¿Cuál es el castigo y la multa por abandonar a un bebé en México?; aquí te lo decimos

En los últimos meses, la Ciudad de México y el Estado de México han registrado varios casos de abandono de recién nacidos en espacios públicos. Uno de los más recientes ocurrió en los sanitarios de la estación del Metro UAM-I, donde fue localizado un bebé sin compañía adulta ni resguardo.

Este hecho, junto con otros similares, ha generado preocupación social y ha activado protocolos legales e institucionales para atender la problemática.

El abandono de menores es una conducta sancionada por el marco jurídico mexicano. Cada incidente representa una violación a los derechos fundamentales de la infancia y un delito con implicaciones penales graves.

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¿Qué sanciones establece la ley por abandonar a un menor en México?

Conforme al artículo 335 del Código Penal Federal, el abandono de una persona menor de edad constituye un delito que puede ser sancionado con pena privativa de libertad. Las condenas varían en función de las circunstancias y consecuencias del acto, con penas que van desde 1 mes hasta 4 años de prisión, en casos donde no se genera daño físico ni psicológico al menor.

Además, si durante el proceso judicial se acredita maltrato, negligencia o abuso, se pueden sumar cargos adicionales. En estos escenarios, la autoridad competente puede determinar la pérdida de la patria potestad o tutela, con el objetivo de salvaguardar al menor.

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En el Estado de México, el Código Penal local establece sanciones específicas. En situaciones donde el abandono no provoca daño, la pena es de 6 meses a 2 años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los 30 y 300 días de salario, o en su caso, trabajo comunitario. Si el abandono resulta en la muerte del menor, la pena puede incrementarse de dos a ocho años de prisión, junto con multas de 50 a 350 días.

¿Cuál es el protocolo cuando se encuentra a un bebé abandonado?

El hallazgo de un recién nacido en vía pública activa un protocolo de atención inmediata con la participación de distintas instituciones. El objetivo principal es asegurar la protección del menor desde el primer momento.

• Primera intervención: Elementos de seguridad pública acuden al lugar para verificar el estado del menor. Si no se identifican signos de emergencia médica, el bebé es trasladado ante el Ministerio Público.
• Inicio de procedimiento legal: La autoridad ministerial asume la custodia legal y abre una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del abandono y localizar a los posibles responsables.
• Medidas de protección: El menor es canalizado a una institución de asistencia social. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o sus homólogos estatales proporcionan resguardo temporal en albergues u hogares de acogida autorizados.
• Atención integral: Durante su estancia, el menor recibe atención médica, psicológica y social. La intervención profesional busca restituir sus derechos y garantizar un entorno seguro.
• Proceso de adopción: Si, tras la investigación, no se logra localizar a familiares responsables, se inicia el procedimiento legal que permite la adopción conforme a la legislación vigente en materia de infancia y familia.

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