Corte avala sanción por incitar discursos de odio contra la comunidad LGBT en Sinaloa; descarta riesgos a libertad de expresión
El ministro Arístides Guerrero condenó que los mensajes de violencia “deshumanizan y normalizan la agresión”
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la sanción penal a quien “provoque” e “incite” discursos de odio, discriminación y violencia en contra de la comunidad LGBT+ en el estado de Sinaloa.
El proyecto de acción de inconstitucionalidad 152/2024, bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García, reconoce que estos dos verbos pueden mantenerse en la ley si se entienden de manera estricta y responsable como “conductas que empujan a otras personas a realizar actos o expresiones de odio”.
Sin embargo, en la sesión del Pleno del 20 de abril se invalidó la porción “apoye a difundir” mensajes discriminatorios, al ser una expresión considerada como demasiado amplia y difusa.
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Guerrero García explicó que esta expresión, tal como se encuentra redactada, no permite a las personas saber con claridad en qué momento una conducta se vuelve delictiva, por lo que la ambigüedad genera autocensura y podría abrir la puerta a abusos.
“Hay que señalarlo y decirlo de manera muy contundente: combatir los discursos de odio es urgente, porque no se quedan en las palabras; se filtran en la vida cotidiana, deshumanizan, normalizan la agresión y abren la puerta a la violencia más grave”, mencionó el ministro.
Al presentar su proyecto ante el pleno de la Suprema Corte, lamentó que las mujeres transgénero tienen siete veces más probabilidades de ser víctimas de homicidio que las mujeres cisgénero, según datos del Inegi, y subrayó que aproximadamente cinco millones de personas en México se identifican como parte de la población de la diversidad sexual y de género.
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La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien respaldó el asunto presentado, se mostró a favor de eliminar el apartado “apoye a difundir”, debido a que podría tener un efecto inhibidor de la libertad de expresión, principalmente hacia las personas dedicadas al periodismo.
Tres ministros ven “tensión” con la libertad de expresión
Sin embargo, María Estela Ríos González, quien tuvo dificultades y confusiones para expresar el sentido en contra de su voto, indicó los verbos “provocar” e “incitar” no definen con claridad la conducta punible, lo que genera incertidumbre jurídica.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz también rechazó el proyecto de Arístides Guerrero, debido a que consideró que los verbos presentan dos problemas fundamentales: la dificultad probatoria y la tensión que generan con la libertad de expresión.
“Prácticamente, cualquier situación, cualquier expresión o acción podría ser considerada como provocativa o incitadora: un artículo de opinión, un libro, hasta una publicación en redes sociales puede ser tomada en cuenta como provocadora, y ahí entra en tensión con la libertad de expresión”, alertó Aguilar Ortiz.
Tras las argumentaciones en contra, Arístides Guerrero García exhortó a sus compañeros ministros a “dar el gran paso” para erradicar la violencia contra la comunidad LGBT+, al ser un grupo en situación de vulnerabilidad.
“El tipo penal es claro. El tipo penal puede inhibir dichas conductas y creo que esta Corte puede dar un paso más hacia la inclusión y hacia la erradicación de la violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+. Esta Corte puede dar ese paso”, concluyó.
El proyecto fue aprobado por cinco votos a favor del ministro ponente Arístides Guerrero García, Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa. Solo Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía se posicionaron en contra.
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