ONG's alertan a Semarnat sobre proyectos de rehabilitación en playas de Quintana Roo; exigen nueva Manifestación de Impacto Ambiental
El estado pretende realizar nuevas obras de restauración de playas modificando una autorización ambiental de 2009, lo que permitiría ejecutar los trabajos sin una evaluación ambiental actualizada
El gobierno de Quintana Roo pretende llevar a cabo obras de restauración ambiental de sus playas solo obteniendo el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para modificar la autorización que esta dependencia federal expidió desde 2009 para el proyecto de Rehabilitación de Playas de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, ejecutado en esa época.
De aprobarse, lo anterior implicaría que los trabajos se desarrollen sin que se someta a evaluación del impacto ambiental un nuevo proyecto ejecutivo y su correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) –como lo marca la ley– aun cuando el polígono de actuación autorizado originalmente será ampliado, al incorporar las playas de otro municipio –Puerto Morelos– no contempladas en la autorización vigente.
Las obras planteadas actualmente incluyen la extracción y rellenos de arena –como entonces– así como otro tipo de intervenciones técnicas que no han sido evaluadas con antelación, ni especificadas o presentadas públicamente, aunque sí en privado a empresarios y autoridades municipales.
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El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado (SEMA), Óscar Rébora, habló del tema por primera vez hace un año y, recientemente confirmó que se encuentran a la espera de la respuesta de la Semarnat, que podría resolver durante el primer trimestre del 2026 si la autorización vigente se amplia, dando pie al inicio de los trabajos, aunque no necesariamente en lo inmediato.
El proyecto abarcaría 33.5 kilómetros de playas, de los cuales, 12 corresponden a Cancún; 12 a Playa del Carmen, 7 a Puerto Morelos y 2.5 a Cozumel y la información se entregó a la Semarnat desde este año, lo que incluyó, según el funcionario, volumetrías de bancos de arena, batimetrías, dinámicas costeras, modelaciones hidrodinámicas y cálculos de metros cúbicos de arena requeridos, mas no una nueva MIA, aun cuando prácticamente se trata de un proyecto de mayor envergadura.
Ante ello, este domingo, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia y colectivos ciudadanos solicitaron a la Semarnat negar la solicitud de ampliación de la autorización de Impacto Ambiental vigente y exigir la elaboración y evaluación de una nueva MIA integral, regional y actualizada.
En un pronunciamiento público, el bloque de organizaciones pidió a la dependencia federal que garantice el acceso a la información y la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en la Ley General el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento en materia de EIA y el Acuerdo de Escazú, signado por México.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Healthy Reefs for Healthy People, Centinelas del Agua, Casa Wayuu, Moce Yax Cuxtal, Amigos de Sian Ka’an (ASK), el Grupo Tortuguero del Caribe y Greenpeace México, entre otras asociaciones, afirmaron que Semarnat “debe asegurar que cualquier decisión esté basada en la ciencia, la legalidad, la transparencia y los derechos humanos, no en autorizaciones ambientalmente superadas”.
Además, en su carta pública pidieron al gobierno de Quintana Roo “transparentar la información y apegarse a sus atribuciones, evitando conflicto de interés e incurrir en responsabilidad administrativa y ambiental”, elaborar una MIA Regional nueva, que considere las condiciones actuales de los ecosistemas costeros; la mitigación de impactos y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, toda vez que de 2009 a la fecha las condiciones ambientales de las costas estatales han cambiado considerablemente.
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Su petición incluye el incorporar información actualizada y aplicar la mejor ciencia disponible, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución y en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI).
Las organizaciones expusieron que la MIA autorizada en 2009, que solo abarcó la rehabilitación de tramos específicos en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, resulta “material y jurídicamente insuficiente” para sustentar la ampliación del proyecto hacia Puerto Morelos y la incorporación de 33.5 kilómetros adicionales de litoral.
“La magnitud, alcance territorial y condiciones ambientales actuales obligan a la elaboración y sometimiento de una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, y no a una simple modificación de la existente, incorporando estudios actualizados de batimetría, dinámica costera y volumetrías de arena, conforme a los requerimientos formulados por la propia Semarnat.
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“Si bien la autoridad (estatal) ha señalado que la evaluación se enmarca en el Plan Nacional de Restauración y ha considerado rutas de atención expedita para contextos de emergencia, dichas vías no eximen el cumplimiento íntegro del procedimiento de evaluación ambiental”, se lee en el escrito.
En el documento subrayan que tan solo para el proyecto planteado para Cancún, que también amplia su longitud de intervención de Playa Las Perlas a Punta Nizuc, se requiere de un nuevo proyecto ejecutivo y de una nueva MIA.
“La legislación mexicana exige que las MIA se modifiquen o actualicen para proyectos ampliados, con cambios significativos o transcurridos más de 5-10 años, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-059-SEMARNAT”, se expuso.
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Como parte de su análisis, se detalló que la restauración de playas en el norte de Quintana Roo constituye un proyecto regional, “no una intervención aislada”, ya que involucra a múltiples municipios con ecosistemas y regímenes jurídicos diferenciados, cuyos impactos se encuentran interconectados por la dinámica litoral.
“Algunos de estos municipios son área de influencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, como el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, decretada en 2016 e inexistente al momento de la autorización original”, se indica.
Además, el Caribe mexicano ha experimentado transformaciones ambientales profundas: Aumento del nivel del mar, mayor intensidad de fenómenos hidrometeorológicos, así como llegada masiva y recurrente de sargazo a partir de 2015, fenómeno inexistente en 2009.
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En paralelo, los arrecifes que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) se encuentran en estado crítico, pues su cobertura se ha reducido del 19 por ciento al 13 por ciento desde 2009.
El blanqueamiento de 2023 fue el más grave registrado, ya que aproximadamente el 40 por ciento de los corales se vieron gravemente afectados.
Los corales que aún existen enfrentan amenazas cada vez más severas y de ahí la necesidad de protección y restauración, se advirtió.
“Las variables antes mencionadas no fueron ni podían ser consideradas en la autorización original, por lo que insistir en su vigencia contraviene el principio de prevención ambiental”, coincidieron las agrupaciones, que consideraron que, desde que se ejecutó el megaproyecto de Rehabilitación de 2009-2010, “es preocupante que no exista una evaluación pública integral” de sus resultados e impactos, pese a que múltiples tramos del litoral presentan procesos de erosión persistente o agravada.
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En ese sentido aseguraron que se debe presentar el grado de cumplimiento de condicionantes impuestas por la Semarnat en 2009, pues se desconoce si se acataron o no.
“La pérdida acelerada de arena en Playa del Carmen demuestra que las intervenciones mal diseñadas o insuficientemente evaluadas pueden agravar la problemática en lugar de resolverla”, señalaron, respecto a la inyección de arena en el área costera de El Recodo, que sigue presentando problemas, no solo de erosión sino de recale masivo de sargazo.
El asunto no es menor, toda vez que el proyecto costó casi mil millones de pesos, provenientes de recurso público proveniente del fondo de zona federal marítimo terrestre, además de contribuciones adicionales de empresarios, por el pago del derecho de uso y aprovechamiento de esa franja costera.
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Las asociaciones de la sociedad civil citaron la relación de las playas con especies costeras como la tortuga marina, la langosta o el caracol, lo mismo que con aves, como garzas, pelicanos y fragatas, como un ensamble del ecosistema costero, ligado a los arrecifes, los pastos marinos, los manglares y la propia selva.
“La ejecución del proyecto sin una nueva MIA podría vulnerar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Constitución, así como el derecho a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales, garantizado por la legislación nacional y por el Acuerdo de Escazú, del cual México es Estado Parte.
“También está en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales como la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marina (CIT) y el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), entre otros”, reiteraron.
aov/rmlgv
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