Cuernavaca, Mor.- El Gobierno de Morelos anunció que la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, aprobada por el Congreso de Morelos en noviembre de 2025, no se impondrá. Tras reuniones directas con el sector transportista, el Ejecutivo confirmó un ajuste mínimo y estratégico al artículo octavo transitorio para evitar interpretaciones erróneas y cerrar la puerta a la confrontación.
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, informó que el acuerdo estableció que la transición del modelo hombre-camión a empresa-camión será voluntaria y gradual, no obligatoria. Empero, subrayó, el proyecto de modernización está vigente.
García Chávez sostuvo que la instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia es el consenso antes que la imposición, pero manteniendo el objetivo de un transporte público moderno, eficiente y seguro, con las personas usuarias como prioridad.

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El jefe de la Oficina de la Gubernatura afirmó que ambas partes coincidieron en que la movilidad no puede seguir anclada al pasado, y los ajustes afinan la norma sin desnaturalizarla y dan viabilidad jurídica y operativa al nuevo sistema.
El Ejecutivo anticipó una nueva reunión técnica la próxima semana y, con el reinicio de actividades del Congreso, solicitará las facilidades legislativas para cerrar el proceso sin ruido ni litigios.
El acuerdo con el sector de transportistas ocurre luego de que algunos liderazgos presentaron mil 220 amparos contra la ley, aunque el Poder Judicial Federal les negó la suspensión provisional pero los admitió a trámite.
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El líder de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), Dagoberto Rivera Jaimes informó que una vez publicada la corrección en el artículo señalado en la Ley, se desistirán de los amparos.
El Artículo 73 establece que la concesión del servicio de transporte público colectivo en rutas, corredores o cuencas de servicio se otorgará exclusivamente a personas morales constituidas bajo el modelo de gestión de ruta-empresa, y que dichas concesiones se asignarán preferentemente a los actuales concesionarios, conforme a la normativa aplicable.
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