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Greenpeace y más de 100 ong exigen priorizar temas en México previo al Mundial 2026; despliegan manta en la Estela de Luz

Las organizaciones exigieron atender la crisis ambiental y de desaparecidos en el país

En el marco de la justa mundialista, activistas pertenecientes a distintas organizaciones como Greenpeace y Amnistía Internacional realizan un acto de protesta en la Estela de luz, en la que colocarán una manta denunciando las diversas problemáticas sociales y medioambientales en el país. Fotos: Gabriel Pano/El UNIVERSAL
09/06/2026 |09:19
María Cabadas
Reportera de la sección NaciónVer perfil

Más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil de México y de Estados Unidos demandaron al gobierno de la presidenta atender problemáticas como las más de 133 mil personas desaparecidas, las deportaciones masivas, el desplazamiento forzado y la crisis ambiental, al considerar que estos temas requieren atención prioritaria frente a las inversiones multimillonarias destinadas a la , para la cual se han anunciado hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura y el despliegue de 100 mil elementos de seguridad.





A dos días de la inauguración del Mundial, activistas de desplegaron una manta de 21 metros de largo a 60 metros de altura en la Estela de Luz para visibilizar, junto con más de un centenar de organizaciones, diversas problemáticas sociales y ambientales que, señalaron, han quedado relegadas frente a los preparativos del evento deportivo.

Bajo el mensaje “Esto también está en juego. El mundo está viendo”, organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y diversas redes binacionales manifestaron su preocupación por la falta de atención a la crisis de derechos humanos y ambiental que enfrenta el país.

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Las agrupaciones cuestionaron la asignación de recursos públicos para la organización del Mundial y señalaron que, mientras el Gobierno de México ha anunciado inversiones de hasta 2 mil millones de pesos para obras de movilidad en las tres ciudades sede, además del despliegue de 100 mil agentes de seguridad, persisten necesidades urgentes que no han sido atendidas.

Entre ellas destacaron la situación de las más de 133 mil personas desaparecidas en el país y la necesidad de garantizar el derecho de las familias a la búsqueda de sus seres queridos, así como la protección de las mujeres buscadoras que enfrentan riesgos y agresiones durante esa labor.

Asimismo, denunciaron las redadas migratorias realizadas por autoridades de México y Estados Unidos y llamaron a garantizar la inclusión y protección de más de 190 mil personas mexicanas deportadas, así como de cerca de 13 mil personas de otras nacionalidades retornadas a territorio mexicano entre 2025 y marzo de 2026.

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Durante una conferencia conjunta, las organizaciones también expresaron preocupación por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el proceso debe priorizar los derechos de las personas trabajadoras, la protección ambiental y los derechos humanos por encima de los intereses de grandes corporaciones.

Otro de los temas planteados fue la situación de comunidades indígenas y afromexicanas afectadas por la violencia, la discriminación y el desplazamiento forzado. Como ejemplo mencionaron a más de 2 mil personas desplazadas de Chilapa, Guerrero, durante mayo pasado, así como los casos de criminalización y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones también alertaron sobre los impactos ambientales asociados a proyectos de infraestructura y actividades extractivas, particularmente en la Selva Maya y ecosistemas marinos, y demandaron que las políticas públicas coloquen la protección del medio ambiente y los derechos humanos por encima de intereses económicos.

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En materia ambiental, señalaron que los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables y recordaron que durante 2025 fueron asesinadas 10 personas defensoras del medio ambiente, además de registrarse 314 agresiones contra activistas y defensores del territorio.

Las organizaciones convocantes hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un diálogo con la sociedad civil y asumir compromisos encaminados a garantizar la justicia social y ambiental, así como el respeto a los derechos humanos.

Advirtieron que la atención internacional sobre los países sede del Mundial no se limitará al ámbito deportivo, sino que también observará la respuesta de los gobiernos frente a problemáticas sociales, ambientales y de derechos humanos. Anunciaron además que continuarán realizando acciones y pronunciamientos en México, Estados Unidos y Canadá durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

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