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LA PAZ, BCS.- Una confrontación pública entre el director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales (IICP), Bernardo Soriano Castro, y el procurador de Justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, derivó en la destitución del primero, tras una serie de declaraciones críticas sobre el trabajo del procurador.
Soriano Castro, quien hasta el lunes 16 de febrero se desempeñaba como director del IICP de la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE), difundió en redes sociales y entrevistas una serie de señalamientos en contra del titular de la dependencia, entre las que destacan omisiones en la investigación del delito de extorsión en la modalidad de “cobro de piso”, así como diversos señalamientos sobre deficiencias en investigaciones relevantes, entre ellas, contra generadores de violencia.
“Basta de colusión. Pónganse a trabajar. Las personas que han estado en cargos públicos en vez de ir a pedir el voto deberían ir a pedir perdón por todo lo que no han hecho… por qué no se comprometen a desvincular la figura del MP del Poder Ejecutivo para que haya una verdadera autonomía”, expuso.
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El ex funcionario cuestionó la actuación y el liderazgo del procurador al frente de la institución, sobre todo en la investigación en materia de delitos como el cobro de piso.
Y es que afirmó que dicha práctica existe en distintas regiones del estado, sobre todo en la zona norte, pese a que en diferentes momentos tanto el procurador como el gobernador, Víctor Castro Cosió, lo han negado.
Refirió que su desempeño al frente de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI) hasta julio del año pasado le tocó llevar a juicio –dijo– a personas vinculadas con este delito.
Acusa censura y despido
“También esa farsa de que no hay cobro de piso es una mentira. A mí me tocó combatir el cobro de piso. No sé por qué dicen que no hay cobro de piso , si me tocó llevar a juicio a personas vinculadas”, lanzó.
Horas después de estas declaraciones, el ex funcionario dijo haber recibido el oficio mediante el cual fue removido del cargo acusando pérdida de confianza, y cuestionó el debido procedimiento y señaló que estaba siendo violentado en su derecho a la libertad de expresión.
Además, reveló información relacionada con el asesinato del comandante de la zona norte, Nabor Sánchez, quien se encontraba amenazado y fue asesinado en agosto de 2025.
Acusó que desde que asumió el cargo el procurador en junio de 2025 se quitó el refuerzo de seguridad que Soriano Castro había instruido en aquella región y acusó que el procurador “dejó solo al compañero”.
Procurador rechaza señalamientos
En el comunicado la PGJE confirmó la remoción del director del IICP al considerar que divulgó públicamente información fuera de los asuntos que legalmente tenía autorizados y emitió opiniones que, según la institución, “vulneraron los principios de legalidad, profesionalismo y lealtad a la institución”.
“...Emitiendo además opiniones públicas que implican prejuzgar sobre asuntos de su conocimiento, pero no de su competencia legal e institucional, quebrantando con ello la reserva que como funcionario público debía guardar y mantener por disposición legal, por lo cual ya previamente se le había llamado la atención”, expuso el procurador.
Asimismo, indicó que, tras las manifestaciones del ex funcionario sobre la presunta existencia del delito de extorsión en modalidad de cobro de piso se abrió una carpeta de investigación para indagar los hechos y refirió que Soriano Castro no había presentado ninguna denuncia formal, pese a que la ley lo obligaba como servidor público, “de tener conocimiento de la probable existencia”.
El procurador negó las acusaciones en su contra. “Son falsas, carentes de sustento, imprecisas y hasta absurdas, las cuales estimamos que, aunque no son normales, sí corresponden a una notoria y molesta reacción ante la remoción legal del encargo que venía ostentando”, añadió.
BCS, escenario de confrontaciones
Soriano Castro estuvo al frente de las investigaciones de delitos de alto impacto por siete años, hasta julio del año pasado. Su salida se dio en el contexto de amenazas en narcomantas, al reiniciar la ola de violencia en la entidad.
El entonces funcionario exigió mayor respaldo de las autoridades locales con equipamiento, gasolina, vehículos blindados y dejó entrever la vulnerabilidad de la corporación. En respuesta, fue removido del cargo y asumió la titularidad del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, de donde fue cesado el lunes.
BCS enfrenta desde abril de 2025 un clima de tensión y temor, concentrado sobre todo ahora al norte del estado, al ser escenario de confrontaciones entre grupos del Cártel de Sinaloa.
Autoridades han hecho un despliegue militar en los cinco municipios, con todo, han ocurrido asesinatos de mandos policiales, balaceras, vehículos incendiados, y han descubierto redes clandestinas de telecomunicaciones.
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, pidió al Gobierno federal el año pasado reforzar la estrategia de seguridad y el arribo de células especializadas en inteligencia.
Pese al reforzamiento de seguridad, los homicidios persisten, incluso en este arranque de año, colectivos de búsquedas han denunciado el incremento de las desapariciones.
aov/cr
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