Como hemos hecho desde hace 16 años, hoy 30 de julio, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el análisis del primer semestre de 2026 en materia de seguridad.
En el informe se incluyen comparativas entre el primer semestre de 2026 contra el mismo periodo de 2025, de 17 de los principales delitos que nos afectan como sociedad.
De igual manera, la comparativa de los primeros 21 meses de la actual administración contra los 21 meses de las anteriores hasta llegar a la de Vicente Fox.
También se analizó el comportamiento delictivo de cada primer semestre del segundo año de gobierno de cada administración.
Cabe destacar que este tipo de análisis obedece a las reformas constitucionales en torno a los periodos de gobierno, es decir, la reducción del periodo de transición entre el gobierno de López y el de la presidenta Sheinbaum dificulta tener una plena comparación entre todos los periodos y administraciones.
En el informe también se incluye el análisis de las entidades y municipios con los mayores retos en materia de incidencia delictiva del actual semestre, las inconsistencias entre la narrativa oficial y los datos que publica el mismo gobierno; los cambios metodológicos que se presentaron por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como conclusiones y recomendaciones.
Entre los principales hallazgos se identificaron los siguientes:
1. Existen claras inconsistencias entre la narrativa gubernamental y los datos oficiales. Por ejemplo, en lo que va de la presente administración las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 38% y no en el 60% que se ha presumido desde la vocería del Ejecutivo Federal.
2. Otra evidente contradicción es que, al tiempo que los delitos generadores de violencia mantienen una tendencia creciente, los homicidios dolosos bajaron.
3. En los 21 meses de gobierno de Sheinbaum cayó la tasa de víctimas de secuestro en 51% comparada con los 21 meses anteriores a su gobierno.
4. Sigue vigente la crisis de desapariciones, en el actual periodo de gobierno el registro de personas desaparecidas creció un 39%, es decir, se registraron 19,923 personas en los primeros 21 meses del gobierno Sheinbaum contra las 14,310 que se registraron en los 21 meses anteriores.
5. La extorsión se encuentra en máximos históricos ya que aumentó 21% respecto a la administración anterior, que era la de mayor tasa hasta ese entonces.
6. En el actual semestre 48 municipios concentran la mitad de todos los homicidios dolosos del país.
7. Los focos rojos estatales combinan tasas históricamente altas, como son los casos de Morelos, Colima y Sinaloa, con entidades de rápido crecimiento (Hidalgo, Nuevo León, Yucatán). Dicho en otras palabras, el mapa del riesgo se está reconfigurando y la violencia crece en entidades que no solían tener problemas críticos de incidencia delictiva.
8. Si bien la estadística delictiva parece describir una mejora constante de las condiciones de seguridad del país, la percepción de inseguridad generalizada se mantiene alta, sólo cuatro de cada 10 mexicanos se sienten seguros -y en algunos municipios sólo una de cada 10 personas se siente segura-. Ello probablemente se debe a las evidencias constantes de hechos delictivos, a los homicidios múltiples y al conocimiento generalizado en torno a cómo la delincuencia organizada controla grandes extensiones de nuestro país.
Es importante reconocer el trabajo del SESNSP. Este año presentó la nueva metodología de registro que incluye una mayor desagregación y caracterización de todos los delitos.
Particularmente importante es que a partir de 2026 los registros de personas desaparecidas requieren de un mínimo de información para que sean validados, la distinción entre extorsión presencial y no presencial y otros elementos clave para evaluar avances y retrocesos en materia de seguridad, así como para poder hacer un buen diseño de las políticas que atienden dicho tema.
Sin embargo, tales mejoras hacen incomparables los registros históricos por lo que parte de las comparativas entre periodos se vuelven inviables.
Asimismo, es importante señalar que ha aumentado la debilidad en la calidad de la información publicada dadas las constantes fallas en seguir los procesos, a la desatención del personal a las víctimas y su consecuente revictimización, a la pérdida de recursos institucionales entre otros factores, por parte de las policías y fiscalías de nuestro país.
Todo ello ya lo habíamos señalado. ¡Era inevitable que la pérdida de recursos; la politización de las decisiones en materia de seguridad; la justicia aplicada a modo; las amenazas ejercidas desde el poder en contra de toda voz crítica; la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de la estadística pública de fosas clandestinas y cuerpos localizados, terminaría por debilitar la solidez de la información delictiva, la transparencia y la rendición de cuentas!
Eso mismo concluyeron la Universidad Iberoamericana y las organizaciones civiles Artículo 19 y Data Cívica, que en su informe “Enterrar la verdad, opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México” documentaron cómo dichos retrocesos afectan el conocimiento que en México se tiene sobre el fenómeno de las desapariciones, del homicidio, del control territorial de la delincuencia y de la debilidad institucional.
Nuestro “Reporte Semestral de Incidencia Delictiva del Primer semestre de 2026” cierra con recomendaciones en torno a la política de seguridad y a la de registro estadístico.
Ello incluye sugerencias directas para focalizar el trabajo por municipios, regiones y delitos. Algo que difiere del actual enfoque, centrado en atender la situación en los municipios más violentos.
Se requiere una supervisión de la federación sobre las fiscalías locales para homologar criterios de clasificación y persecución de los delitos, así como de atención a las víctimas.
La estrategia debe implementarse de manera diferenciada por delitos que son fines a sí mismos, así como de aquellos que son parte de un sistema delictivo.
Es indispensable que el SESNSP publique el reporte de modificaciones y reclasificaciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para depurar registros sin solidez metodológica y compararlos con los actuales.
Se requiere mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para reducir el control territorial que tiene la delincuencia organizada. Si bien es tarea de la federación atender dicho fenómeno, es fundamental impulsar la corresponsabilidad y recuperar la experiencia de las autoridades locales.
Se debe consolidar la Plataforma Única de Identidad con seguimiento público de su desempeño.
También es importante poner particular atención a aquellas entidades que presentan un repunte de la incidencia delictiva y violencia, con mayor crecimiento -como son los casos de Hidalgo, Nuevo León y Yucatán- antes de que consoliden tasas altas de delitos.
Se debe romper el pacto de impunidad a políticos cercanos y la persecución a modo de los adversarios. La justicia debe ser imparcial siempre.
Podrás consultar el “Reporte Semestral de Incidencia Delictiva del Primer semestre de 2026” en nuestra página www.onc.org.mx y en la plataforma delitosmexico.onc.org.mx
Estos insumos permiten diferenciar entre palabrería y datos, entre avances y retrocesos reales respecto a lo que los políticos nos dicen.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano