Ures, Sonora. - El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora anunciaron el inicio de una nueva etapa de remediación ambiental en la Cuenca del Río Sonora, con una inversión inicial de 654 millones de pesos, en lo que las autoridades presentaron como la primera acción integral para atender las consecuencias del derrame ocurrido en 2014 en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informaron que los trabajos comenzarán en septiembre de 2026 y se extenderán, en una primera fase, hasta diciembre de ese año.
Las acciones incluirán caracterización, muestreo, remoción, tratamiento y disposición de suelos y sedimentos potencialmente contaminados.

El anuncio fue realizado en Ures, uno de los municipios afectados por el derrame, durante un encuentro con habitantes y representantes de los Comités de Cuenca, quienes plantearon dudas sobre el alcance de la remediación, la selección de sitios y el seguimiento ambiental de las zonas intervenidas.
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El 6 de agosto de 2014 ocurrió uno de los peores desastres ambientales en la historia de la minería mexicana.
De una pileta de la mina Buenavista del Cobre se vertieron más de 40 millones de litros de solución acidulada de cobre y otros metales pesados, entre ellos arsénico, cadmio, cromo, plomo, aluminio, fierro y manganeso.
Los contaminantes recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, atravesando los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
El avance de los tóxicos fue contenido en la presa El Molinito, fuente de abastecimiento de agua para miles de habitantes de la capital sonorense.
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El derrame afectó a más de 22 mil personas y generó pérdidas económicas en actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.
Organizaciones civiles y habitantes de la región han sostenido durante años que la atención fue insuficiente y que persisten afectaciones ambientales y de salud.
El gobernador Durazo reconoció que existe desconfianza entre las comunidades debido a que durante más de una década no se logró una solución integral. Señaló que, desde diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la elaboración de un programa con tiempos, recursos y responsables para atender la problemática del Río Sonora.
“Después de 12 años, tienen derecho a dudar”, expresó el mandatario estatal al asegurar que los gobiernos federal y estatal mantendrán el diálogo con las comunidades afectadas.
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Bárcena afirmó que los recursos para esta etapa ya están disponibles y que las acciones responden a un compromiso asumido por el Gobierno de México con los habitantes de la cuenca.
Las autoridades informaron que ya se realizaron recorridos técnicos en la región y se tomaron 64 muestras de suelo y sedimentos, además de muestras de agua en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito.
También se revisarán más de 5 mil muestras históricas y se efectuarán nuevos estudios conforme a las normas ambientales vigentes.
La remediación se desarrollará en tres etapas. La primera consiste en el diagnóstico y caracterización de las zonas afectadas, mediante estudios técnicos y muestreos para identificar los puntos con mayor riesgo ambiental y sanitario.
La segunda etapa contempla el manejo, remoción, tratamiento y disposición de los materiales contaminados que sean detectados en suelos y sedimentos de la cuenca, con el objetivo de reducir la exposición de la población y evitar la dispersión de contaminantes.
La tercera fase estará enfocada en la vigilancia y el monitoreo ambiental de las áreas intervenidas, a fin de verificar la eficacia de la remediación y prevenir que vuelvan a generarse riesgos para el ambiente y la salud de las comunidades.
Las autoridades aseguraron que habrá mecanismos de información pública y reuniones periódicas con las comunidades para dar seguimiento a los avances.
La remediación forma parte del Plan de Justicia para Cananea, que además contempla acciones en materia de salud y abastecimiento de agua.
Entre ellas, se encuentra la construcción de un hospital para la región, una de las demandas históricas de los habitantes del Río Sonora.
Aunque el anuncio representa el mayor compromiso presupuestal desde el derrame de 2014, organizaciones y pobladores han señalado que el desafío será demostrar que las acciones no se limitarán a estudios y diagnósticos, sino que lograrán una recuperación ambiental efectiva y una atención integral a las comunidades que durante 12 años han exigido justicia por el desastre provocado por la operación de Buenavista del Cobre, la principal mina de cobre de Grupo México.
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