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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la que el gobierno federal busca establecer una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar y la naturaleza, basada en la justicia ambiental.
Durante la presentación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Bárcena señaló que la propuesta representa un momento histórico, al plantear una actualización integral de un marco jurídico vigente desde 1988 y responder a desafíos que se han profundizado en las últimas décadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas.
“Es una nueva relación entre el desarrollo y el bienestar, la productividad y la naturaleza y, sobre todo, una relación que se basa en la justicia ambiental”, afirmó.
La funcionaria destacó que la política ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum coloca en el centro a las personas, las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos, bajo una visión que busca conciliar el desarrollo económico con la protección del patrimonio natural.
Bárcena sostuvo que el agua, el aire, los alimentos y los ecosistemas son fundamentales para la salud y la economía del país, por lo que protegerlos también significa reducir riesgos para las comunidades, restaurar zonas dañadas y generar oportunidades de bienestar sin comprometer los recursos naturales.
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Explicó que la iniciativa incorpora nuevas herramientas para enfrentar los retos ambientales actuales, entre ellas un programa de restauración ecológica, mecanismos para atender el cambio climático y disposiciones para fortalecer la prevención, reparación y remediación de daños ambientales.
“Antes hacíamos esto, conservábamos, preservábamos, pero sin la gente. Hacíamos grandes reservas. Sí, está perfecto, pero ahora lo hacemos con la participación de la gente”, señaló.
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La titular de Semarnat destacó además que la propuesta busca brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones, particularmente en regiones donde los proyectos de desarrollo pueden generar conflictos socioambientales.
Entre las nuevas disposiciones, mencionó la incorporación de avances científicos, innovación y nuevas tecnologías, así como el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas como parte de las herramientas para la protección de la biodiversidad.
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La iniciativa también contempla fortalecer el acceso a la información y a la justicia ambiental, además de impulsar la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el territorio y los recursos naturales.
Bárcena señaló que uno de los objetivos centrales será pasar de una política basada principalmente en sancionar a otra que privilegie la prevención.
En este sentido, adelantó que los grandes proyectos deberán considerar una evaluación estratégica ambiental previa y evitar la fragmentación de proyectos para analizar de manera integral sus impactos en una región.
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La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, en la “Mañanera del Pueblo” del 26 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Economía circular y manejo responsable de recursos, propone Semarnat
La propuesta establece 10 principios, entre ellos considerar al patrimonio natural como fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; reconocer que no puede existir justicia social sin justicia ambiental; priorizar la prevención; conservar y restaurar los ecosistemas; sustentar las decisiones en conocimiento científico; ordenar el territorio y promover una cultura ambiental.
También contempla un capítulo específico para proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos, además de fortalecer la protección del patrimonio biocultural.
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La secretaria resaltó que la nueva legislación busca promover una transición de una economía que desecha hacia una economía que aprovecha, mediante principios de economía circular y un manejo más responsable de los recursos.
“Necesitamos que la ciudadanía acompañe esta ley y de una economía que desecha a una economía que aprovecha”, expresó.
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Bárcena afirmó que la iniciativa busca garantizar el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, establecido en el artículo cuarto constitucional, con especial énfasis en la protección de la salud y el futuro de las nuevas generaciones.
“Yo creo que va a ser una ley importantísima para todos después de 40 años”, concluyó.
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Al destacar un ordenamiento de la zona marítimo-terrestre, Bárcena aseguró que lo que esta ley va a lograr es una mejor distribución de competencias: “¿cuál es el problema? Que el municipio da unos permisos, el estado da a otros y nosotros (otro). (...)”.
La secretaria de Medio Ambiente resaltó también que la ley incorpora el Acuerdo de Escazú, con tres principios: acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental.
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