envíen a los elementos a “cursos de capacitación y actualización” sobre derechos humanos. Estas medidas no tuvieron ningún efecto.
Desde entonces, un día sí y el otro también, los policías Francisco Santiago Ojeda, Lorenza Cano Hernández y Martha Cuchillo la hostigan. Han llegado a su puesto a amenazarla, le han robado su mercancía, la extorsionan.
Vianey afirma que le piden 5 mil pesos para dejarla vender. Ella siempre tiene la misma respuesta: su puesto apenas y da para que ella y sus cuatro hijos —dos con discapacidad— puedan sobrevivir.
¿Por qué no se va de Chilpancingo?, le propone una mujer que escucha su denuncia.
“Porque no tengo a dónde irme, no tengo dinero para irme”, responde Vianey.
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