Era el 28 de abril de 2022 y, tras la detención de un adolescente infractor en flagrancia con armas y droga, Juan de Dios Z.G., la Fiscalía General de Chihuahua orquestó un operativo para detener al líder del cártel de Sinaloa en la sierra Tarahumara, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco.
El trabajo de inteligencia llevó a una casa en el municipio de Urique. Una gran y majestuosa casa que contrastaba con el resto de las propiedades rurales de la zona. La fiscalía de Chihuahua, entonces a cargo de Roberto Javier Fierro, pidió el apoyo de la Secretaría de Marina, quienes dispusieron un helicóptero artillado para apoyar a los fiscales y la policía estatal de Chihuahua.
Cuando llegaron a la casa, los narcos abrieron fuego con todo sobre los estatales. Los marinos no repelieron la agresión en apoyo de la policía de Chihuahua. Luego de reclamos, los marinos dijeron que sus superiores no habían autorizado el uso de fuego en su apoyo. Eso permitió que escapara El Chueco, objetivo del operativo. En su casa se encontró un arsenal: 81 armas, 14 granadas, cinco lanzagranadas, 240 cargadores, 17 mil 817 cartuchos, seis vehículos (dos de ellos blindados) y otro con aditamentos para disparo.
Casi dos meses después de escaparse, el mismo líder criminal que la Marina no ayudó a capturar se apareció en el pueblo mágico de Cerocahui, parte de su zona de influencia en el “triángulo dorado”, y asesinó a sangre fría a varias personas, entre ellos los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar. Una masacre que, por brutal e inexplicable, cimbró a México.
El asesinato a sangre fría de los sacerdotes tensó la relación de la Compañía de Jesús, de los obispos mexicanos y hasta del entonces Papa Francisco con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se seguía aferrando a su política de “abrazos, no balazos”.
El pueblo de Cerocahui, luego de los multihomicidios, fue prácticamente tomado por el Ejército y la Guardia Nacional. También había efectivos de la policía estatal, pero la coordinación de la seguridad recayó en las fuerzas federales. Durante una visita que realicé a esa comunidad, un mes después de la masacre, nadie quiso declarar a la cámara, pues nos decían que ‘El Chueco’ y el cártel de Sinaloa seguían controlando todo. De hecho, en el pueblo militarizado, encontramos y grabamos una pista de aterrizaje clandestina a 900 metros de la iglesia, en una zona con mucho arbusto, donde era notorio, por las marcas de rodaje, que seguían aterrizando avionetas del narco para mover droga. Esto a pesar del cerco militar.
En octubre de 2022, el periódico español El País publicó tras las revelaciones del grupo de hackers Guacamaya que, dos años antes de la masacre de Cerocahui, la inteligencia militar mexicana tenía perfectamente identificado a El Chueco y, en un informe de 96 páginas, sabían que era “el brazo armado del cártel de Sinaloa” y que estaba involucrado “en el control y tráfico de droga, así como secuestros, extorsiones, cobro de piso, la tala clandestina y ejecuciones, entre otros delitos”.
A pesar de la detallada información en poder de los militares, no hay registro de que las fuerzas armadas hayan realizado un operativo para detenerlo y, cuando pudieron hacerlo, la Marina abandonó a la policía de Chihuahua. Luego, el gobierno de Chihuahua y un equipo de investigación periodística encontraron que las pistas del narco continuaban operando desde el mismo Cerocahui.
El Chueco nunca fue aprehendido por las autoridades. Apareció muerto, en 2023, en un camino de terracería en Choix, Sinaloa, una zona controlada por el cártel de Sinaloa.
A cinco años de la masacre de Cerocahui y de las investigaciones y revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, muchas cosas llaman la atención. En particular, la protección que, en Chihuahua, también tuvo el cártel de Sinaloa, sus liderazgos y hasta sus operaciones aéreas por parte de las fuerzas federales que, en el mejor de los casos, fueron muy omisas. Y, desde luego, que uno de los prófugos más importantes de la justicia mexicana, por quien las autoridades chihuahuenses daban una recompensa de 5 millones de pesos, apareció muerto para que nadie supiera sus secretos y alianzas con las fuerzas de seguridad. Muerto, subrayo, en Sinaloa.
Con todo lo que rodeó la evasión, crímenes y muerte de El Chueco, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y su equipo de seguridad, tuvieron profundas dudas de que el gobierno federal les estuviese ayudando a combatir al crimen organizado en la zona de la sierra Tarahumara. Incluso, hay quienes afirman que, al menos durante el sexenio de López Obrador, era lo contrario. Ahora todo empieza a hilar: Sinaloa.
También queda claro que la gobernadora, luego de Cerocahui, se fue por su cuenta —y con la CIA— para combatir al narco. El gobierno estatal y federal están moviendo sus fichas en un tablero de ajedrez en el que está en juego el país mismo.
X: @JTejado