Chihuahua.— Pese al paso de los años, en regiones que están asentadas en los municipios del llamado Triángulo Dorado, en Chihuahua, el desplazamiento forzado es una realidad cotidiana.
Decenas de personas dejan sus casas, sus tierras y sus raíces a causa del crimen organizado.
Gabino Gómez Escárcega, activista e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), explica a EL UNIVERSAL que el problema del desplazamiento forzado en Chihuahua persiste, pero ahora el mayor problema es que el estado invisibiliza a las víctimas de esta situación y no se les reconoce como tal.
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En días recientes un grupo de organizaciones sociales, tanto del estado como de otras partes del país, llevaron a cabo la Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua, en donde se buscó conocer y compartir testimonios, contextos y preocupaciones documentadas durante un recorrido por distintos municipios para conocer de cerca esta problemática.
La Misión Civil de Observación buscó visibilizar la grave situación que enfrentan las familias desplazadas y contribuir a la exigencia de verdad, protección y justicia para las comunidades afectadas.
En el reporte oficial y público, que dio a conocer la Misión Civil señala que, según cifras estimadas por organizaciones civiles y medios de comunicación —ya que no hay un censo oficial—, en 2021 hubo 500 personas desplazadas, mientras que para 2025 se estima que fueron más de mil 500 personas en Desplazamiento Forzado Interno (DFI), es decir, se triplicó el número de víctimas, y en 2026 el número sigue en aumento.
“El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década. En 2008 se registraron los primeros desplazamientos forzados en la región de Baborigame, luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias de sus comunidades.
“Año con año hemos conocido esas historias; sin embargo, desde 2024 empezamos a registrar eventos de desplazamiento forzado masivo, como es el caso de Atascaderos y en los últimos días de familias provenientes del municipio de Tamazula, estado de Durango”, señala el documento.
Gómez Escárcega observa que en Chihuahua actualmente hay una situación que busca invisibilizar el desplazamiento.
“Ser desplazadas simplemente por la violencia, no se les reconoce como víctimas o tratan de ser minimizados los apoyos que se pueden otorgar de manera emergente”, dice en entrevista el activista.
Según afirma, en este estado existen comunidades que han salido desplazadas desde hace 10 años y en otros casos, donde hace semanas tuvieron que salir de sus comunidades.
Además del desplazamiento interno, también está el externo, donde se ha documentado que a municipios de Chihuahua, como Hidalgo del Parral, llega población de otras entidades, desplazada por la violencia, la cual es acogida por familiares, conocidos e incluso por la misma autoridad municipal.
“El problema ha rebasado a los municipios, el gobierno del estado, y quien tendría la obligación directa para la atención de la problemática, lo hace de manera limitada y no se diga del gobierno federal que está ausente totalmente de este tema”, señala Gómez Escárcega.
Las causas
A decir del activista, la pelea de los grupos criminales por los espacios territoriales en la región serrana de Chihuahua es lo que provoca el desplazamiento en la entidad.
Afirma que el crimen organizado se confronta en las comunidades y en medio queda la población civil, que padece los efectos.
“Es una guerra que hasta así la llama una de las niñas que participó en una de las reuniones que tenemos. La violencia, esa es la razón”, afirma.
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Esta situación se presenta en municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi y en los últimos tiempos también hay un desplazamiento en municipios de Balleza en El Vergel, Moris, Uruachi, así como Madera, todos en la zona serrana de Chihuahua.
“Son municipios que han sufrido el impacto del desplazamiento; particularmente hace unos meses en las comunidades de Moris y Uruachi, que son colindantes, tuvieron que salir personas y llegaron a Cuauhtémoc. De lado de Madera, es la región de la Norteña donde tuvieron también efectos que llegaron a la región de Madera desplazados”.
El riesgo de regresar
A decir de Gabino Gómez, las familias desplazadas por la violencia algunas son acogidas por las organizaciones civiles, como ya ha ocurrido años atrás, para regresar a su lugar de origen y recuperar sus tierras.
Otros grupos que han llegado a municipios como Parral están aún desplazados y dispersos, sufriendo situaciones complicadas económicamente y sin recibir algún tipo de apoyo.
También existen grupos que aunque se les ha dicho que hay condiciones de regresar a sus territorios, no es así.
“El hecho que se hayan regresado no les resuelve realmente el problema. En el grupo que regresó actualmente hay dos personas víctimas, una desaparecida y otra asesinada. Ellos se habían desplazado por la violencia, los convencen de que se regresen y con esas condiciones y nuevamente la gente vive con temor por los enfrentamientos. Aquí lo que se requiere es una intervención efectiva del Estado mexicano en su conjunto, de todos los niveles de gobierno para controlar las zonas en esos lugares”, señala el activista.
A la fecha, no existe una cifra o un estimado de cuántos casos hay de desplazamiento, ya que las organizaciones aseguran que la autoridad no quiere reconocer el desplazamiento como un problema.
“La exigencia es que se reconozca en el estado y en el país, porque no es sólo en Chihuahua, sino en varias regiones del país. De manera general es la necesidad de que haya una ley para desplazados, así como lo hay para desaparecidos, la ley de víctimas”.
Les arrebatan todo
De acuerdo con la información pública de la Misión Civil que se realizó en Chihuahua en días recientes, se logró conversar con 200 personas víctimas de DFI provenientes principalmente de la Sierra Tarahumara, de municipios de Sinaloa, Durango y Chihuahua, específicamente del municipio de Guadalupe y Calvo.
Se encontraron similitudes en los sistemas y patrones de comportamiento que los grupos armados despliegan como estrategias para aterrorizar a las familias y finalmente expulsarlas de sus hogares, para luego ocupar sus viviendas y despojarlas de sus bienes: cultivos, ganado, muebles, hogar y territorios.
“A las familias no sólo les arrebatan sus bienes materiales: se les despoja de su tranquilidad, de una vida comunitaria plena, del ejercicio de su identidad cultural, de la celebración de sus ceremonias y tradiciones que forman parte esencial de su ser, de su apego a la tierra, al bosque y al trabajo del campesinado.
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“La siembra de sus alimentos, la recolección de hierbas medicinales, la celebración de sus fiestas tradicionales también conformaban su bienestar y, en conjunto con sus posesiones materiales, les daban una vida tranquila y libre de violencia, pero, sobre todo, les daban autonomía y la posibilidad de dirigir sus vidas.
“Además, a las niñas, niños y adolescentes se les arrebata la infancia, educación y salud, así como la oportunidad de crecer jugando en sus territorios, y, en cambio, les da preocupaciones y miedos que no les corresponde cargar a su edad, lo cual significa una grave interrupción del desarrollo”, se lee en el informe oficial.
A raíz de estos hallazgos las organizaciones propusieron que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno de Chihuahua integre la participación de las organizaciones civiles de derechos humanos locales en vías de colaboración y atención integral, además de que se instale una Mesa Interinstitucional de atención al Desplazamiento Forzado Interno con la participación de los tres niveles de gobierno, con participación de las familias afectadas y organizaciones civiles de derechos humanos con experiencia en la atención integral del tema, entre otros aspectos.
En la Misión de Observación participaron organizaciones locales, nacionales e internacionales.
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