Guadalajara, en "bancarrota hídrica"

Guadalajara.— La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, es un ejemplo claro de la “bancarrota hídrica”, situación generada por la extracción y degradación del agua que lleva a que los ecosistemas pierdan su capacidad natural para regenerarse.

“Cuando se habla de crisis se habla de una posibilidad de restaurar lo que se dañó, pero ahora ya es bancarrota hídrica porque lo que hay que evaluar es si existe la habilidad de recuperar lo que se pueda y bajo la premisa de que puede ser irreparable”, considera Arturo Gleason, académico de la UdeG, dedicado al estudio de sistemas hídricos.

Las evidencias no son nuevas, pero la más reciente tiene que ver con el agua contaminada que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) —organismo que opera el abasto de agua en la metrópoli y es administrado por el gobierno del estado— distribuye en la ciudad.

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Los reportes sobre la mala calidad del agua en la ciudad comenzaron a principios de este año y desde entonces no cesan, lo que obligó al gobierno estatal a reconocer el problema y a presentar un “plan hídrico” para la ciudad que ha generado más dudas que certezas.

Siglos de contaminación

En febrero de 1542 ocurrió la cuarta y definitiva fundación de Guadalajara, en "bancarrota hídrica"—según la versión más popular, el nombre de la ciudad significa “río que corre entre piedras”— a orillas del río San Juan de Dios. Durante siglos, la población subsistió tomando agua del río Atemajac y de manantiales cercanos, como Agua Blanca, Agua Azul, San Andrés, Mexicaltzingo y Los Colomos.

La contaminación del agua comenzó en el siglo XVII, cuando se construyó el primer sistema de drenaje público, para mantener limpias las calles de los desechos [orines y heces fecales] que llegaban directamente al río San Juan de Dios, que, para finales del siglo XIX, se convirtió en una cloaca a cielo abierto y que en tiempo de lluvias inundaba la ciudad con aguas negras; la solución fue entubarlo y convertirlo en lo que hoy es la Calzada Independencia.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la población y la aparición de un corredor industrial en el municipio conurbado de El Salto provocaron que las fuentes de abastecimiento de agua fueran insuficientes.

Por ello, en 1957 comenzó a extraerse agua del lago de Chapala a través de un canal a cielo abierto, que en 1991 se integró al acueducto por el cual llega aproximadamente 63% del agua que se consume en la ciudad; el resto proviene de acuíferos sobreexplotados (22%), del sistema de presas Calderón-La Red-El Salto-El Zapotillo (14%) y de algunos manantiales (1%).

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El día cero

Desde finales de los años 90, se advertía la necesidad de llevar más agua a Guadalajara y en las siguientes décadas se plantearon alternativas que naufragaron por diferencias políticas, por su inviabilidad técnica y ambiental o por graves afectaciones sociales, como la construcción de la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, lo que amenazaba con inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Los Altos de Jalisco.

El 10 de febrero de 2021, las presas Calderón y La Red se secaron y el suministro de Guadalajara comenzó a ser intermitente, sobre todo en la parte norte. Rodrigo Flores Elizondo, investigador del ITESO, señala que ese día es conocido como el día cero del agua.

Para sobrellevar el problema de desabasto, el gobierno estatal implementó el despacho de agua a través de pipas, la colocación de tinacos públicos y un programa de tandeos en gran parte de la ciudad, lo que es insuficiente.

En el artículo A cinco años del Día Cero del Agua en Guadalajara, ¿qué hemos aprendido?, publicado por el ITESO en marzo pasado, Flores Elizondo consideró que “se sigue evidenciando que el sistema es aún muy vulnerable a pequeñas sequías y que no hay un plan de respuesta más allá de la ampliación de la oferta”.

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¿Y el saneamiento?

El 25 de enero de 2008, Miguel Ángel López Rocha, un niño de 8 años, cayó a las aguas del río Santiago mientras jugaba; 19 días después murió en el Hospital General de Occidente por una falla multiorgánica causada por una intoxicación aguda por arsénico.

A pesar de que el gobierno estatal, entonces encabezado por Emilio González Márquez (PAN), se rehusó a aceptar cualquier responsabilidad por la grave situación de contaminación del río, en 2015 la familia del niño logró que se le reconociera como víctima.

Desde entonces, organizaciones y colectivos como Un Salto de Vida, el Comité Ciudadano en Defensa Ambiental de El Salto y el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), han documentado la muerte de miles de personas por cáncer y otros padecimientos atribuibles a la severa contaminación del río.

También denuncian que las descargas sin tratar por parte de industrias, fraccionamientos, basureros, etcétera, son la principal fuente de contaminación del río que forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, el segundo afluente más largo del país.

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Hasta hoy las acciones realizadas por las distintas administraciones estatales para el saneamiento del río han fracasado.

El último reporte de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, publicado por el gobierno federal en mayo pasado, indica que en el tramo del río Santiago que pasa por los municipios de El Salto y Juanacatlán, las concentraciones de coliformes fecales oscilan entre 460 mil y 46 millones de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 100 mililitros, cuando la metodología del Índice de Calidad del Agua establece que la concentración de coliformes debe ser inferior a 100 UFC por cada 100 mililitros para considerar que el riesgo de enfermedades es aceptablemente bajo.

Además, señala que las muestras tomadas en 2025 revelan que el nivel más alto de oxígeno disuelto fue de 2.53 miligramos por litro, lo que prácticamente hace imposible la vida acuática, ya que el mínimo requerido es de 5 mg/L.

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Diagnóstico parcial

Tras reconocer que hay un problema con el agua que el SIAPA distribuye en la zona metropolitana de Guadalajara y señalar que se debe a múltiples factores que se han gestado durante varias administraciones, a finales de junio pasado el gobierno de Jalisco anunció un plan de 32 acciones para resolver el problema hidrológico de la ciudad.

Un par de semanas después, los legisladores recibieron las Bases Técnicas para la Priorización de las Intervenciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara, un documento de más de 400 páginas, criticado por especialistas.

En opinión del investigador Arturo Gleason, se trata de un documento improvisado, sin profundidad y lleno de generalidades: “en la página 8 el propio documento señala que ‘estas bases técnicas no constituyen los instrumentos de planeación estratégica, ni determinan de manera anticipada las soluciones específicas que deberán adoptarse. Tampoco representan, por sí mismas, decisiones de programación, financiamiento, autorización o ejecución’”.

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Al solicitar una explicación detallada del contenido del documento, la administración estatal dio acceso a una liga en la cual se encuentra la totalidad de los archivos que conforman el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (https://planintegraldelagua.jalisco.gob.mx/), compuesto por tres documentos centrales y 31 anexos [más de mil 800 páginas] en el que se estima que para llevar a cabo las 32 acciones propuestas por el Poder Ejecutivo se requiere que entre 2026 y 2030 se inviertan unos 42 mil 217 millones de pesos en diferentes rubros, como el saneamiento, la distribución y la infraestructura.

También se reconoce que parte de la información existente (en la que se basa el diagnóstico) está fragmentada e incompleta y no es homogénea.

“La integración del diagnóstico muestra que uno de los principales resultados no es únicamente la identificación de restricciones, sino el reconocimiento de la información que todavía debe consolidarse para reducir la incertidumbre. Entre los vacíos más relevantes se encuentran la ausencia de inventarios homogéneos sobre condición y antigüedad de determinados activos; la falta de balances comparables entre capacidad nominal, disponible y utilizada; la fragmentación de registros de operación, mantenimiento y fallas; y la limitada integración territorial de los estudios de cuencas, redes y servicios”, se lee en el documento.

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