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En la agonía de la estructura anterior a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un esquema de privilegios que permitió a sus altos mandos ausentarse con goce de sueldo íntegro.
Bajo el concepto de “asuntos personales graves”, altos funcionarios como la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Alejandra Martínez Verástegui, recibieron más de 740 mil pesos en pagos íntegros por meses sin trabajar.
Una investigación de EL UNIVERSAL ubicó casi 50 licencias similares; sin embargo, los detalles se desconocen toda vez que la actual Corte clasificó dicha información, amparados en criterios de “confidencialidad” que hoy bloquean la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Los documentos en poder de esta redacción revelan que el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN —integrado en su momento por los ministros Norma Piña, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez— autorizó licencias que representaron un costo de cientos de miles de pesos al erario por cada funcionario beneficiado, sin que la ciudadanía pueda conocer la justificación real de tales erogaciones.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la maestra Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Según el acta de la novena sesión ordinaria del 18 de agosto de 2025, el comité le autorizó una licencia con goce de sueldo por seis meses —del 16 de agosto de 2025 al 15 de febrero de 2026.
De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Martínez Verástegui percibía una remuneración mensual neta de 123 mil 355.37 pesos. Esto significa que durante su ausencia para atender “asuntos personales graves y urgentes”, la funcionaria habría percibido aproximadamente 740 mil 132 pesos netos sin ejercer sus funciones.
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Mientras Martínez Verástegui conservaba su salario de lujo, la Corte autorizó además la ocupación interina de su plaza, duplicando efectivamente el gasto operativo de esa dirección general durante medio año.
La “Caja Negra” de las 49 licencias
El beneficio otorgado a la directora del CEC no fue un caso aislado. Tras una solicitud de información, la Secretaría de Comités de Ministras y Ministros reconoció la existencia de 49 licencias otorgadas entre 2019 y 2025.
Sin embargo, al intentar profundizar en las razones de estos permisos pagados, la SCJN activó un escudo de opacidad. A través del acuerdo de clasificación CT-CI/A-8-2026, el Comité de Transparencia determinó que los motivos de las licencias son “información confidencial” y “datos personales sensibles”.
La Corte argumentó que revelar por qué un funcionario deja de trabajar cobrando su sueldo completo podría generar “discriminación o afectaciones sicológicas”, priorizando la privacidad de sus empleados sobre el derecho de la sociedad a saber cómo se gasta el presupuesto federal.
Llama la atención que la licencia de Martínez Verástegui se blindó jurídicamente utilizando el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial de 2024, buscando asegurar el pago incluso en plena transición institucional.
Para los expertos, este patrón de conducta refuerza la narrativa de una “élite judicial” que, hasta sus últimos días bajo el viejo esquema, utilizó la normativa interna para garantizar beneficios económicos inalcanzables para el trabajador promedio mexicano, todo bajo el sello de “clasificado”.
“Son temas que bloquean la transparencia, pues esta clasificación no es un argumento válido ya que en primer lugar el Poder Judicial funciona con recursos públicos, son cargos de la administración pública dentro de la propia estructura judicial y que además reciben el financiamiento de la Federación”, declaró Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM.
Continuó: “Por otro lado, sí refuerza el tema de la élite judicial respecto a los altos salarios. Todos estos permisos y beneficios que otorgan en el Poder Judicial son inalcanzables para la mayoría de la ciudadanía, dan una licencia de seis meses con goce de sueldo y además pagando un monto tan superior cuando en un trabajo normal mucha gente no tiene ese permiso ni siquiera un mes de no ir a trabajar y que le sigan pagando. Habla de esta disparidad en el país y de la realidad mexicana”.
Agregó que, con la nueva administración judicial en marcha, queda pendiente determinar si estos “asuntos graves” fueron realmente emergencias o una vía elegante para retirarse con los bolsillos llenos a costa del presupuesto público.
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cdm
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