Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer las múltiples denuncias en México y el extranjero en contra de Préstamo Feliz y los reclamos para que la justicia de Nuevo León y a nivel federal cuiden los intereses de los miles de afectados que perdieron parte de su patrimonio con esta estafa, el senador Carlos Humberto Suárez, del Partido Verde (PVEM), y Mario Alejandro Soto Esquer, diputado local de Morena en Nuevo León, advierten que el grupo Happy Inc., de los mismos propietarios de Préstamo Feliz, busca vender una institución hermana que cuenta con licencia de banca múltiple: BanFeliz.
Esta empresa financiera, BanFeliz, es el resultado de una operación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) hace más de dos años, en mayo de 2024, mediante la cual se realizó la compra total de Banco Forjadores, institución que en ese entonces reportaba problemas en distintos indicadores, como liquidez, capitalización y los reportes de operaciones que se exigen a bancos plenamente regulados.
Sin embargo, la mayor preocupación es que se presume que, pese a la contundente evidencia en contra de la familia García Sada, el grupo Happy Inc. mantiene la intención de vender BanFeliz y obtener ganancias por ello, sin que estos recursos sirvan para compensar a los afectados por el fraude multimillonario de Préstamo Feliz.

También trascendió que los principales interesados en realizar esta adquisición son los dueños de Grupo Klu, quienes cargan su propia historia de graves señalamientos en el sector financiero de nuestro país.
Según registros públicos, Carlos Djemal fue detenido en Chicago en 2016 para hacer frente a las acusaciones de una Corte Federal en Manhattan, Estados Unidos, por su participación en una red de fraude y lavado de dinero por más de 100 millones de dólares, misma que terminó con una condena en su contra. Carlos es padre de Alberto Djemal, quien actualmente encabeza formalmente los esfuerzos y maneja los destinos de Grupo Klu.
Joaquín Burgos, uno de los directivos de Klu, abierto promotor de operaciones con criptomonedas y quien presume cercanía con representantes de El Salvador, ha sido señalado por realizar operaciones fraudulentas con estos activos y de impulsar su uso para procesar transacciones de apuestas ilegales en Estados Unidos, además de pornografía y compraventa de péptidos en línea.
En este marco, el exhorto que han hecho legisladores incluye la solicitud para que las autoridades financieras revisen lo que aparenta ser una operación corporativa más y se vigile el interés público.
Tanto el exhorto a la Comisión Permanente del Congreso federal como al Congreso de Nuevo León están dirigidos a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar cuidadosamente las condiciones de un eventual cambio de control de la institución y evaluar la capacidad y honorabilidad de quienes pretendieran asumirlo.
Según la normatividad vigente, la CNBV debe evaluar puntualmente a los interesados en términos de solvencia, capacidad financiera, experiencia, integridad, honorabilidad e idoneidad, además de no dejar de lado un elemento particularmente relevante: el origen lícito de los recursos con los cuales pudiera financiarse una eventual adquisición.
Por todo ello, corresponde a la CNBV dar claridad sobre el futuro de BanFeliz y en qué condiciones podría desarrollarse un eventual cambio de control, que contemple dos aspectos que son clave: la posibilidad para los afectados de recuperar íntegramente su dinero, que es lo más importante, y que una institución financiera que ha venido pasando por malas administraciones a lo largo de su existencia no esté condenada a repetir un problema que nuevamente pueda costarles a los ahorradores.
EL UNIVERSAL informó que la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) Préstamo Feliz enfrenta actualmente un concurso mercantil, procedimientos judiciales y demandas de acreedores, ante el presunto incumplimiento del pago de capital e intereses a inversionistas y acreedores por un monto global superior a los 2 mil 500 millones de pesos.
Sergio Elizondo, identificado como uno de los directivos de esta financiera, ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, al igual que a Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada, otro de los socios, quien fue liberado por un juez.
El caso de Préstamo Feliz dejó de ser un asunto local, porque el reclamo, que surgió en el Congreso de Nuevo León, se convirtió ya en una exigencia formal en el Senado de la República para que las instituciones federales respondan por el daño patrimonial que enfrentan miles de familias.
La Fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas. Ambas involucran un monto reclamado por las víctimas de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.
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